Concurso de acreedores

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a una Sentencia del Tribunal Supremo que aplica de forma retroactiva una norma que limita los honorarios de la administración concursal.

El Colegio y la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) han firmado un convenio de colaboración para coordinar el desempeño diario de registradores de la propiedad y de los profesionales de la insolvencia

Interpretación de los artículos 607 y 608 de la LEC. Inclusión de la totalidad de la pensión del concursado dentro de la masa activa del concurso.
 

Entre julio y septiembre, las sociedades inmersas en concursos de acreedores subieron un 0,9% respecto al mismo trimestre de 2017. Más de 1.000 sociedades trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma.

Los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad al 9 de mayo de 1985 están sujetos a las normas relativas al contrato de inquilinato, es decir a la LAU de 1964, por la cual existe un régimen de prorroga forzosa o lo que es lo mismo, que el alquiler tiene un carácter indefinido para el inquilino de la vivienda (art. 57 LAU 1964). Sin embargo, existen una serie de causas que pueden hacer que el propietario del inmueble tenga el derecho a solicitar la resolución de este tipo de alquileres, las cuales se desarrollan en el siguiente trabajo.

Hoy entran en vigor, en toda la Unión Europea, las nuevas normas sobre los procedimientos de insolvencia transfronterizos, propuestas por la Comisión en 2012 y adoptadas por los legisladores de la UE en 2015. Se pretende que facilite los procedimientos de insolvencia transfronterizos dentro de la UE e se impida el "turismo concursal".

Rectificando el criterio de Hacienda, el TS determina que la declaración de una compañía en concurso de acreedores voluntario no es sinónimo de insolvencia estructural, y que, por tanto, Hacienda no puede sustentar en esta presunción la negativa al aplazamiento en el pago de las deudas tributarias.

Le informamos de las claves sobre la segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que incluye la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, procedente del RD-Ley 1/2015, de 27 de febrero.

El Ministerio de Justicia ha hecho público el borrador de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal.

Esta norma consolida las medidas instauradas por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal y tiene por finalidad extender al convenio concursal los principios establecidos por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, para el convenio preconcursal. 

Además, la norma introduce una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta. Todo ello con la finalidad de facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial.

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La reciente reforma de la legislación concursal introduce importantes novedades respecto de las personas físicas. Se trata de la denominada "Segunda oportunidad". Este mecanismo permite facilitar la capacidad de vuelta a la actividad de los emprendedores que han sufrido suerte adversa en su aventura empresarial, pese a haberlo intentado con su mejor empeño. De hecho, la reforma parte de que el deudor lo es de buena fe. Y, por ello, para el caso de que no tenga éxito, se diseña un nuevo instituto preconcursal, consistente en un acuerdo extrajudicial de pagos entre deudor y acreedores, dirigido por un mediador.

la Instrucción 3/2014, de 19 de noviembre, del Departamento de Recaudación de la AEAT, va a permitira a las empresas en situación de concurso de acreedores pagar con más facilidad sus deudas con Hacienda, al permitir la suscripción a estos efectos de los denominados acuerdos singulares previstos en los artículos 164 LGT y 10.LGP.

Para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" o propósito de dañar o perjudicar, sino únicamente la "scientia fraudis" o conciencia o conocimiento de que se origina un perjuicio, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido conocerlo.

La titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander ha dictado el auto por el que se aprueba el modo en que debe ser liquidada la compañía GFB, en situación de concurso de acreedores desde abril de 2009.

La Audiencia Provincial de Murcia ha dictado la sentencia 00030/2012 por la que desestima el recurso presentado por la empresa Promociones Framadal, S.L. contra la resolución de un Juzgado de los Mercantil de Murcia que acordó rebajar el importe de la minuta del abogado de esta empresa, que se encuentra en una situación de concurso de acreedores.

Para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" o propósito de dañar o perjudicar, sino únicamente la "scientia fraudis" o conciencia o conocimiento de que se origina un perjuicio, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido conocerlo.

La titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander ha dictado el auto por el que se aprueba el modo en que debe ser liquidada la compañía GFB, en situación de concurso de acreedores desde abril de 2009.

La Audiencia Provincial de Murcia ha dictado la sentencia 00030/2012 por la que desestima el recurso presentado por la empresa Promociones Framadal, S.L. contra la resolución de un Juzgado de los Mercantil de Murcia que acordó rebajar el importe de la minuta del abogado de esta empresa, que se encuentra en una situación de concurso de acreedores.

Para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" o propósito de dañar o perjudicar, sino únicamente la "scientia fraudis" o conciencia o conocimiento de que se origina un perjuicio, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido conocerlo.

La titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander ha dictado el auto por el que se aprueba el modo en que debe ser liquidada la compañía GFB, en situación de concurso de acreedores desde abril de 2009.

La Audiencia Provincial de Murcia ha dictado la sentencia 00030/2012 por la que desestima el recurso presentado por la empresa Promociones Framadal, S.L. contra la resolución de un Juzgado de los Mercantil de Murcia que acordó rebajar el importe de la minuta del abogado de esta empresa, que se encuentra en una situación de concurso de acreedores.

Ante las dificultades con que se encuentran las empresas en insolvencia actual o inminente para conseguir créditos quedan, habitualmente, en un segundo plano, las responsabilidades salariales, que se intentan soslayar mediante el recurso a las medidas de extinción, modificación y suspensión de contratos previstas en el ET y cuya aplicación en materia de concurso de acreedores se hace en virtud del procedimiento dispuesto en el artículo 64 de la LC. En este artículo se propone introducir en el ET una nueva figura de Procedimiento de subrogación anticipada en el pago del salario que, con el mismo procedimiento dispuesto en el citado artículo 64 permita que, en determinados supuestos tasados y autorizados por el juez, el FOGASA se hiciera cargo del pago de los salarios durante un periodo máximo de 120 días.

Cada día nos enfrentamos con resoluciones de los juzgados, por las que se deniega la prórroga de las anotaciones de embargo acordadas en su día sobre los inmuebles que fueron embargados, y cuyos deudores posteriormente han sido declarados en concurso de acreedores. Remitiéndonos dichas resoluciones al juzgado de lo mercantil a efectos de reproducir dicha petición de prórroga ante dicho tribunal.

Según el Artículo 58 de la Ley Concursal: "Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración. En caso de controversia en cuanto a este extremo, ésta se resolverá a través de los cauces del incidente concursal."

Una de las exigencias mas unánimes de los que nos dedicamos al derecho de la insolvencia es la de la rehabilitación del deudor de buena fe. Es decir el que debido a circunstancias imprevistas se ve incurso en una situación de insolvencia, debido a una situación de desempleo inesperada, una enfermedad, separación matrimonial etc... Hasta la fecha el artículo 1.911 del Código Civil establece la responsabilidad universal por deudas al tener que responder el deudor con todos sus bienes presentes y futuros.

La declaración de concurso de acreedores del deudor común supone, como proceso de ejecución universal, la existencia de una masa activa formada a grandes rasgos por todo el conjunto de elementos patrimoniales de los que el deudor es titular, a los que se deben añadir también aquellos otros bienes sobre los que, siendo de propiedad ajena, el deudor tiene un derecho de uso, garantía o retención (art. 80 LC).

Existen ciertos sectores estratégicos en donde la antigua quiebra, ahora concurso, no puede aplicarse de la misma forma que en los demás casos. Estos sectores han hecho surgir un derecho concursal especial, pues, la importancia para la economía de las entidades que en ellos operan, exige un más férreo intervencionismo estatal.

Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas, disminuyeron casi un 29% durante el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2013, hasta alcanzar su cifra más baja desde el tercer trimestre de 2010. Las familias que se declararon en concurso de acreedores ascendieron a 131, un descenso del 21,6% respecto al mismo trimestre de 2013 y su menor cifra en seis años, mientras que las empresas concursadas bajaron un 29,5%, hasta sumar 1.270 procedimientos de quiebra.

Reseñamos las principales novedades introducidas por esta importante norma, publicada en el BOE de hoy.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia concursal, con el objetivo de facilitar los acuerdos que permitan la supervivencia de empresas que entren en un proceso concursal. Entre otras medidas se establece un mejor engranaje entre el convenio concursal y los acuerdos de refinanciación, y se eliminan los obstáculos legales para la venta de empresas o unidades productivas sin cargas.

Después de la declaración de concurso, en cuanto el deudor concursado ya no dispone plenamente de sus bienes y derechos, sino que está afectado por la limitación de facultades patrimoniales que el juez hubiera acordado conforme al art. 40 LC, lo que hubiera convenido con su letrado respecto del precio de los servicios que debieran pagarse con cargo a la masa, no resulta oponible a la administración concursal. Por tanto, esta y, en última instancia, el juzgado, pueden entrar a valorar la cuantía de los honorarios pactados, porque esta incide directamente en la disminución de las expectativas de completa satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso.

Lawyerpress ha analizado el concurso de acreedores desde la perspectiva de riesgos y oportunidades para la sociedad mercantil y para el administrador concursal. Rodrigo Martos, socio del despacho Gallego, Martos & Quadra-Salcedo, y José María Dutilh, socio director de LeQuid, analizaron con gran detalle el proceso concursal para un público empresarial convocado por la Asociacion de Jóvenes Empresarios de Madrid en el emblemático local, el GarAje.

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley de Insolvencia personal y protección ante el sobreendeudamiento, con el objetivo de que las personas físicas cuenten con un procedimiento extrajudicial dirimido por los notarios similar al concurso de acreedores de modo que puedan "rehacerse económicamente" tras reestructurar sus deudas.

La reducción del número de concursos de acreedores afecta a la mayoría de las comunidades autónomas y es generalizado en todos los sectores de actividad, con una caída del 29,5% en la industria manufacturera, del 19,5% en la construcción y del 13,8% en comercio.

Las empresas que se declararon en concurso de acreedores aumentaron un 14,8% respecto al mismo trimestre de 2012, pero el dato supone un descenso del 27,4% en relación al trimestre anterior. También desciende un 19% el porcentaje de familias concursadas.

Entre las nuevas facultades de los administradores concursales estará la capacidad para subsanar los errores del listado de acreedores. Se pretende evitar la presentación de las demandas de incidentes concursales, así como la celebración de las vistas de resolución que son la principal causa de retraso de los procedimientos.