Instigaron un parón en protesta por sus condiciones de trabajo y su salario, pero obviaron los cauces legales para convocar una huelga
La empresa sancionada realizó 40.000 llamadas no solicitadas con información captada de la red social
La empresa no consigue demostrar la disminución voluntaria y continuada de la productividad
La Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, obliga a las empresas que trasladen su producción fuera de la Comunidad Foral a devolver las ayudas y subvenciones recibidas en los últimos ocho años, con un recargo del veinte por ciento
Los trabajadores tenían derecho a percibir los tickets restaurante por cada día efectivamente trabajado, con independencia de que se desempeñase en presencia física o mediante teletrabajo
La opción por el hogar monoparental no delimita un vínculo diferente de filiación determinante del cuidado y atención del menor, y sus propios derechos.
Anula la resolución de la EUIPO por considerar que el consumidor puede confundir los produtos de ambas empresas
Descubre por qué la web del despacho es clave en una estrategia de crecimiento. Y, además, 6 consejos para hacerla más eficaz. Gratis en este artículo
Para los autores, la falta de integración de los mayores de 55 años eficiente en la empresa representa para España no sólo un serio riesgo financiero debido al colapso del sistema de pensiones sino, además, y más importante, un riesgo de competitividad por la infrautilización de un capital intelectual y productivo de primera magnitud
El TSJ de Madrid avala el despido de una mujer que robó datos de su ordenador el día que le notificaron su cese
Para garantizar la inmunidad viral, cualquier sociedad debe contar con un 95% de cobertura vacunal. ¿Pueden las empresas encontrarse ante el problema de que algunos trabajadores se resistan a vacunarse?
¿Puede un administrador agobiado por las deudas acumuladas durante la pandemia recurrir a la venta de activos esenciales sin permiso de los socios? Un reciente artículo publicado en CISS Contable Mercantil responde a la cuestión
En los registros mercantiles se recogen menos constituciones de sociedades y más concursos. También caen las ampliaciones de capital
La Justicia comunitaria avala la validez de la cesión de los derechos de cobro y establece que la empresa que gestiona la reclamación se encuentra en la misma posición que el consumidor
El gasto en pensiones sube cada año de forma imparable, entre otros motivos por el aumento de la longevidad. Ante esta situación los expertos lamentan que las recomendaciones del Pacto de Toledo se quedan cortas para garantizar la sostenibilidad y credibilidad de las pensiones
La Directiva no menciona, a efectos de calcular el número de despidos que se han producido, ningún límite temporal exclusivamente anterior o posterior al despido individual impugnado. Sólo que sean días consecutivos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que no es válido el consentimiento otorgado por un cliente para la obtención y la conservación de sus datos personales cuando la casilla había sido marcada antes de la firma del contrato
Mientras que las empresas y gobiernos de todo el mundo continúan lidiando con las implicaciones del Covid-19, el Brexit se acerca a toda velocidad y, esta vez, de manera definitiva.
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) denuncia que esta cantidad ha sido devengada por la agregación de contenidos que lleva a cabo la empresa tecnológica a través de su servicio Google Discover. La reclamación final podría superar los 14 millones de euros.
Se rebaja a 30 km/h el límite de velocidad genérico en vías urbanas y travesías de un solo carril por sentido y se prohíbe la circulación de patinetes eléctricos por aceras y zonas peatonales
La pandemia y sus consecuencias en la vida de oficina siguen planteando serias dudas en materia de derechos de trabajadores. Uno de los frentes normativos más complejos de resolver es el fiscal. La nueva ley no aclara si considera como rendimiento del trabajo
Regula el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Transacciones Financieras y las obligaciones de conservar la información relativa a este impuesto
Entrevistamos a José Miguel Rodríguez-Pardo, Presidente de la Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía, con motivo de la publicación del libro que coordina “El envejecimiento como riesgo empresarial”
Si una sociedad mercantil es declarada en concurso, los contratos laborales no se extinguen automáticamente. Para los contratos de alta dirección, la Ley Concursal dedica los artículos 186, 187 y 188 a su regulación. En ese articulado se permite que los administradores concursales puedan extinguir o suspender los contratos de los altos directivos de la empresa. Seguidamente, el Juez concursal podrá moderar la -normalmente cuantiosa- indemnización económica pactada en tales contratos
Se había colocado una cámara oculta y no lo sabía. Vulnerado el derecho a su intimidad
Conoce a quiénes afecta este nuevo impuesto que grava con un 3% los servicios digitales de publicidad en línea, de intermediación en línea y de transmisión de datos, que se declarará de manera trimestral a partir de 2021 y cuya ley contempla infracciones graves por incumplimiento de obligaciones formales
La adopción por la empresa de las medidas siempre tuvo como fin la preservación de la salud y la búsqueda de consenso con la representación de los trabajadores, pero no logrado éste correspondía al titular de la actividad tomar las decisiones oportunas en pro de la seguridad y salud
El reglamento otorga herramientas técnicas para la materialización de la igualdad recogida en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores
Aunque se llegue a un acuerdo tras surgir el conflicto, los trabajadores conservan su derecho de demandar a la empresa
Declara procedente el despido disciplinario de una empleada por uso del coche de empresa fuera de la actividad laboral, lo que tenía restringido
La actitud que adoptas en tu entorno laboral incide directamente en la productividad de tu empresa. Womenalia y la Fundación Wolters Kluwer han desarrollado el Mentalómetro, una herramienta que te orienta sobre cómo mejorar la cultura de tu organización y contribuir a que te diferencies de la competencia. Haz tu autodiagnóstico y recibe un regalo. Solo te llevará cuatro minutos.
Confirma con ello el cambio de criterio iniciado en sentencia de noviembre de 2019 en el que señalaba que lo relevante es el carácter obligatorio de la indemnización, en una cuantía mínima obligatoria de siete días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades y, por tanto, en esa cuantía la indemnización está exenta de tributación en el IRPF
El principio de integridad/adecuación indemnizatoria resultaría vulnerado si se deja en manos del empleador la elección y éste opta por la readmisión, porque en este caso quedarían sin resarcir los daños que el despido ha podido producir
El artículo está referido a la distancia de seguridad y uso obligatorio de mascarilla y en el que se expresa que “las reuniones sociales no podrán superar el número de cincuenta personas, cuando tengan lugar en espacio o local cerrado, ni el de cien personas, cuando se produzcan al aire libre”
unque las ventas sean bajas o incluso inexistentes, debe aportar datos que acrediten un rendimiento inferior
La facultad de control del empresario alcanza el poder descubrir conductas fraudulentas que le puedan ocasionar perjuicios. Sin embargo, sin una prueba que las acredite la empresa no podrá tomar decisiones efectivas para salvaguardar sus intereses. En este webinar se analizarán las posibilidades, cada vez más sofisticadas por el desarrollo de la tecnología y de la informática, que tiene el empresario para probar dichas conductas y la legalidad de las mismas
El juzgado condena al INSS a abonar la prestación con efectos retroactivos a noviembre de 2017, percibiendo la trabajadora una pensión máxima y unos atrasos de casi 30.000€.
En una reciente sentencia, el Alto Tribunal dicta que estos días se devengan con el "sometimiento del enfermo al régimen de vida" del hospital
El mantenimiento de las denominadas acciones de lealtad en los nuevos acuerdos sociales ha resultado el argumento clave para que no se haya procedido al alzamiento de la medida
Un juez desestima la demanda por falta de indicios, pero afirma que la garantía de prioridad también se aplica a los supuestos de ERTE derivado de fuerza mayor, según lo dispuesto en los arts 47.1, 51.7 y 68.b) del ET.
Determinar el Convenio colectivo de aplicación en función de la clase de trabajo prestado es el parámetro más adecuado y objetivo, frente al alternativo de la actividad preponderante de la empresa multiservicios en su conjunto
La información sobre la conexión a los programas demuestran que, además de que no se cumple el horario marcado, se excede habitualmente, porque no todas las funciones que realizan los trabajadores exigen la mencionada conexión
El Supremo estima el recurso de tres peones agrícolas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dio la razón a la empresa hortofrutícola para la que trabajaron
La empresa ha tomado la decisión sin haber oído previamente a los representantes de los trabajadores, sin crear siquiera la apariencia de negociación ni alegar los motivos que motivan su decisión y sin respetar los plazos
El Boletín Oficial del Estado de hoy ha publicado un nuevo Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Para ello se ponen en marcha diversas medidas que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a miles de puestos de trabajo
La única actividad de la empresa es la de asesoramiento legal y defensa jurídica, por lo que está expresamente incluida en la relación de actividades esenciales; no obstante, tiene abierta la vía para solicitar el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
El número de empresas concursadas aumenta un 14% en 2019, el importe total de pasivos afectados repunta y se sitúa por encima de los 7.700 millones de euros y casi el 70% de las concursadas sigue sin tener ninguna posibilidad de reducir su deuda
El Abogado General de la Unión Europea considera que la plataforma de Wallapop y el sitio de venta online de una marca de calzado deportivo denominada Walla, que comercializa la empresa Unipreus, son canales de distribución similares desde el punto de vista del consumidor, por lo que puede existir riesgo de confusión entre sus dos marcas, ligeramente similares.
Ante la falta de regulación de las repercusiones del silencio administrativo por parte la autoridad laboral en el RD 1483/2012, Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, o en el RD-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, se ha de acudir a lo regulado en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que, como regla general, tiene carácter positivo
El juez dice que las pruebas son efectivas hasta el día en el que se realizan, así que no tienen finalidad preventiva, sino de gestión de la pandemia
La Sala descarta que pueda aplicarse al caso, como quería la empresa, la exclusión de protección de datos por tratarse de actividades exclusivamente personales o domésticas
La Sala dicta cuatro sentencias en las que desestima los recursos de casación planteados por la empresa concesio
El juez da la razón a la empresa, aunque en puridad la circulación seguía permitida para ciertos casos
El Tribunal General de la Unión Europea cometió un error de Derecho y deberá volver a examinar las alegaciones formuladas por la empresa polaca
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido un comunicado en el que considera necesario advertir que ciertas prácticas en el ámbito de la contratación laboral que consisten en solicitar a los candidatos a un puesto de trabajo información de si han pasado la Covid-19 constituyen una vulneración de la normativa de protección de datos aplicable.
La Comisión general de Codificación prepara una norma que combate la delincuencia y la corrupción como resultado de la transposición de la normativa europea de 2019
Se aceptó la solicitud de anulación de un tercero de la marca figurativa de la empresa parisina conocida como “Damier Azur”, sin embargo, el TGUE establece que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual cometió un error de Derecho
La Fundación Wolters Kluwer y Esade Law School organizan un encuentro profesional el próximo miércoles 10 de junio de 9:00 a 10:30, para abordar desde una perspectiva 360º cómo volver a una nueva realidad después de la Covid-19. Para ello contarán con con la participación de destacados ponentes, referentes en los sectores de Justicia, empresa y despachos de abogados.
El tribunal remitente entiende que los llamados “repartidores del vecindario” son contratistas independientes por cuenta propia, pero tiene dudas sobre la compatibilidad de la normativa de Reino Unido con la legislación de la UE
Las técnicas de reconocimiento facial con fines de identificación biométrica suponen un tratamiento de categorías especiales de datos para los que el Reglamento exige garantías reforzadas
El hecho de que testificara a instancia de la empresa no desvirtúa, según el tribunal, el fuerte indicio de represalias contra la trabajadora
Así lo certifica un estudio paneuropeo de Wolters Kluwer y la Asociación Europea de Abogados de Empresa (ECLA) sobre los departamentos legales modernos y digitalizados
La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha publicado una Resolución de 23 de abril de 2020, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
La Audiencia Provincial de Badajoz señala que no actuaron de mala fe cuando al quebrar la empresa se entregó el edificio como dación en pago para saldar la deuda.
Se aplazan hasta el 20 de mayo las declaraciones trimestrales de IVA y pagos fraccionados de IRPF e Impuesto sobre Sociedades para los obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 € en el año 2019
El presente artículo analiza las medidas de protección a los consumidores en materia contractual residenciadas en el artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que afectan a los contratos de compraventa y prestación de servicios de tracto único y sucesivo, y a los contratos de viaje combinado
La Orden SND/307/2020, 30 de marzo, aclara que podrán continuar desarrollando su actividad los trabajadores autónomos que presten servicios no suspendidos por la declaración del estado de alarma y los representantes sindicales y patronales. También aprueba un modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos entre el lugar de residencia y de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable.
La Agencia Tributaria eivta así que los contribuyentes acudan presencialmente a sus oficinas durante el estado de alarma
¿Qué empresan continúan con su actividad? ¿Cómo se recupera el tiempo no trabajado? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? Resumen y comentario de los postulados del Real Decreto 10/2020, que paraliza la actividad económica no esencial del país en medio de la crisis por el COVID-19
El Ministerio de Trabajo ha publicado una guía práctica con las dudas más habituales de empresas y trabajadores afectados por un ERTE derivado de la crisis sanitaria por el Covid-19
El Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones para poner en marcha, con 20.000 millones de euros, el primer tramo de la línea de avales a empresas, pymes y autónomos que forma parte del paquete de medidas extraordinarias aprobado el pasado martes
Las últimas medidas tomadas en Madrid y País Vasco para frenar el avance del coronavirus suponen el cierre de centros educativos, lo que, de manera indirecta afecta a la actividad laboral de padres y tutores.
Se agota el plazo para que las empresas de entre 151 y 250 trabajadores cumplan con la obligación legal. Te damos las claves.
El Ejecutivo ha publicado una guía con normas para evitar el contagio en los centros de trabajo. Consulte el contenido del documento aquí.
Aunque la situación sea más beneficiosa, el Supremo interpreta que la indemnización debe darse por el simple hecho de forzar el traslado
El conductor del camión de basuras fue sometido a la prueba de alcohol y se escaqueaba varias veces del puesto, pero no generó un perjuicio a la empresa por lo que, aunque merezca sanción, el despido es desproporcionado.
Los programas de cumplimiento o compliance son herramientas que permiten a los operadores económicos prevenir y detectar su participación en conductas ilícitas
La Subdirección General de Impuestos sobre la Renta niega que dos empleadas a tiempo parcial puedan suplir el requisito legal para conseguir los correspondientes incentivos fiscales para una empresa pequeña
El empleado estuvo expuesto a la sustancia entre 1972 y 1979 en la empresa AGNI de Estella, posteriormente adquirida por BSH
Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la empresa de comida a domicilio a reconocer la relación laboral de estos empleados
El TSJ de Andalucía confirma la máxima sanción para el empleado de una subcontrata de basuras que denunció en el Ayuntamiento graves irregularidades sin mediar prueba
A pesar de la situación de insolvencia que atravesaba la compañía, el socio aparentó que todo iba bien frente a terceros para seguir obteniendo mercancías
El Consejo General del Notariado edita 145.000 folletos informativos sobre los principales servicios notariales relacionados con las empresas.
El líder del Partido Popular afirmó que “en las grandes empresas no se permite que una pareja esté en el mismo departamento". Sin embargo, este tipo de prohibiciones pueden no ser ajustadas a Derecho.
Una reciente sentencia del TC declara nulo el despido de un enfermero que protestó ante el Ayuntamiento por la deficiente gestión de su empleador
El ejercicio de su derecho a la promoción profesional impide a las compañías limitar el alcance y el efecto de las normas que reconocen este derecho más allá de lo razonable. No pueden rechazar la solicitud de turno de trabajo por motivos de estudio sin concretar y demostrar los obstáculos organizativos que lo impiden.
Confirma el derecho de los 1.600 trabajadores de Fujitsu Technology Solutions, S.A. en España a recibir la cesta de Navidad del año 2016, unilateralmente suprimida por la empresa, al considerar que la reiteración en el tiempo de su entrega y con extensión a toda la plantilla la convertían en condición más beneficiosa del contrato de trabajo.
La DGT extiende la exención a aquellas prestaciones recocidas por el organismo competente de otro país, si bien las mejoras que la empresa satisfaga al trabajador para igualar la prestación al salario, quedan sujetas a tributación.
A pesar de que en 2018 el Tribunal Supremo otorgó la razón a los trabajadores en esta disputa, la empresa pública se negó a abonar la diferencia salarial correspondiente
El tribunal otorga la razón a un rider y declara que la relación con la empresa de reparto es laboral. La resolución marca el criterio para resolver otros litigios sobre este tipo de relaciones de trabajo
El tribunal ha condenado a la empresa a que opte entre su readmisión, con abono de los salarios de tramitación, o el pago de una indemnización de 11.088 euros.
El tribunal desestima el recurso de las ETT Randstad, Adecco y Crit, así como de la empresa Qualytel Teleservices, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró el derecho de los trabajadores que, prestando servicios en Qualytel, hubieran sido puestos a su disposición por las referidas empresas de trabajo temporal, a que se les aplicasen las medidas acordadas en el plan de igualdad de la empresa usuaria, Qualytel.
El Supremo ha confirmado el derecho de los trabajadores de Renfe a recibir la gratificación recogida en su convenio por la labor formativa con los maquinistas en prácticas
El auto habla de recurrentes ilegalidades en la compra de una empresa brasileña, por el que se pagó en sobrecoste con el fin de desviar fondos de las arcas del Estado. Se juzgarán posibles delitos de fraudes a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado
Una reciente sentencia flexibiliza los requisitos para que los trabajadores puedan demostrar ante los tribunales que han realizado horas extras no retribuidas
Si el convenio de una empresa ya mejoraba los días previstos en el ET, con la promulgación del RDL 6/2019 se ha de entender derogado tácitamente, y no es viable que el trabajador disfrute de los dos permisos, el legal y el convencional.
La empresa fijaba un importe mensual en dietas, sin embargo no es suficiente la documentación interna elaborada por la propia parte interesada, como los resúmenes mensuales de dietas o los justificantes de pago sino que es necesario que se aporte documentación externa o soporte documental suficiente de los conceptos contenidos en tales documentos internos.
El Tribunal Supremo ha dictado que la empresa no es responsable subsidiaria si los daños son ajenos a la relación laboral, por mucho que la empleadora se beneficie del trabajo del empleado agredido
Solo pudo tomar declaración a ocho de los 70 trabajadores de la compañía
La empresa le había propuesto mantener los turnos rotativos pero adaptándolos con los del otro progenitor mediante un horario espejo entre ambos, alegando que era necesario que en semanas alternas la trabajadora prestara sus servicios en el turno de tarde que es en el que hay mayor afluencia de clientes.
La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción impuesta por la Asociación Española de Protección de Datos a la compañía, que incorporó a sus sistemas de información los datos personales del afectado sin contar con su consentimiento y sin que existiera entre ellos una relación comercial previa, a pesar de que lo hizo porque un tercero utilizó sus datos fraudulentamente para darse de alta como distribuidor de la empresa de cosmética y comprar productos que no pagó.
La denegación del permiso no supone una vulneración del derecho a participar en la vida pública del empleado
El artículo tiene por objeto analizar qué factores se han de tener en cuenta a la hora de cuantificar una indemnización adicional por daños y perjuicios morales en el ámbito laboral, con la particularidad de que el presente estudio jurídico versará sobre la importancia de la entidad y característica de una gran empresa como factor determinante a la hora de cuantificar una indemnización por daños y perjuicios morales.
El juzgado rechaza que se tratara de una represalia por su actividad contra la empresa porque no es el único despedido por este motivo
El Tribunal General reitera que los signos enfrentados son similares en grado medio a nivel gráfico, fonético y conceptual, concordando con la EUIPO en que, en su conjunto, son similares como mínimo en grado medio, extremo que tampoco es discutido.
La reciente sentencia de un juzgado de Barcelona que desestima la demanda de una empresa, propietaria de dos restaurantes en Valencia, en la que reclamaba una indemnización de 669.000 euros al portal de opiniones Tripadvisor, por dañar su imagen y prestigio, no es un caso aislado. En más de una ocasión, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, las críticas de clientes difundidas a través de Internet sobre hoteles, restaurantes u otro tipo de servicios han sido discutidas ante los tribunales.
El alto tribunal analiza casos concretos en los que los empleados no pueden negarse porque no prevalece su derecho a la intimidad.
La sentencia recurrida había estimado la demanda de la empresa de mantenimiento y había condenado a una comunidad de propietarios a abonar la indemnización correspondiente por haber desistido unilateralmente del contrato en el tercer año de vigencia.
La nueva Directiva de la Unión Europea busca favorecer y agilizar la constitución de sociedades, nacionales y transfronterizas, en un entorno cada vez más digitalizado. En su desarrollo ha participado activamente el Notariado europeo para garantizar que este proceso, completamente online, se realiza con la máxima seguridad jurídica.
La reputación corporativa es un activo intangible cuyo valor es difícil de cuantificar y cuya pérdida puede conducir a la empresa a una situación insostenible. Enfocar la dirección de una empresa cuidando con esmero su reputación resulta crucial por dos factores determinantes: la digitalización y la cultura del compliance.
La empresa debe probar que realizó los ajustes y remodelaciones razonables y suficientes para adaptar el puesto a las necesidades del trabajador
Ser apartada de los compañeros y relegada a un ambiente de trabajo de fábrica le provocó un estrés laboral que la llevó a solicitar la baja
El Tribunal Económico-Administrativo Central niega que las mercantiles puedan deducirse las cuotas soportadas en la compra de entradas de fútbol o clases de golf, y exige que el gasto sirva inmediatamente a los fines de la empresa, o para impulsar el negocio.
El TACRC flexibiliza la interpretación de los arts. 13 y 15 LCSP y entiende que es suficiente con presentar una declaración responsable de estar al corriente de tales obligaciones
Tras la entrada en vigor de la LRJS, la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos está reservada exclusivamente a los convenios de eficacia general y a los laudos sustitutivos de éstos, tal y como se desprende de la supresión de la frase "cualquiera que sea su eficacia" que figuraba en la LPL para determinar la legitimación activa, y que servía de argumento a la jurisprudencia para entender que esta modalidad procesal se extendía tanto a los convenios como a los acuerdos colectivos y pactos de empresa.
El magistrado concluye que durante el periodo en que los repartidores estuvieron vinculados a la sociedad demandada ‘prevalecieron las condiciones propias de la laboralidad’. Entre otros razonamientos jurídicos, se considera acreditado que ‘una vez aceptado el pedido, el mismo había de atenderse (por parte de los repartidores) de acuerdo con las detalladas instrucciones determinadas por la empresa, sin margen apreciable de autonomía del trabajador’.
Los empleados no tenían el periodo de descanso que les correspondía. Aunque la entidad contaba con un sistema para fichar, las horas eran manipuladas desde las oficinas.
No se puede despedir a una administrativo de la compañía Iberia por sufrir brotes agresivos con clientes y compañeros, ya que no fue culpable de desarrollar un trastorno afectivo de tipo bipolar durante esas fechas. La empresa debe indemnizarla o readmitirla
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias establece que la prueba testifical, si bien goza de menos valor que la documental, es suficiente para probar que se está prologando la jornada de trabajo, en especial cuando la empresa no dispone de otra forma para comprobar las horas trabajadas.
La Sala de lo Civil da la razón a una empresa que canjeó más de un millón y medio y perdió casi todo lo invertido. El tribunal determina que la entidad actuó con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia, lealtad, deberes de información.
La Audiencia Nacional admite dicha práctica y concluye que no puede considerarse una multa de haber, prohibidas por el Estatuto de los Trabajadores. Como no existe trabajo realizado mientras que se llega tarde, no existe remuneración para el empleado posible.
En línea con la empresa recurrente, el tribunal argumenta en su sentencia la falta de justificación de la disposición impugnada.
El conductor denunció a la empresa por despido improcedente, pero el juzgado de Cáceres ha dado la razón a la empresa. “Poner música durante todo el trayecto, o más correctamente imponerla, y no estamos hablando del Réquiem de Mozart (…), sino alguna algarabía popular idónea para el esparcimiento y la distracción legítimos en otras circunstancias veja a la hija del difunto” dicta la sentencia.
La Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, pretende garantizar a las empresas que se hallen en dificultades financieras el acceso a medidas de reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad. Los deudores podrán disfrutar de una suspensión de las ejecuciones singulares durante cuatro meses para favorecer las negociaciones del plan de reestructuración. También establece sistemas de alerta temprana para detectar a tiempo las condiciones que puedan llevar a la insolvencia. El texto entra en vigor el 16 de julio y prevé un plazo de transposición de dos años.
La magistrada entiende que los verdaderos medios de producción de esta actividad “no son la bicicleta y el móvil” que usan los repartidores de comida sino la “plataforma digital”. El fallo estima la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contra Roodfoods Spain SL.
En estos supuestos, no es el empleado el que debe probar su jornada, pues corresponde a la mercantil llevar al día los registros de jornada y es ella quien puede y debe aportarlos cuando se le requiere.
La entidad, cuyo objeto social era la compraventa de inmuebles, había solicitado un préstamo para adquirir varios apartamentos y plaza de garaje. No se vendieron, sino que eran utilizados para el disfrute de la familia y amigos del administrador en periodos vacacionales.
La fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), en colaboración con 12 de las principales firmas del país, han elaborado unas pautas para la incorporación y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad a los despachos.
El Supremo confirma que deducir de una indemnización pactada con el trabajador las prestaciones por desempleo sería un enriquecimiento injusto para la entidad. La empresa ofrecía a los trabajadores despedidos preferencia en la bolsa de empleo y una indemnización si no eran recontratados.
El nuevo régimen abre las fronteras sobre la regulación del flujo de datos no personales en el sector profesional solo un año después de la publicación del Reglamento de protección de datos de carácter personal. La Comisión ha publicado una guía dirigida a pequeñas y medianas empresas para resolver dudas sobre cómo debe aplicarse el nuevo reglamento.
Una trabajadora de una gran empresa se suicidó después de que se viralizase entre los trabajadores un vídeo suyo de carácter sexual. Los implicados podrían enfrentarse a delitos contra la intimidad y acoso sexual ante un caso que podría ser calificado como suicidio laboral.
El Tribunal Constitucional ha establecido que el primer emplazamiento a las sociedades en la dirección electrónica habilitada vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.
El veto a Huawei podría llamar la atención de la Comisión Europea, muy estricta en los últimos años con los abusos de dominio de la compañía californiana en sectores como los sistemas operativos abiertos para móviles o la publicidad online. Estos han sido los tres casos de abuso de dominio protagonizados por Google en la Unión Europea.
La empresa reclamaba al trabajador 55.000 euros del complemento de su contrato derivado por la cláusula de no competencia. Tras su baja, el empleado había realizado servicios con otra empresa, pero no pueden ser considerados como una violación de la no competencia, según el TSJ de Madrid.
La nueva plataforma cuenta con toda una red de los mejores bufetes de abogados, segmentados por especialidad y provincia, con el fin de que las corporaciones puedan solucionar cualquier necesidad de carácter jurídico, permitiendo acceder a los servicios de forma fácil y centralizada, y con la garantía de acceder a abogados con un contrastado bagaje y experiencia profesional.
La posibilidad de renuncia empresarial es nula y carece de eficacia por lo que la empresa está obligada al pago de la suma en concepto de compensación por el pacto de no competencia post-contractual.
Según el tribunal europeo es la única manera de respetar la Directiva sobre tiempo de trabajo. Corresponde a los Estados miembros definir los criterios concretos de aplicación de ese sistema, especialmente la forma que éste debe revestir, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades propias de cada sector de actividad de que se trate e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.
Altos cargos de la empresa, actualmente Orange, se enfrentan a penas de prisión por acoso psicológico. Decenas de empleados se suicidaron debido a las presiones a las que eran sometidos para forzar su despido.
El Tribunal Supremo da la razón a un trabajador que se había adherido a un Plan de bajas incentivadas en la empresa tras 40 años como indefinido. Según la Sala debe computarse a efectos de antigüedad el tiempo que estuvo contratado como aprendiz para calcular la indemnización, pues el lapso de dos meses entre la finalización del contrato de aprendizaje y la firma del contrato indefinido no se considera significativa. Aplica la doctrina contenida en sentencias del TS relativas a sucesivos contratos temporales.
Seleccionar un despacho que preste asesoramiento a una empresa se ha convertido en un auténtico proceso de selección, la confianza en las personas sigue existiendo, pero las empresas están optimizando y profesionalizando este tipo de procesos.
Si el convenio no establece regulación expresa al respecto, el empleador no puede despedir a un trabajador que no se presenta a trabajar hasta que no acumule, al menos, tres faltas injustificadas. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declara improcedente por este motivo el despido de una mujer que no se incorporó a su puesto tras una baja médica.
El Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), del que forma parte el notariado español, acaba de publicar una nueva versión online de su Directorio Europeo de Notarios.
Los trabajadores cedidos tienen derecho a percibir, no solo las retribuciones fijadas en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria, sino el salario total que la empresa abona a sus propios trabajadores, ya que el recurso a la mano de obra de las ETT debe ser un medio para atender a necesidades temporales y no un medio de reducir costes salariales.
Como los hechos han sucedido fuera del entorno laboral, y aunque el autor ha sido condenado penalmente por un delito de coacciones, el empresario no tiene poder de dirección en estos supuestos.
La multa no estaba justificada al aportarse los datos necesarios para identificar al conductor, como el nombre, apellidos y domicilio. La Jefatura de Tráfico no había intentado, con los datos ofrecidos por la empresa, actuación alguna frente al conductor.
El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen.
La conducta sancionada no consistió en un mero intercambio de información entre las empresas integrantes del cártel, sino en una infracción susceptible de generar daños en forma de sobreprecio al destinatario final del producto cartelizado, esto es, al adquirente del camión.
Consta médicamente informado que pese a la ludopatía, el trabajador mantenía su capacidad intelectiva en cuanto a la ilicitud de su conducta, y que su capacidad volitiva solo estaba parcialmente afectada en cuanto servir de freno a sus impulsos, lo que supone que se da el elemento culpabilístico y no es posible considerar al trabajador como inimputable.
La videovigilancia en los centros de trabajo debe cumplir dos premisas: información y transparencia. No basta con la mera colocación de un cartel informativo, sino que se debe advertir previamente de la finalidad de las cámaras.
A pesar de que el documento de saldo y finiquito fue elaborado por la empresa y está sellado por ella, entiende el Supremo que no está reflejado expresamente que renunciase a reclamar lo abonado erróneamente de más a sus empleados. Por tanto, solo obliga al trabajador.
En la conversación telefónica aportada como prueba, el responsable reconoce que ha elegido un hombre para el puesto de Jefe de producción porque, a pesar de creer que ella podría ser jefa de producción, le disuadió que, palabras textuales: “una que eres mujer, y otra que tienes hijos” y resulta que el otro “es un tío”.
La forma en que se realice la nómina no puede obligar al trabajador a controlar el número de días de trabajo y el de horas trabajadas, así como a realizar unas operaciones matemáticas más o menos complejas para comprobar que la empresa le paga lo correcto, pues esto se opone al principio de trasparencia.
La Ley incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados. Modifica el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
No hay previsión legal, pero se aplica analógicamente lo dispuesto para los salarios de tramitación en procesos de despido.
La autoliquidación se presenta tomando por ciertos los rendimientos del trabajo del ejercicio consignados en el certificado emitido por la empresa que coincidía con los borradores remitidos por la AEAT , y en los que no aparecen atrasos salariales, tal hecho provoca en los contribuyentes la seguridad de que efectivamente esos eran los datos y no otros, llevándoles a un error involuntario al indicar que la opción más favorable era la modalidad de conjunta.
El desvanecimiento ocurrió en el lugar de trabajo, pero no en tiempo de trabajo o como consecuencia de realizar alguna actividad relacionada. Tampoco se puede calificar como accidente in itinere.
Si bien es un derecho legítimo de la empresa el control del empleado en el desempeño de su puesto de trabajo y la oferta de un mejor servicio al cliente, la obligación impuesta en este caso no supera el necesario juicio de proporcionalidad.
La entrega de relojes e insignias de oro respondía a una mera liberalidad, en función de las existencias que tuviera la empresa. No se pueden considerar como una condición más beneficiosa cuando se dejaron de recibir hace más de tres años.
Está claro que los trabajadores están obligados a someterse a los controles médicos, pero no por ello deben asumir desembolsos del transporte para acudir a las visitas médicas presenciales, porque ello quebraría el equilibrio del contrato de trabajo, que se encuentra suspendido como consecuencia de la situación de IT.
Es responsabilidad de la empresa concesionaria velar por el uso debido y adecuado de las bicicletas, y no puede alegarse que la usuaria no consta como abonada.
Es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, la normativa vigente a estos efectos, y no impone obligación específica a las empresas para instalar comedores en sus centros de trabajo en los términos de 1938. Únicamente se hace referencia a los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la misma.
Se trata de una de las medidas contempladas en el borrador de la reforma de la Ley General Tributaria que traspone la Directiva Europea 2018/822, del 25 de mayo de 2018, relativa al intercambio automático y obligatorio de información fiscal en relación con operaciones transfronterizas. La norma deberá entrar en vigor antes del 31 de diciembre de 2019, afectando a cualquier operación que se haya realizado ya en el segundo semestre de 2018.
El deber de lealtad obliga a mantener informada a la empresa, de manera puntual, de las propias actividades profesionales que puedan afectar a sus intereses, pero no alcanza a prohibir la propia libertad profesional y de trabajo del trabajador, ni puede exigir una noticia inmediata y detallada de lo que es un mero proyecto.
El Juzgado considera acreditada la conducta colusoria efectuada por el cártel consistente en acuerdos colusorios sobre la fijación de precios e incrementos de los precios brutos de los camiones, retraso en la introducción de nueva tecnología más limpia de emisión de gases y traslado a los consumidores de los costes de la adopción de dicha tecnología.
La LGSS solo especifica que el solicitante debe tener una antigüedad mínima en la empresa de 6 años inmediatamente anteriores, pero no que tales años hayan de ser ininterrumpidos. Como no se desvinculó de la empresa, sino que se mantuvo en esa situación hasta su incorporación por mejoría, es un mero paréntesis en el tiempo. El contrato no se extinguió, sino que se suspendió.
Se trata de una empresa con un 60% de clientela de origen británico, por ese motivo alega la empresa una disminución de las reservas por el efecto Brexit, sin embargo, se ha probrado que tras la extinción del contrato de la trabajadora, realizó unas 90 altas, algunas nuevas contrataciones y otros contratos fijos discontinuos.
El trabajador tenía en su equipo herramientas ajenas a las propias y programas que no dejan rastro de instalación, navegando por internet de modo privado sin dejar huella de archivos, interfiriendo en el servicio dado a los clientes.
El estado de información no financiera debe describir los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa y, cuando sea pertinente y proporcionado, en relación con sus cadenas de suministro y subcontratación, con el fin de detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en la causa de iDental en el que dirige el procedimiento por un delito de desobediencia contra tres responsables de la empresa informática que almacenaba en sus servidores miles de imágenes y copias de las historias clínicas de los afectados por iDental, información que ya es irrecuperable.
El número de personas beneficiadas por la subida del SMI asciende a cerca de 2.500.000 de trabajadores.
Estima el recurso de amparo del que fuera director de recursos humanos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
La empresa demandante es titular de un edificio ocupado por activistas por el derecho a la vivienda. Aunque se dictó una decisión judicial definitiva y ejecutiva que ordenó el desalojo de los ocupantes esta no se ha aplicado debido a consideraciones sociales y temores a disturbios del orden público.
¿Persona física o jurídica? ¿De dentro o de fuera de la entidad? ¿Perfil jurídico o informático? ¿Dedicación exclusiva o parcial?... Muchas son las preguntas en torno a la figura del DPO. ¿Quieres conocer las respuestas?
La demandante ejercitó acción de protección civil de sus derechos al honor y a la intimidad, reclamando daños y perjuicios por la publicación de una sentencia en la que aparecía como víctima de un delito con su nombre y apellidos.
Resulta significativo que la empresa, antes de conocer el resultado del razonamiento de enjuiciamiento, reconozca la improcedencia de su decisión extintiva, y no practique medio de prueba alguno encaminado a, cuando menos, intentar probar la certeza y gravedad de la causa de despido disciplinario imputada.
El contrato se destinaba al estacionamiento de transportistas, lo que implica que la vigilancia y custodia del vehículo estacionado se extendía también a la mercancía transportada.
La Ley 10/2018, de 9 de noviembre, regula, entre otros aspectos, las infraestructuras industriales y turísticas, el abastecimiento y sostenibilidad energética, la intervención urbanística y medioambiental, el cooperativismo, el comercio, la protección de los consumidores y usuarios y los espectáculos públicos.
Entre julio y septiembre, las sociedades inmersas en concursos de acreedores subieron un 0,9% respecto al mismo trimestre de 2017. Más de 1.000 sociedades trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma.
Ni siquiera se molestó en explicar las razones que imposibilitan el cumplimiento de obligaciones tan sencillas como son los compromisos informativos semestrales, en los que solo hay que identificar los procesos selectivos, los participantes en los mismos, así como el género de cada uno de ellos y las incorporaciones correspondientes.
El presente trabajo analiza las dificultades que presenta la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito procesal o técnico-jurídico a la luz de la jurisprudencia y la legislación vigente.
El Tribunal Supremo aplica las circunstancias agravantes de la responsabilidad contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 por los beneficios elevados que obtuvo la empresa sancionada, la duración de la infracción y el daño causado, y la falta de reparación del daño al no figurar la devolución de los importes.
El trabajador puede abandonar su puesto para participar en una huelga sin avisar previamente a sus superiores, ya que se trata de un derecho individual y personal. El juzgado de lo social nº 1 de Figueres agrega que incluso puede ampliar su ejercicio, pues si en un momento secunda un paro de dos horas y a continuación se une a la huelga de veinticuatro horas, ello no le puede suponer reproche alguno.
El Estado de Qatar y una empresa de dicho país deberán retirar las farolas copiadas e indemnizar a la demandante con la cantidad de 50.000 euros en concepto de daños morales.
Establece el régimen de autorización, conducta y supervisión de las empresas de servicios de inversión y reconoce nuevas facultades de supervisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Éticamente podría serle reprochable, pero a nivel laboral no. La empresa no le había asignado horas de presencia por lo que el compañero de relevo debería haber estado preparado. Como tenía reducida la jornada por guarda legal, el despido es nulo.
Al existir sentencias contradictorias por parte de tribunales superiores de justicia, el Tribunal Supremo fija doctrina sobre si es posible o no en los pleitos individuales revisar las causas justificativas del despido colectivo, cuando ha existido acuerdo entre empresas y representantes de los trabajadores.
Airbnb se ha comprometido a ofrecer el precio total de las reservas, que comprende cargos adicionales como los suplementos por limpieza o mantenimiento. En los casos en los que no sea posible calcular el precio final con antelación, la empresa se ha comprometido a informar claramente al consumidor de que se podrían aplicar cargos adicionales.
Conoce las repercusiones fiscales de la financiación concedida por tu empresa.
La organización carecía de medidas de control adecuadas para evitar la comisión de delitos.
El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, regulando el “Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos”.
Aceptar la excusa que pretende la empresa vulnera el derecho de la trabajadora a conciliar su vida familiar y laboral, pues no ha acreditado perjuicio organizativo notable o quebranto manifiesto para el regular funcionamiento de la empresa, como tampoco colisión de intereses con otros trabajadores del centro que disfruten de semejantes permisos parentales.
En opinión del autor, el futuro del sector legal pasa por la identificación entre el cliente y el abogado, entre la empresa y la firma legal. Compartir ideario, valores, propósitos e incluso proyectos sociales comunes, serán muy pronto requisitos imprescindibles para prestar servicios profesionales a las empresas.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los indicadores de actividad del sector servicios en los que se ha conocido que los índices de cifra de negocios de las actividades jurídicas han experimentado un incremento.
El Tribunal de Justicia de la UE responde a las cuestiones prejudiciales en relación con la solicitud de reintegración en el empleo de un profesor de música que trabajaba para una empresa que gestionaba la Escuela Municipal de Música de Valladolid.
La resolución del Juzgado de lo Social nº 1 de León se refiere a un centro de trabajo de más de 50 trabajadores pero que solo ha recogido 34 firmas de los 83 que prestan servicios.
Presentación de la colección Anuarios 2018. Prácticas para Abogados.
El Tribunal de Justicia recuerda que la inexistencia de vínculo contractual entre las dos empresas a las que se ha confiado sucesivamente la vigilancia de las instalaciones resulta irrelevante para determinar si la Directiva es aplicable o no.
La Sala Segunda destaca la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno de las empresas (ad intra), y que sirvan para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas.
Encuentro propuesto por el Ministerio de Justicia para los días 16 y 17 julio, en la Universidad Internacional Menendez Pelayo con el patrocinio de Wolters Kluwer y Santander Justicia.
La gratuidad del servicio de comedor establecida por convenio también incluye la prestación de menús adaptados a las necesidades, como en el caso, a la celiaquía del trabajador.
El Tribunal de Justicia ha dictado sentencia afirmando que no toda la información relativa a las empresas supervisadas por autoridad competente constituye, incondicionalmente, información confidencial cubierta por la obligación de guardar el secreto profesional.
La empresa detectó como distintos usuarios estaban participando en los foros alentando a que no se compre en sus tiendas, aludiendo a la conducta mantenida por dicho empleado de la compañía que se identifica como tal en su perfil de Facebook. Fueron de tal calado las publicaciones que el trabajador hizo en Facebook que hasta la propia red social decidió eliminar su contenido por considerarlo inapropiado.
Si la empresa cursa la baja en la Seguridad Social cuando se agota el plazo máximo de la incapacidad temporal y el trabajador no puede reincorporarse en tanto se está esperando resolución de un expediente de incapacidad permanente, ha de estarse a otros hechos indicadores, como por ejemplo la entrega de un finiquito con las vacaciones adeudadas.
La sentencia afirma que las características de la relación laboral solo son compatibles con el "trabajo dependiente y por cuenta ajena"
Ha sido condenado a ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y a la cobertura total del déficit concursal que quedara tras la liquidación de la masa activa de la empresa y del pago a los acreedores.
Cómo invertir en Italia, con especial atención a la apertura de una sociedad por parte de extranjeros. El artículo también muestra una comparación interesante entre los principales tipos de sociedades en Italia y en España y la principal compañía de responsabilidad limitada inglesa.
El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado una sentencia por la que rechaza el registro de la marca ‘Perfumes y Aromas Artesanales’ que pedía una empresa madrileña al considerar que existe riesgo distintivo entre ésta y otra empresa sevillana llamada 'Aromas Selective'. El tribunal europeo jsutifica su decisión en base a la similutud entre los productos que comercializan y los signos distintivos de ambas marcas.
El Tribunal General de la Unión Europea ha dictaminado que la empresa estadounidense Hewlett Packard puede registrar el signo distintivo de las letras HP como marca de la Unión y desestima los recursos de la empresa Senetic que pedía la anulación de la decisión de la EUIPO de registrar dicha marca. El órgano europeo añade que Senetic no ha aportado pruebas que demuestren que Hewlett Packard tuvo conocimiento de la existencia de la comercialización de algunos de los productos y servicios con un signo similar o idéntico.
El Abogado General propone al Tribunal de Justicia en sus conclusiones que desestime los recursos de casación interpuestos por Nestlé, la EUIPO y Mondelez, al tiempo que destaca que Nestlé no aportó pruebas suficientes para demostrar que su marca haya adquirido carácter distintivo por lo que el formato de cuatro barritas de chocolate no puede ser registrado como marca de la empresa suiza Nestlé.
Un Juzgado de Salamanca obliga a la compañía de seguros de una empresa de transportes a pagar una indemnización de 18.030 euros a la familia de un anciano que falleció a raíz de una caída durante un trayecto en autobús en Salamanca. El juzgado aprecia una relación directa de causa y efecto entre la pérdida de equilibrio y la posterior muerte y la imposición de la indemnización en el “Seguro Obligatorio de Viajeros”, que se contrata al comprar un billete de cualquier medio de transporte.
El evento "¿Cómo hacer desarrollo de negocio en las firmas de abogados?" está organizado por ESADE con la colaboración de la Fundación Wolters Kluwer y tendrá lugar en Madrid el próximo 18 de abril en la sede de ESADE. En él se resolverán cuestiones como qué significa de verdad el desarrollo de negocio y como incide en el despacho, cómo planificar las acciones comerciales o cómo involucrar a los abogados.
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers, en Barcelona, ha sancionado a una empresa local con una multa de 1.250.000 euros por los delitos de fraude de IVA cometidos por sus representantes legales, en provecho de la empresa y careciendo de instrumentos de prevención del delito.
La Audiencia de Cantabria ha establecido una indemnización de 13.800 euros que la aseguradora de una empresa de caballos deberá pagar a una mujer que fue arrastrada por una yegua cuando iba a dar un paseo a una villa en Santillana del Mar. Según el tribunal, existe un nexo causal entre las lesiones de la actora y la omisión del dueño del caballo y la aseguradora debió probar que se habían tomado las medidas necesarias para evitar el daño.
La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para garantizar que en la UE se graven las actividades empresariales digitales de manera equitativa y favorable al crecimiento. Estas medidas harían de la UE un líder mundial en el diseño de normativa fiscal adecuada para la economía moderna y la era digital.
La empresa deberá abonar una indemnización de 35.000 euros a la empleada afectada. La Sala confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Málaga, que había apreciado la discriminación.
El Consejo General del Poder Judicial ha publicado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, en el que aboga por introducir la existencia de un interés legítimo de su titular para evitar su divulgación como requisito para considerar secreto empresarial una información.
El franquiciador debe demostrar que ha realizado el control debido sobre el franquiciado para evitar ser responsable por sus actos.
El trabajador había sorprendido a varios jóvenes sustrayendo objetos del establecimiento. Con posterioridad, y en al menos dos ocasiones varios hombres le esperaron a la salida del trabajo y le agredieron, causándole lesiones. El Juzgado advirtió falta de medidas de seguridad adicionales expresamente establecidas por la empresa tras la primera agresión.
El Tribunal General de la Unión Europea ha dictaminado que el grupo Osborne no tiene exclusividad sobre la marca "Toro" y desestima el recurso interpuesto por el grupo español que solicitaba que se quitara del registro de marcas de la UE la de una empresa alemana llamada "Dontoro". El tribunal argumenta en la sentencia que las diferencias existentes a los mencionados niveles suponen que no riesgo de confusión entre las marcas.
La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2016 que denegó la marca colectiva "Barcelona" para el Nomenclátor Internacional de Marcas al considerar que "no tiene carácter distintivo, en cuanto impide que se cumpla la finalidad propia de las marcas colectivas”.
El Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de casación interpuesto por un empresario que se oponía a la pensión compensatoria por divorcio. El Supremo aconfirma la sentencia del tribunal anterior y establece una pensión de 500 euros que se elevaría a 1.900 en caso de que el hombre despidiese a su exmujer, que trabaja en la empresa que él dirige.
La Comisión Europea ha publicado su comunciado con motivo del Día de la mujer, que se celebrará el 8 de marzo. Entre otras cosas, desde Bruselas impulsa a tomar medidas que busquen la igualdad en todos los ámbitos de la vida de la mujer: el acceso a la educación, la igualdad de retribución para un mismo trabajo, el acceso a los puestos de responsabilidad en la empresa y en la política, así como la protección frente a la violencia.
El Tribnal Supremo ha estimado en parte el recurso interpuesto por el alcalde de la localidad de Zarra y rebaja la pena a 10 meses por un delito continuado de prevaricación urbanística al considerar que, para valorar la gravedad de la prevaricación urbanística y para individualizar la pena de prisión, no debe estarse al número de licencias concedidas.
El Tribunal Supermo ha confirmado la condena a cuatro años de prisión al presidente de la empresa que organizó la fiesta en la que fallecieron cinco jóvenes el pasado 1 de Octubre de 2012. La Sala de lo Penal, sin embargo, discrepa de lo establecido por la Audiencia Nacional en relación al médico del evento, Simón Viñals, y le condena a un año y medio de prisión por un delito de imprudencia grave en relación a una de las fallecidas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de tiempo breve limitan considerablemente las posibilidades que tiene un trabajador de dedicarse a otras actividades, por lo que la guardia domiciliaria ha de ser considerada como tiempo de trabajo.
Se considera secreto empresarial cualquier información, relativa a cualquier ámbito de la empresa, que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto. La ley, aún en fase de anteproyecto, incorpora al nuestro derecho la Directiva (UE) 2016/943 sobre la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados.
La empresa había solicitado dos años de prisión y una multa de 14.600 euros para el acusado, y que su empresa asumiera una sanción situada entre el doble y el triple del beneficio obtenido por la venta de esas joyas.
José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha dictado un auto en relación a los supuestos delitos cometidos por los administradores de la empresa Pescanova en el que acusa a su expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro, otras 18 personas y 12 sociedades de haber cometido delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera y estafa entre otras faltas en las cuentas anuales de la compañía.
La Ciberseguridad se ha transformado en una necesidad de cualquier empresa u organización. Wolters Kluwer ha diseñado un programa en modalidad e-learning, que te ofrece una visión profunda y detallada de los entornos digitales que hay y los que están por llegar.
El Supremo avala el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y califica de falta grave y no muy grave el fallo de mantenimiento de la empresa eléctrica, reduciendo la sanción a un quinto del importe inicial. La Sala se ha referido a distintas circunstancias que reducen la gravedad en la responsabilidad de Endesa en relación al apagón de la isla canaria en 2010.
El Supremo ha estimado dos recursos de la Generalitat catalana que pedían la anulación de dos sentencias en las que se daba la razón a Uber, argumentando que la actividad desarrollada por la empresa ha de calificarse como "servicio en el ámbito de los transportes", siguiendo así lo establecido en la sentencia del TJUE del pasado 20 de diciembre.
2018 va a ser, sin duda, el año de la privacidad. Con el comienzo de la aplicabilidad del Reglamento europeo de protección de datos de 2016, en mayo de este año, va a llegar también a nuestro país una nueva Ley Orgánica.
El artículo analiza los datos personales que la empresa puede exigir o no al trabajador para dar lugar al cumplimiento del contrato del trabajo y las obligaciones laborales que de él se deriven.
Se pretende evitar que el empleo de estos trabajadores sea utilizado por las empresas usuarias como una vía para eludir el cumplimiento de la normativa que les resulte aplicable en materia de igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres.
El Consejo General de la Abogacía junto con UNESPA y la empresa informática Tirea han desarrollado una plataforma que permite que las reclamaciones de compensación a víctimas de accidentes de tráfico se realicen ahora por la vía telemática, facilitando las gestiones entre abogados y aseguradoras.
El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid, en el Auditorio CECABANK el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association con la colaboración y apoyo de estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y con la participación de expertos nacionales e internacionales.
Con motivo del cada vez más próximo sorteo de la lotería del niño, los técnicos del Minsterio de Hacienda exigen que los premios otorgados a las empresas tributen de la misma manera que los de los particulares. Asimismo, han criticado las prácticas fraudulentas llevadas a cabo por algunos empresarios para no tributar al desviar el dinero del décimo ganador a una sociedad en pérdidas.
El Tribunal de Justicia europeo opina que la empresa española Schweppes ha de admitir que una compañía británica importe productos de la misma marca si se probase que ha generado la impresión de que se trata de una marca única y global
La sala civil del Tribunal Supremo ha determinado que una indemnización percibida por el esposo antes del divorcio, con base en una póliza colectiva suscrita por la empresa donde este trabajaba, es un bien privativo y no debe integrarse en la sociedad ganacial del matrimonio.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha avalado un despido a un empleado que se dedicaba a cobrar dietas y trabajaba menos horas de las debidas. Esta conducta fue descubierta por la empresa al monitorear la localizacón geográfica del GPS del dispositivo del trabajador.
El Abogado General Evgeni Tanchev, del Tribunal de Justicia de la Unión europea ha presentado este miércoles 6 de diciembre sus conclusiones respecto a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre si la pérdida de un contrato frente a un competidor supone una transmisión de empresa o de centro de actividad en el sentido de la Directiva relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas.
El demandante era un trabajador británico que denunciaba a la empresa para la que trabajó doce años sin vacaciones, solicitando que se le retribuyeran posteriormente en el momento de la jubilación.
La División Tax & Accounting de Wolters Kluwer en España ha organizado en Bilbao la primera edición del evento de referencia en Europa para estar al día de las tendencias en innovación empresarial.
El llamado "secreto empresarial" (calificado como delito de descubrimiento o cesión de secreto de empresa según nuestro Tribunal Supremo) está tipificado en los artículos 278 y 279 del Código Penal englobándose dentro de los delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico en su vertiente relativa al mercado y a los consumidores.
La Ley 5/2017 de 19 de octubre, publicada este miércoles en el boletín oficial de la comunidad autónoma, trata de fomentar la implantación de iniciativas empresariales en Galicia a través de medidas que faciliten el desarrollo, acceso y gestión del suelo empresarial. Esta aplicable a las iniciativas de los sectores industrial, de servicios relacionados con el sector industrial y comercial que precisen para su implantación el uso del suelo mediante establecimientos o instalaciones de carácter permanente.
Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.
Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que Securitas, como nueva empresa adjudicataria de un contrato de servicios vigilancia y seguridad en instalaciones portuarias de Puertos de Azores SA, debe hacerse cargo de los 17 trabajadores portugueses de la empresa anterior, ICTS, si al asumir la ejecución de la prestación recibe el equipo indispensable para el desarrollo de la actividad.
La nueva Ley tiene como objetivo implementar en España una contratación pública basada en los principios de integridad, transparencia, igualdad y competencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su sentencia 782/2017 de 14 septiembre se ha pronunciado sobre un caso en el que un conductor de ambulancia había ocultado a la empresa para la que trabajaba que le habían retirado el carné de conducir. El tribunal ha considerado que aunque el empleado estaba de baja cuando se le requirió la información, la empresa tenía el derecho a solicitar estos extremos, máxime cuando se trata de datos imprescindibles para realizar la actividad.
Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña, explicó cuándo una empresa es penalmente responsable y qué debe hacer para evitarlo.
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en su sentencia 132/2017, de 22 de junio ha resuelto un caso en el que ha determinado que el derecho fundamental a la libertad religiosa ceda frente a un superior interés, la garantía a la sanidad alimentaria, que obliga a la exigibilidad de las normas sobre uniformidad de los trabajadores.
El Consejo General de la Abogacía Española y UNESPA han desarrollado, a través de la empresa informática TIREA, una plataforma que permite automatizar la gestión de las reclamaciones al seguro por daños personales. El objetivo de esta aplicación, que estará operativa a partir del 1 de enero de 2018, es reducir la litigiosidad por siniestros de circulación con víctimas.
El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado hoy miércoles dos sentencias en las que estima los dos recursos de la empresa catalana Jordi Nogues y anula las dos resoluciones de la EUIPO que denegaron el registro del signo BADTORO al considerar que existía riesgo de confusión con las marcas TORO y EL TORO del grupo Osborne.
El informe médico certificaba la ausencia de riesgos actuales pero recomendaba el cambio del puesto de trabajo a partir de una determinada fecha, para la que faltaban todavía diez semanas cuando se produjo el aborto.
En este artículo se hace un análisis de la responsabilidad penal de las empresas desde dos posibles situaciones: que nos encontremos ante hechos realizados por empleados en beneficio de la empresa y conductas perpetradas por personal ajeno a la compañía.
La Audiencia Provincial de Pontevedra en su sentencia 38/2017 de 30 de junio, condena a una empresa por un delito fiscal cometido por el administrador único.
Si bien el empresario puede establecer una vigilancia sobre la forma en que los trabajadores utilizan los medios de comunicación puestos a su disposición, este hecho no elimina su derecho a la intimidad y el deber del empresario de advertir claramente del establecimiento de esos sistemas de vigilancia y de su alcance.
Para el Supremo, la ausencia de tal comunicación fue trascendente y relevante, ya que era información necesaria para conocer las causas esgrimidas por la empresa para llevar a cabo el despido colectivo.
Ayer se hizo público el laudo que resuelve el conflicto planteado este verano en el aeropuerto de El Prat. Como solución, la empresa deberá abonar un complemento salarial de 200 euros mensuales a los vigilantes. Conoce cuáles son todos los detalles de las decisiones tomadas en esta confrontación.
El Tribunal Supremo viene rechazando la formulación unilateral por la empresa de una regla interpretativa del Convenio Colectivo a propósito de la justificación de dietas. El Convenio aplicable al caso solo hace referencia, en cuanto a los supuestos especiales, a los motivos que los originan, no a la cuantía del gasto.
A pesar de que la empresa le imputó tres llamadas fraudulentas a clientes, el tribunal declara que no hubo transgresión de la buena fe ni existió contratación fraudulenta por parte de la trabajadora, pues las directrices dadas por la empresa eran oscuras y difusas e incluso se tuvo que dar un curso adicional a posteriori para aclararlas al resto de los teleoperadores.
La Fiscalía General del Estado descarta abrir un procedimiento disciplinario al ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix al no encontrar incompatibilidades de su cargo con ser dueño de un 25 por ciento de una sociedad en Panamá, zanjando así la polémica que le llevó a presentar su dimisión el pasado 1 de junio.
La actuación del abogado en la tramitación del expediente de regulación de empleo fue negligente al prescindir de las normas esenciales del procedimiento, provocando la nulidad de los despidos. Según la AP de Valladolid, el abogado no puede ampararse en las necesidades puntuales de su cliente para justificar su actuación.
El justificante emitido por el Servicio Médico Público o Mutua es suficiente, dependiendo de la contingencia. La Audiencia Nacional justifica esta menor exigencia formal porque la situación de baja por enfermedad es claramente distinta a la de incapacidad temporal.
Conforme establece la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de junio de 2017, a pesar de que la empresa les ha destinado a un servicio de video llamada en el que es inevitable que se grabe al trabajador, una cláusula genérica de cesión de imagen es nula de pleno derecho. La empresa debe recabar el consentimiento expreso de los trabajadores afectados.
Los correos electrónicos reenviados incluían datos particulares de asegurados de la Mutua, y el trabajador debía custodiar tales identificaciones a tenor de la normativa interna de la compañía.
Una empresa consulta a la Dirección General de Empleo si es válido el consentimiento expresado por un trabajador cuando se perfecciona por medios distintos de la firma manuscrita de papel, como, por ejemplo, firma manuscrita digital en tableta, PDA o pantalla táctil, etc. Concluye que solo a la firma electrónica reconocida se le da equivalencia con la manuscrita y advierte que la firma escaneada del trabajador no resulta admisible en ningún caso.
Axa reconoce la desconexión digital del trabajo de sus trabajadores en España. En su convenio se permite que los empleados no tengan que responder a los correos electrónicos o mensajes profesionales fuera de su horario laboral.
El error en el geolocalizador de la aplicación provocó que un ciudadano resultara sancionado porque, aunque abonó la tasa de aparcamiento, lo hizo para un barrio distinto. Para el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 7 Madrid, el error de la aplicación para el pago del SER a través del móvil debe ser imputado a la empresa privada titular de la aplicación, que ha sido autorizada por el Ayuntamiento de Madrid.
Este artículo estudia la vigencia del convenio colectivo dentro de una transmisión de empresas. En las transmisiones de empresa el mecanismo subrogatorio exige que el cesionario no aplique una modificación sustancial en las condiciones de trabajo en detrimento de los empleados de la empresa o centro de actividad. Este mantenimiento de las condiciones de trabajo es una garantía que recoge la Directiva 2001/23/CE en sus artículos 3.1 y 4.2. En conclusión la Directiva garantiza los derechos de los trabajadores que entren al servicio del nuevo empresario.
Los trabajadores venían tomando sus vacaciones anuales en las fechas de su elección, sin limitación alguna, de forma constante y repetida. Tal beneficio sólo puede ser modificado por acuerdo o mediante procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo./p>
Si tras el accidente el trabajador solamente se ve limitado en una de las actividades, será responsable la Mutua de la empresa donde se produjo el accidente, pero si la incapacidad del trabajador se proyecta sobre las dos profesiones, habrá un reparto de responsabilidades.
En el siguiente documento recogemos las novedades que afectan al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016: sociedades civiles, límites a la compensación de bases imponibles negativas, tipos aplicables, operaciones vinculadas, intangibles, etc.
Según el tribunal, es indudable que la trabajadora, sabedora de que la reducción de su jornada implicaba la reducción de su salario, obró de forma premeditada y no "accidental". Esta conducta supone una falta muy grave que justifica la sanción de despido.
Las empresas son agentes fundamentales de cualquier cambio. Sus políticas y formas de operar pueden impulsar el avance de las sociedades en las que operan, por ello el apoyo a iniciativas como las del colectivo LGBTI son fundamentales para fomentar la diversidad como elemento positivo. Existe una falta de políticas específicas para los empleados LGBT, a pesar de que muchas organizaciones globales han adoptado políticas más amplias de diversidad e inclusión.
El trabajador afectado, puesto de mando y delegado de personal, fue perseguido previamente por un detective. Se le atribuyeron graves y repetidos incumplimientos que fueron difundidos al resto de los empleados a través de un comunicado interno y en los tablones de anuncios. Incluso se dio la noticia en la prensa local.
El Supremo apoya su decisión en la Ley del ruido y considera que el consistorio tiene competencia para adoptar una medida de este tipo. Sin embargo confirma la nulidad de la medida establecida en el Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro, y que exigía que las actividades nuevas en el Distrito Centro dispusieran, con carácter exclusivo, de un número de plazas de aparcamiento igual al 10% de su aforo en un radio máximo de 200 metros de su ubicación.
Confirma la nulidad de las medidas llevadas a cabo por la empresa en mayo de 2015 por no respetar el procedimiento previsto en el Estatuto de Trabajadores para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La sentencia ha condenado a la empresa a reponer a los trabajadores en las condiciones que disfrutaban antes de dicha fecha.
La Dirección General de Tributos resuelve la cuestión planteada por un trabajador que fue despedido por causas objetivas, percibiendo la indemnización legalmente prevista, pasando a trabajar para una empresa ajena. Posteriormente, antes de transcurrir 3 años, se produce la reincorporación de una parte de los trabajadores despedidos inicialmente.
BSA | The Software Alliance informa de una de las mayores condenas judiciales impuesta en nuestro país contra una empresa por uso de software sin licencia. Las partes llegaron posteriormente a un acuerdo por el que se consiguió rebajar un 15 por ciento la indemnización. Cuatro de cada diez programas de software utilizados en empresas españolas no cuenta con la licencia correspondiente.
El próximo 28 de junio a las 18:00 h está prevista la presentación del libro Guía Práctica para la Internacionalización de empresas, escrito por Gonzalo J. Boronat y Roxana M. Leotescu, de la firma GB Consultores, editado por Wolters Kluwer y patrocinado por el grupo logístico MOLDTRANS.
Únete el próximo 20 de junio a una sesión exclusiva organizada por Microsoft y Wolters Kluwer para profesionales jurídicos en despachos y empresas en que los mejores expertos analizan estrategias y oportunidades en la transformación digital y del software en la nube.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que aclara una cuestión poco pacífica: la capacidad para ser parte de una sociedad de capital disuelta y liquidada, después de la cancelación de todos sus asientos registrales. En línea con lo mantenido por la Dirección General de los Registros y el Notariado el Supremo afirma que conserva esta personalidad respecto de las reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, pues está aún pendiente alguna operación de liquidación.
El Tribunal Supremo ha resuelta a favor de los arrendatarios de una vivienda de protección oficial que cuyo desalojo había instado la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid por expiración del plazo. El alto tribunal se remite a la legislación administrativa que establece un sistema de prórroga forzosa conforme al cual únicamente se puede desalojar al arrendatario cuando dejen de cumplirse los requisitos que le autorizan a permanecer en la vivienda o cuando lo autorice la ley.
El trabajador había insertado en su muro de Facebook una serie de manifestaciones en contra de la empresa y de sus compañeros, tras el fallecimiento de un familiar. El Tribunal señala que el análisis no puede quedar en la objetividad de la conducta imputada, sino que debe atenderse a las concretas circunstancias en que se produce.
Tras el dictado de la STS del pleno del pasado marzo, la Sala 4ª ha vuelto a manifestarse a favor de que el deber empresarial tan solo se refiere a la horas extraordinarias. La Sentencia, que esta vez no contiene votos particulares discrepantes, resuelve el litigio iniciado por los sindicatos contra la empresa ABANCA, dando la razón a ésta última en la demanda de conflicto colectivo sobre el sistema de registro de jornada realizado por la plantilla.
La Comisión Europea ha impuesto a Facebook una multa de 110 millones de euros por proporcionar información incorrecta o engañosa durante la investigación de la adquisición de Whatsapp por parte de Facebook. Dijo a la Comisión que no podría establecer una correspondencia automatizada y fiable entre las cuentas de los usuarios,y posteriormente actualizó los términos del servicio para incluir la posibilidad de vincular los números de teléfono y las cuentas de los usuarios. Esta es la primera multa a una empresa por haber proporcionado información incorrecta o engañosa desde la entrada en vigor del Reglamento de control de concentraciones entre empresas de 2004.
Según las conclusiones del Abogado General Szpunar sobre el asunto que enfrenta al gremio de taxistas barceloneses y la compañía, a pesar de ser un concepto innovador, la plataforma electrónica Uber pertenece al ámbito del transporte, en concreto ofrece un servicio de transporte urbano bajo petición, de modo que puede obligarse a Uber a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas por el Derecho nacional.
El TS aplica a la doctrina de la apariencia para delimitar los supuestos en los que se aplica el art. 120.4 del CP. Tanto la responsabilidad penal como la civil derivada de cualquier delito que se pueda producir dentro de una entidad, puede evitarse si se elabora un plan de prevención de riesgos penales o compliance penal.
La empresa solo acreditó sólo acreditó 373 puestos de los 508 comprometidos
La empresa contratista es declarada responsable civil subsidiaria. Que la subcontratista haya asumido deberes en relación a la seguridad no exonera a la empresa contratante de cumplir con sus obligaciones en materia de prevención.
La persistente actuación de la empresa, que ya había sido sancionada por hechos similares en otro centro de trabajo, pone de relieve que han de aumentarse las cuantías máximas previstas en la LISOS, en tanto no han servido para disuadir su proceder.
El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de casación que interpuso la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de un juzgado que absolvió a la plataforma de la multa que le había sido impuesta por carecer de licencia de transporte. La Sección I de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado que la cuestión planteada tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, pues la futura sentencia decidirá el régimen jurídico aplicable en nuestro país a esta empresa internacional.
Los próximos días 20 y 21 de abril tendrá lugar el Congreso. Organizado por la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (RcP) con la colaboración del Departamento de Derecho Mercantil UCM, CUNEF y el Registro de Economistas Forenses, en este Congreso se darán cita los mejores especialistas para analizar las cuestiones más relevantes y controvertidas que afectan a las sociedades en crisis.
Una reciente sentencia de la Sala de lo Social considera que un sindicato no vulneró el derecho al honor de una empresa por exhibir pancartas acusándola de “terrorismo empresarial”, ante una supuesta cesión ilegal de trabajadores, aunque precisa que se trató de una acción ilegítima y censurable.
En el marco de una demanda de conflicto colectivo, la Sala Cuarta revoca la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que consideró nula la medida de reducción de salarios por vulneración del derecho de huelga. Además, considera la medida empresarial ajustada a derecho dada la situación global de pérdidas.
Una reciente sentencia del TS aclara este controvertido asunto y declara la imposibilidad de imputar responsabilidad penal a una empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores ex artículo 318 CP, porque estos no estén recogidos en el listado de delitos a los que se les aplica el art. 31 bis. A pesar de ello, pueden tener consecuencias nefastas para las empresas por la vía de la aplicación de las penas accesorias del art. 129 CP, además de generar responsabilidad civil subsidiaria en virtud del art. 120.4 CP.
El marco reglamentario ampliamente armonizado permite garantizar en toda la Unión el mismo respeto de las exigencias en materia de protección de datos personales de los abonados.
El nombre de dominio se ha convertido, de facto, en uno de los signos distintivos de una empresa en Internet, y los tribunales, de hecho, los Tribunales vienen considerando que el nombre de dominio cumple en Internet la función de marca. La facilidad de registro y el principio first to file que adjudica el nombre de dominio al primero que lo solicita, sea o no titular de un derecho marcario sobre una denominación idéntica o semejante, ha dado lugar al fenómeno del cybersquatting (ciberocupación) o registro de mala fe.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto, en el caso de una empresa alemana que ponía a disposición de sus clientes una línea telefónica de asistencia postventa, que no procede que el coste de las llamadas a esta línea sea superior al de una llamada estándar a fin de no disuadir a los consumidores del uso de este servicio.
La empresa debe responder subsidiariamente de la cantidad de 277.376,03 euros, indemnización derivada del delito de apropiación indebida al que se condena a su administrador único.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha denegado el amparo al Sindicato Confederación General del Trabajo y ha declarado que la emisión por Telemadrid de un partido de fútbol durante la jornada de huelga general del 29 de septiembre de 2010 no vulneró el derecho a la huelga, amparado por el art. 28.2 CE.
La acusación particular solicitaba una multa de 400.000 euros y la disolución de la entidad.
¿Pueden los periodistas incurrir en la comisión de un ilícito penal según traten la información cuyos protagonistas son mujeres? ¿Hasta qué punto el periodista, la editorial, empresa de comunicación tiene responsabilidad? La autora se pregunta estas cuestiones a raíz del lenguaje utilizado por la prensa en determinados titulares y noticias sobre deportistas femeninas con ocasión las últimas Olimpiadas.
Una jornada organizada por la Fundación Wolters Kluwer y ESADE estudiará próximamente el estado de la relación entre los abogados de empresa y los abogados externos, ante el actual marco de cambio permanente en el sector.
El registro de la jornada laboral de todos los trabajadores por parte de la empresa es obligatorio y por ello la Inspección del Trabajo y Seguridad Social está poniendo especial hincapié en el control de su correcta realización. Sin embargo, su modo de ejecución no está establecido y en muchos casos resulta complicado adaptarlo a las circunstancias laborales de cada trabajador.
¿Sabías que una empresa puede ser penalmente responsable en más de 20 delitos? El pasado lunes 30 y el martes 31 de enero tuvo lugar, en el Casino de Madrid, el II Encuentro Cumplen, organizado por la asociación sin ánimo de lucro Cumplen –Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo-, acto que aglutinó a un nutrido grupo de profesionales del Compliance
El titular del Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona aplica la jurisprudencia del TJUE y declara discriminatorio el despido de un trabajador por "bajo rendimiento" cuando se estaba recuperando de un accidente laboral. Lea la sentencia que obliga a la empresa a su readmisión y a indemnizarles por daños morales y materiales con más de 9 mil euros.
El 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor uno de los aspectos más relevantes de la reciente reforma laboral francesa de 2016: el derecho a la desconexión digital del trabajador con su empresa una vez finalizada la jornada laboral. ¿Adiós a los correos enviados a los trabajadores fuera de su horario laboral?
La utilización de software ilegal por las empresas es una actividad cada vez más perseguida y que puede comportar consecuencias muy negativas para la propia entidad y para sus responsables. Precisamente a los aspectos legales del uso de software ilegal se dedicó una ponencia en la reciente jornada “Software: riesgos, amenazas y oportunidades para la empresa”, organizada por CEOE, BSA The Software Alliance y la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC).
El debate sobre la posibilidad de atribuir algún tipo de personalidad jurídica a los robots, y de su asunción de responsabilidad civil o penal, ha saltado a la actualidad durante los últimos meses, y ha sido objeto de análisis en el reciente primer congreso sobre aspectos legales de la robótica.
Según el TS, nada impide que un convenio señale que no se tendrán en cuenta las rupturas del vínculo contractual superiores a tres meses siempre y cuando tal régimen se aplique de modo igual a todos los trabajadores que hayan estado vinculados a la empresa mediante diversos contratos de trabajo, con independencia de la naturaleza temporal de los mismos.
Análisis de los requisitos de de información y consulta exigidos en caso de transmisión de empresas.
La Asociación para Racionalizar los Horarios Españoles (ARHOE) celebrará los próximos días 15 y 16 de noviembre su XI Congreso nacional. Wolters Kluwer, ganadora del X Premio ARHOE a la empresa que ha implantado medidas más eficaces para conciliar la vida personal y laboral, estará representada por su CEO, Vicente Sánchez Velasco, que compartirá la experiencia de la compañía en este ámbito en un debate sobre entornos de trabajo saludables.
La Sala de lo Social del TSJ País Vasco ha aplicado la reciente sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016 a un trabajador temporal de una empresa privada, reconociéndole el derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado a la finalización de su contrato por obra.
Nueva sentencia sobre indemnización de trabajadores temporales: la empresa privada debe abonar 20 días en caso de fin de contrato
La Sala considera acreditado que la muerte de las cinco jóvenes se produjo por el sobreaforo del local, el cierre de sus vomitorios y escaleras y por la apertura de las puertas de emergencia con acceso directo a la pista.
El tribunal considera al titular de la empresa organizadora del acto como máximo responsable de la tragedia y le achaca que actuó intentando conseguir en todo momento el máximo beneficio económico.
La Sala absuelve a los médicos responsables del servicio sanitario del acto y declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Madrid.
El TS aplica por primera vez la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2015 (Rabal Cañas) y declara que debe considerarse como despido colectivo el que en un mismo centro de trabajo supere los umbrales del art. 51.1 ET, sin necesidad de tomar a la empresa como unidad de referencia.
La utilización de trabajadores para sustituir a los que ejercitan su derecho a la huelga durante el período de consultas de un despido colectivo que les afecta, determina la nulidad del despido, pues con dicha medida la empresa privó de fuerza y posible eficacia a la representación de los trabajadores, alterando los términos de la negociación.
Para la aplicación de la bonificación del 95% en la base imponible del Impuesto de Sucesiones, por transmisión de una empresa familiar prevista en el art. 20. 2. c) de la Ley 29/1987, no se requiere que el heredero sea previamente titular de participaciones de la sociedad, bastando que cumpla el requisito de ejercer funciones efectivas de dirección en la empresa y que forme parte del grupo familiar.
En sus conclusiones en los asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15, el Abogado General del TJUE considera que, después de la anulación de la Directiva 2006/24/CE, los Estados pueden imponer esa obligación, pero supeditada al cumplimiento de estrictos requisitos.
El presidente de la CEOE ha criticado el marco legislativo español, en el que conviven más de 175.000 normas de todos los ámbitos, a las que hay que sumar otras 20.000 de ámbito europeo, lo que dificulta notablemente la creación y la existencia de las empresas.
La negociación colectiva deberá establecer las modalidades de ejercicio de este derecho. En las empresas de pequeño tamaño, será el empresario el que fije esta regulación, previa audiencia a los representantes de los trabajadores.
La actuación empresarial de bloqueo y censura de los comunicados sindicales en la intranet de la empresa constituye vulneración de la libertad sindical
La AP de Pontevedra aplica una novedosa doctrina del TJUE y rompe la vinculación entre el contrato principal de préstamo y el aval que lo garantiza, abriendo la puerta a la protección de aquellas personas que, por amistad o relación familiar, avalaron a otras en operaciones bancarias y, al no pagarse los créditos, se exponen a perder su casa o ahorros.
La aplicación del principio de competitividad no puede efectuarse en ningún caso a costa de los trabajadores y de los estándares de calidad del cliente, máxime cuando la memoria económica de la empresa refleja beneficios.
La utilización a la entrada de un centro de trabajo del distintivo "Zona videovigilada" regulado por la Instrucción 1/2006 de la AEPD , supone que el trabajador podía conocer la existencia de las cámaras y la finalidad para la que habían sido instaladas, por lo que cumple con la obligación de la empresa de informar previamente al trabajador de la instalación de dichos sistemas de vigilancia.
El TJUE deberá decidir en su sentencia si el dueño de un bar o un hotel que comparte con sus clientes una red de Wi-Fi gratuíta tiene algún tipo de responsabilidad en estos actos ilícitos y a qué tipo de medidas se les puede requerir para tratar de evitarlo.
El teletrabajo ofrece interesantes ventajas para el trabajador, pero también algunos riesgos laborales que la empresa debe tener en cuenta y prevenir.
El TJUE clarifica el alcance sobre las normas sobre prevención del blanqueo de capitales sobre las empresas de transferencia de fondos. La Ley española de prevención del blanqueo de capitales es contraria al Derecho de la Unión por establecer una presunción general de sospecha sobre estas empresas.
El TS establece que se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados en los buscadores de internet, siempre y cuando: a) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica y, b) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la “oficial”.
El Premio Abogado del Futuro es actualmente la máxima distinción en España de la empresa privada al talento científico universitario en el ámbito jurídico.
Con motivo del Día europeo de la protección de datos y al hilo de una jornada organizada por la Asociación de abogados expertos en TIC, ENATIC, repasamos los temas más relevantes sobre esta materia en 2016.
Ya es posible iniciar el mecanismo de segunda oportunidad presentando el formulario normalizado aprobado al efecto y que prevé la solicitud tanto de persona natural como jurídica y de deudores empresarios y no empresarios. Recordamos sus aspectos más relevantes.
La Agencia ha constatado que Google ha introducido modificaciones significativas en materia de información, consentimiento y ejercicio de derechos, áreas sobre las que la AEPD le requirió que hiciese cambios. Además, la empresa se ha comprometido tanto a adoptar medidas adicionales específicamente solicitadas por la Agencia como a mantener un diálogo constante.
La normativa SEPA no solo afecta a la utilización del código IBAN. Afecta también a transferencias, adeudos directos, anticipos de crédito, recibos en soporte magnético… Le invitamos a conocer las consecuencias prácticas de la implantación de la SEPA en las finanzas de las empresas.
El TJUE declara que el Derecho de la UE relativo al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, es aplicable a estos supuestos siempre que se aprecie que en la operación continúa la identidad de la entidad económica, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica.
El Premio Abogado del Futuro es actualmente la máxima distinción en España de la empresa privada al talento científico universitario en el ámbito jurídico.
El TS concluye que debe indemnizarse al trabajador por el perjuicio causado por la vulneración de su derecho al honor, incluido el daño moral, y daños patrimoniales derivados de la cesión ilícita de datos personales para incluirlos en ficheros de trabajadores conflictivos.
Ayer 15 de diciembre, entró en vigor la Ley 45/2015, de sociedades laborales y participadas. A partir de esa fecha, las sociedades laborales ya existentes, tienen 2 años para adaptar sus estatutos a la nueva ley.
Manuel González-Coria Domínguez y Enrique de Santiago Herrero, socios de dos de los bufetes jurídicos más relevantes de Salamanca y corresponsables del área jurídica, y Fernando Corrochano Camacho como responsable del área económica, inauguran en Madrid un despacho especializado en servicios de Valor Añadido para la empresa relacionados con su desarrollo estratégico, contando además con servicios específicos para Entidades de Capital Riesgo.
La norma aprueba un texto refundido en el que se integran, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las modificaciones de la Ley 56/2003, agrupando la normativa dispersa en un solo texto y haciendo la regulación más sistemática, comprensible y de fácil aplicación.
Hasta ahora, el DUE se configuraba como un documento para la tramitación por vía electrónica de la creación de empresas. Ahora, el DUE y el sistema CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) pasan a desempeñar un papel global en lo relativo a la tramitación administrativa de la vida de las empresas.
Hoy se ha publicado la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, de la que reseñamos su contenido más relevante.
Así lo declara La Sala de lo Social del TS en una reciente sentencia, en la que concluye que la empresa puede imponerles la obligación de denunciar las “fugas”, toda vez que el Convenio Colectivo no impide que se les encomiende esa tarea.
Avala la prórroga para la entrada en vigor de la ley del Registro Civil, dada la necesidad de “asegurar el correcto funcionamiento del sistema”, pero considera que no se daban las premisas habilitantes de urgencia y necesidad para modificar mediante Decreto-Ley la llevanza del Registro Civil.
Según el Ejecutivo, este Real Decreto, ya aprobado pero pendiente de publicación a la fecha de publicarse esta noticia, favorece la segunda oportunidad de los empresarios mediante un sistema sencillo y rápido que les permita iniciar un nuevo proyecto empresarial lo antes posible. Se opta por empezar por los tipos de empresas más utilizados (sociedades limitadas y autónomos), con el objeto de ir ampliando este sistema a otras formas jurídicas más adelante.
La empresa tecnológica Validated ID participará, junto a Firmaprofesional, en una conferencia sobre la seguridad jurídica y el valor que aporta la firma electrónica manuscrita para profesionales y pacientes en el sector sanitario, impulsando proyectos innovadores que proponen la eliminación del papel para mejorar la eficiencia de los centros sanitarios.
Nuestro marco legislativo lleva tres años sometido a un intensísimo régimen de reformas, que han afectado a todos los grandes ámbitos del Derecho (Mercantil, Penal, Civil, Administrativo, Laboral, Procesal, Tributario). Esta frenético ritmo de cambios está obligando a los profesionales del Derecho a un gran esfuerzo para mantener actualitzada su competéncia profesional.
El TS se opone en una reciente sentencia a que en el contrato de trabajo se haga constar mediante cláusula/tipo que el trabajador presta su «voluntario» consentimiento a aportar los referidos datos personales.
El proyecto de Estatuto de la Administración Concursal prevé que el Registro Público Concursal incluirá en su página web información sobre empresas tanto en venta como en liquidación, con la intención de mejorar la publicidad sobre compañías en estas circunstancias para que mejore el número de pujas y las posibilidades de salvar unidades productivas.
La nueva regulación de esta figura pretende mejorar la calidad de los cursos para el acceso a puestos de trabajo más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito, para lo cual aparta a sindicatos y patronal de la gestión directa, que se abre a la libre concurrencia.
Se considera sociedad laboral aquella en la que la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido, sin que ningún socio pueda tener acciones o participaciones que representen más de la tercera parte del capital social.
Tras su tramitación parlamentaria, el texto introduce novedades sobre el texto presentado por el Gobierno, sobre todo en materia de "cheque formación", el papel de los agentes sociales en el sistema, los centros públicos formativos y la posibilidad de que empresas de menos de 50 trabajadores puedan agruparse para facilitar su acceso a la formación.
El TSJ del País Vasco, en sentencia innovadora, reconoce a la reciente doctrina del TJUE, sobre el concepto de centro de trabajo y método de cálculo del número de personas trabajadoras despedidas que ha interpretado el apartado 1 del art. 51 ET en conformidad con la Directiva 98/59, considerando imposible tomar como unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio obstaculiza el procedimiento de información y consulta exigido para los despidos colectivos.
La Sala de lo Social del TS ha condenado a una ETT a indemnizar a la accidentada. Reitera la doctrina de que para enervar la responsabilidad, el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá –incluso– de exigencias reglamentarias y considera que la empresa no protegió a la trabajadora “frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias”.
Presentamos las novedades incorporadas en el RD 708/2015, de 24 de julio, que adapta la normativa en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social y que avanza en la aplicación de este sistema de liquidación directa.
En el nuevo modelo de formación, surgido tras el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las organizaciones empresariales y sindicales no actuarán como gestores directos. La CECA ha decidido no presentar el próximo plan de formación y Cepyme se lo está pensando.
La nueva Instrucción de 1 de Julio de 2015 introduce una regulación complementaria para equilibrar los requerimientos del nuevo sistema instaurado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, y el derecho de los sujetos obligados a mantener la confidencialidad de determinados aspectos de la gestión empresarial, previendo los mecanismos técnicos precisos y permitiendo a los interesados decidir el grado de seguridad y confidencialidad que aplican en el cumplimento de sus obligaciones legales.
Para la Audiencia Nacional, el sistema de entrega de la nómina en papel puede ser sustituido por otros mecanismos, pero siempre que se cumplan determinadas condiciones, y que no supongan cargas adicionales para los trabajadores. En el caso resuelto por la sentencia comentada, la Sala resuelve que en tanto la empresa no solvente los problemas de acceso, debe atender a las peticiones de envío en papel de la nómina de aquellos empleados que, por las circunstancias de su puesto de trabajo no tengan acceso a un ordenador.
Un trabajador, que utilizó los mensajes como prueba documental para combatir las razones económicas alegadas por la compañía, ha sido absuelto del delito de revelación de secretos.
El nuevo Reglamento adapta el régimen de autorización y la actividad de estas empresas a las recientes y muy importantes modificaciones introducidas por la Ley 18/2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
El TJUE deberá decidir sobre si la entidad demandada desarrolla una actividad que debe catalogarse como un servicio de transporte o como un servicio propio de la sociedad de la información, y si, por tanto, es susceptible de vulnerar las normas sobre competencia española.
La Sala de lo Social del TS, rectificando su doctrina anterior, realiza una interpretación flexible y más razonable del artículo 127.2 LGSS acorde con el novedoso criterio sentado por la Justicia Europea, y considera que el mandato del precepto no solo comprende los recargos reconocidos antes de la sucesión, sino que alcanza a los que se hallan «en proceso» a la fecha de la sucesión empresarial.
Esta reforma del Reglamento de las ETT pretende adaptarlo a los cambios normativos producidos desde su publicación, adecuando su contenido a las modificaciones introducidas en el régimen de autorización y constitución de las ETT por la Ley 18/2014, e implantar además la administración electrónica en todo el procedimiento administrativo en relación con las mismas.
La selección de trabajadores en función de su edad próxima a la jubilación es un criterio adecuado y proporcionado siempre que se adopten medidas efectivas para evitar o minimizar los daños que la extinción de los contratos de trabajo produce en los afectados, de acuerdo con lo exigido por la propia legislación laboral.
Esta norma persigue ampliar y potenciar las fuentes de financiación para las empresas. Reconoce dos nuevos derechos irrenunciables de información bancaria para las pymes, mejora el acceso a los mercados de capitales flexibilizando el régimen de emisión de obligaciones e introduce la regulación de las plataformas de financiación participativa (el comúnmente conocido crowdfunding)
Según el TJUE, cuando una «empresa» incluye varias entidades, el «centro de trabajo» en el sentido de la Directiva 98/59, es la entidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido. En consecuencia, para apreciar la existencia de ese despido colectivo, procede tomar en consideración el número de despidos efectuado en cada centro de trabajo de una misma empresa.
La nueva norma regulará la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones.
Se simplifica el sector público institucional, racionalizando los tipos de entidades y organismos públicos estales y se establece un régimen completo de transformaciones, fusiones, disolución, liquidación y extinción de entidades y organismos públicos estatales.
Se creará un un inventario único y público de todos los organismos y entidades vinculados o dependientes de todas las Administraciones, que permitirá a cualquier ciudadano o empresa conocer qué organismos y entidades públicas existen en cada momento en cualquier Administración.
Una sentecia del TJUE de fecha 30 de abril de 2015, determina que es un concepto de Derecho de la UE, de interpretación autónoma y uniforme, y que no puede definirse por referencia a las legislaciones de los Estados miembros. Cuando una empresa está formada por varias entidades, el concepto de «centro de trabajo» que figura en la Directiva sobre despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que se refiere a la entidad a la que los trabajadores afectados por el despido se hallan adscritos para desempeñar su cometido.
Una sentecia del TJUE de fecha 30 de abril de 2015, determina que es un concepto de Derecho de la UE, de interpretación autónoma y uniforme, y que no puede definirse por referencia a las legislaciones de los Estados miembros. Cuando una empresa está formada por varias entidades, el concepto de «centro de trabajo» que figura en la Directiva sobre despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que se refiere a la entidad a la que los trabajadores afectados por el despido se hallan adscritos para desempeñar su cometido.
La Comunidad de Madrid requirió de la colaboración de jueces y magistrados para la implantación de este sistema y dado que la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo, se acordó una compensación económica que realizó la empresa contratada para desarrollar técnicamente este Sistema.
El Real Decreto aprobado posibilita utilizar también el DUE para poner en marcha sociedades cooperativas, civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de sociedad limitada.
El auto TJUE de fecha 28 de enero de 2015 declara compatible con la Directiva relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en traspasos de empresas, lo establecido en el artículo 149.2 y 3 de la Ley Concursal
La Sala 1ª del Tribunal Supremo en sentencia de 12 de diciembre de 2014 considera que el artículo de la Ley Concursal que permite a la Administración Pública embargar bienes de una empresa en liquidación contradice el espíritu general de esa norma.
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador por el contrato de trabajo que les vincula, aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia.
El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha dictado un auto por el que ordena la cesación y prohibición en todo el territorio nacional del denominado sistema UBER, que pone en contacto online a usuarios y conductores de la citada empresa, dado que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal.
A punto de cumplirse cuatro años desde la aprobación de la reforma del Código Penal que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis del Código Penal), todavía no se ha condenado a ninguna empresa por esta vía.
Todos sabemos lo complicado y el esfuerzo que exige para una empresa el asistir a una Feria y/o organizar cualquier evento, jornada tecnológica o desayuno de trabajo. También somos muy conscientes que, de las muchas actividades de marketing que podamos realizar este tipo de acciones son de las que resultan más caras tanto en tiempo, como en dinero como en dedicación personal. No obstante casi todos estamos de acuerdo que este tipo de eventos son uno de los mejores canales que podemos utilizar para generar nuevas oportunidades de venta y, al mismo tiempo, reforzar nuestro reconocimiento corporativo, fortaleciendo nuestra imagen empresarial.
Noticia de prueba
La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo PyME, lexicalizado como pyme, o por la sigla PME)1 es una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. También existe el término MiPyME (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del término original, en donde se incluye a la microempresa.
Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con una alta predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. Por todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una cantidad de personal.
Ajustar la flota de las empresas sin generar costes añadidos es uno de los objetivos de este plan
Elegir bien cómo se configura la flota de vehículos de la empresa es una decisión clave en un escenario de incertidumbre económica como el actual. Muchas empresas cuentan con estrategias para contener gastos, por eso es interesante optar por mantener la movilidad necesaria de su flota para desarrollar sus negocios, pero sin contraer compromisos innecesarios en estos momentos.
Dado que no se entregó a los sindicatos negociadores el censo de los trabajadores que debían de votar la aceptación la propuesta de despidos propuesta por la empresa, resulta acreditada la vulneración de la libertad sindical de los sindicatos demandantes durante el período de consultas, lo que determina la nulidad del despido colectivo aplicado, , de conformidad con lo dispuesto en el art. 124.11 LRJS.
El informe parte de entrevistas personalizadas a una muestra de 59 directores jurídicos de la empresa española, entre mayo y julio de 2014.La mayoría de las asesorías de empresa funciona por objetivos y su estructura está compuesta por un número de profesionales que no suele superar los 20 abogados, aunque existen casos en los que el equipo se compone por más de 50 expertos. Generalmente, éstos se encuentran distribuidos
por áreas de negocio o áreas geográficas, pero no por materias del Derecho.
Se trata un documento que dotará a nuestro país de un marco común de referencia para armonizar las distintas actuaciones que, en relación con la Responsabilidad Social, se están desarrollando, tanto en el ámbito público, como en el privado.
Las Pymes deberán recibir un preaviso de la entidad financieera cuando vayan a ver cancelada o sustancialmente reducida su financiación. Se regula por primera vez el "Crowfunding" o instrumentos de financiación colectiva con ánimo lucrativo a través de internet. Se flexibiliza el Mercado Alternativo Bursatil, a la vez que establece un umbral de capitalización para que las sociedades incluidas en el mismo se vean vinculadas a las normas de gobierno corporativo y se fortalecen las facultades de control y supervisión de la CNMV. Se introduce además el régimen sancionador del comercio.
La gestión del talento en los bufetes empieza a ser una cuestión capital dentro de la gestión global de una firma. A medida que los despachos de abogados van pareciéndose más a una empresa que al modelo tradicional de bufete, las estrategias en materia de recursos humanos también se van sofisticando. De ahí que las firmas se esfuercen por buscar fórmulas adecuadas para retener el talento y potenciar el capital de sus profesionales.
Después de la declaración de concurso, en cuanto el deudor concursado ya no dispone plenamente de sus bienes y derechos, sino que está afectado por la limitación de facultades patrimoniales que el juez hubiera acordado conforme al art. 40 LC, lo que hubiera convenido con su letrado respecto del precio de los servicios que debieran pagarse con cargo a la masa, no resulta oponible a la administración concursal. Por tanto, esta y, en última instancia, el juzgado, pueden entrar a valorar la cuantía de los honorarios pactados, porque esta incide directamente en la disminución de las expectativas de completa satisfacción de los acreedores, que es el fin último del concurso.
Las deudas que no ostenten naturaleza salarial han de indemnizarse con el tipo de interés legal del dinero previsto en el art. 1108 CC, mientras que tratándose de créditos estrictamente salariales se ha de aplicar el interés del 10 por ciento establecido en el art. 29.3 ET, con independencia del carácter «comprensible» o no de la oposición de la empresa a la deuda.
La carta la dirigió el delegado de un sindicato al responsable estatal del mismo en una empresa pública y en ella se expresaba el malestar y la sensación de abandono en que se encontraban los trabajadores de la región como consecuencia de la política de nombramientos de altos cargos. Por ello, las expresiones utilizadas en la carta deben entenderse como ejercicio de los derechos a la libertad de información y a la libertad de expresión comprendido en el derecho a la acción sindical.
Los expertos coinciden en la vital importancia de establecer una cultura de Compliance en las organizaciones y aplicarla en todos los procesos de negocio, entendiéndola así como una práctica preventiva, y no reactiva.
Según el presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de estratetegia legal en recursos humanos, Salvador del Rey, se trata de una sentencia de enorme trascendencia que esclarece tres importantes aspectos de la última reforma laboral: el período de prueba en el contrato indefinido de emprendedores; la inaplicación de los convenios colectivos antes del fin de su vigencia y la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial.
La sentencia del TC esclarece tres importantes aspectos de la última reforma laboral: el período de prueba en el contrato indefinido de emprendedores; la inaplicación de los convenios colectivos antes del fin de su vigencia y la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial.
El estudio muestra que la mayoría de los concursos son voluntarios y que las empresas que acceden al mismo se encuentran en una situación financiera comparativamente peor que el año anterior, pues el 77% de las mismas no podía atender la totalidad de sus deudas en menos de 25 años y que el 95% de los concursos terminaron con la liquidación de la compañía.
La sentencia considera causas de la declaración de nulidad la negociación del despido en calidad de empresario por un grupo de empresas sobre cuya constitución y efectos nunca se había informado ni negociado con los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas; la falta de información suficiente durante la negociación del periodo de consultas sobre las causas organizativas alegadas por la empresa y por “la desactivación ilícita” del derecho a la huelga de los trabajadores a través del “esquirolaje”.
Según la13ª Encuesta global sobre Fraude de la consultora Ernst &Young, casi cuatro de cada diez directivos españoles aprueba la práctica de comportamientos poco éticos, como aceptar un obsequio, aceptar un pago en metálico o hacer “la vista gorda” sobre los datos de sus estados financierospara salvaguardar su negocio
La interpretación de las normas reglamentarias en materia de protección de datos de carácter personal no puede llevar a que el responsable del "registro de morosos", esto es, la empresa titular del fichero común en el que se incluyen los datos sobre incumplimientos de obligaciones dinerarias procedentes de los ficheros de distintos acreedores, esté excluido de la obligación de velar por la calidad de los datos, y, por tanto, de cancelar o rectificar de oficio los que le conste que sean no pertinentes, inexactos o incompletos. Como responsable del tratamiento de los datos obrantes en el registro de morosos del que es titular, le compete atender la solicitud de cancelación o rectificación del afectado cuando la misma sea suficientemente fundada porque los datos incluidos en el fichero no respetan las exigencias de calidad derivadas de las normas reguladoras del derecho. Y por las mismas razones ha de responder de los daños y perjuicios causados al afectado cuando se hayan incumplido estas obligaciones.
El convenio tiene como objetivo proveer a la pequeña y mediana empresa de unas herramientas, mediación y arbitraje, que permitan una mayor seguridad y agilidad en la resolución de sus conflictos mercantiles, evitando los graves problemas que padecen las pymes por la falta de alternativas jurídicas y por los dilatados plazos de la justicia, que en muchos casos hacen inviable la continuidad de las empresas.
El texto sustuirá al Código del Comercio vigente que se promulgó en 1885. Su eje es el concepto de mercado, ámbito en el que se entablan relaciones jurídico-privadas entre los protagonistas del tráfico de bienes y servicios. Regula instituciones que no tenían normas específicas como la empresa y los negocios sobre la misma o modalidades contractuales muy extendidas en la actualidad. Compila las numerosas leyes que se han ido promulgando sobre el mercado desde hace casi 130 años, como algunos tipos de contratos y las normas sobre contabilidad de los empresarios.
El Gobierno ha elevado a consulta pública el Borrador de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas elaborado por el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). El texto del borrador se encuentra en la página web de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde se ha habilitado un buzón de correo electrónico al que los ciudadanos pueden enviar sus aportaciones y/o sugerencias.
Aunque las bases de datos de los clientes son los documentos más vulnerables para las empresas, el 46% de los trabajadores despedidos se lleva presentaciones; el 21% propuestas, el 18% planes estratégicos, y otro 18% se lleva información de un producto cuando su empresa le despide.
La Resolución de la TGSS de 15 de mayo aplaza hasta el 31 de julio el plazo de liquidación e ingreso de los nuevos conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social introducidos por la disposición final tercera del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre --vales de comida, guarderías, seguros médicos colectivos o aportaciones de la empresa al plan de pensiones--.
Con este nuevo sistema, es la Seguridad Social la que envía cada mes a las empresas un borrador parecido al que envía Hacienda para el IRPF, en el que constaría el detalle de la cotización que deberían pagar por cada trabajador y la cantidad total por todos ellos; información que está en todo momento disponible on line para su consulta por parte de los trabajadores y los empresarios. La empresa solo deberá verificar que la información sea correcta y confirmarla para que se efectúe el pago.
Los abogados podrán implantar en sus despachos Puntos de Atención al Emprendedor (puntos PAE) integrados en el sistema del Centro de Información y Creación de Empresa (CIRCE), gracias a un convenio suscrito entre el Consejo General de la Abogacía y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El Consejo Europeo ha aprobado la reforma del Reglamento sobre los requisitos específicos para la auditoría legal en las Entidades de Interés Público (EIP) y sobre la modificación de la Directiva de auditoría, tras el visto bueno del Parlamento Europeo del pasado 3 de abril.
Licencias de inicio de actividad, papeleos, normativas, regulaciones, registro mercantil, LOPD, LSSI (o LSSICE), son conceptos y leyes que los autónomos, emprendedores, y micropymes conocen de primera mano, y no precisamente por su facilidad o su transparencia a la hora de tramitarlos o cumplirlos.
Según diferentes estudios analizados por voydelegal.com, España es uno de los países en los que se tienen que dar más pasos para crear una empresa, pasos que pueden verse complicados por la gran cantidad de normas legales existentes y que suponen un problema añadido para el que las tiene que cumplir, ya que no siempre son fáciles de entender. Actualmente España ocupa el puesto 142 en facilidad para crear empresas de los 189 países que conforman el ranking del Banco Mundial.
Las trabas legales y el tiempo que implica tratar de cumplirlas, a veces incluso meses, son las que impiden iniciar el negocio mientras el emprendedor sigue pagando los gastos durante todo el tiempo que dura el proceso. Esta duración es un claro elemento desincentivador para crear empresas.
Aunque en menor medida que la duración, también es importante el impacto de los costes económicos de los trámites. Muchos emprendedores están de acuerdo con que “cumplir un trámite puede ser tan costoso económicamente que incluso te planteas si vale la pena crear la empresa”.
Demasiadas leyes, con medidas que no se entienden, o procedimientos poco claros que nunca acaban de disipar las dudas sobre si la empresa está cumpliendo la ley o bien está expuesta a las multas y sanciones contempladas.
En este sentido, para tratar de facilitar el cumplimiento de la ley, Voydelegal.com ha lanzado la campaña ‘Menos Trabas’, una iniciativa que trata de sumar seguidores entre todos aquellos autónomos, emprendedores, y micropymes que quieran cumplir la ley de una forma sencilla y rápida. Esto es posible porque según explican desde su web: “A partir de los principios básicos de cada normativa, hemos conseguido simplificar la ley, mediante una serie de procesos fáciles y transparentes”.
Y es que pese a todo, simplificando trámites, hoy en día es posible emprender en España. A través de la web www.voydelegal.com, es posible encontrar más información sobre esta iniciativa y la campaña correspondiente.
El número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 3,7% en febrero respecto al mismo mes de 2013, hasta sumar 8.976 empresas, encadenando así su tercer repunte interanual consecutivo tras el del pasado mes de diciembre.
La administraciones públicas madrileñas, estatal, autonómica y municipal han firmado este lunes un protocolo para promocionar la implantación en los ayuntamientos de la región del sistema Emprenda en 3.
La norma establece una "lista negra" de servicios que las auditoras tendrán prohibido ofrecer a las compañías a las que auditen, en particular todos los relacionados con asesoría fiscal y los ligados a la estrategia financiera y de inversión. Se impone la rotación obligatoria de las auditoras cada 10 años, ampliables. Los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para aplicar la mayoría de las disposiciones, salvo las restricciones a los ingresos no relacionados por la auditoría, que entrarán en vigor en tres años.
Según la multinacional británica Hays, el abogado de empresa es la posición más demandada en el ámbito laboral-legal. Las empresas demandan cada vez más letrados para sus asesorías jurídicas con el objetivo de reducir costes y apoyar su proyección internacional, por lo que reclaman abogados con idiomas y experiencia en el extranjero. El abogado de despacho, por su parte, ha visto como su crecimiento profesional se frenaba en seco.
El pasado martes 26 de marzo, en la Sala Europa de la Sede de las Instituciones Europeas en España, se celebró la conferencia “La Unión Europea y la Mujer”, organizada por la Asociación Alemana de Mujeres Juristas en España (djb) y patrocinada por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la empresa de traducciones Noraktrad.
Estas tres nuevas plataformas de trabajo y consulta para profesionales de la asesoría y la empresa ofrecen respuesta inmediata a las búsquedas de información de cada materia. Su potente buscador ha sido valorado como “el mejor del mercado” en todas las pruebas reales con asesores profesionales. Los contenidos están integrados con la Solución de Gestión A3Asesor, lo que mejora exponencialmente la productividad, eficiencia y rentabilidad del despacho.
El pleno de la Eurocámara acordó ayer martes la elaboración de una nueva norma para combatir el blanqueo de dinero que obligaría a que los propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en registros públicos en los Estados miembros.
El Tribunal Constitucional ha declarado «inconstitucional y nulo» el art. 16.8 Real Decreto 1529/2012, que desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje, al entender que invade competencias autonómicas. Dicho artículo atribuía al Servicio Público de Empleo Estatal la competencia para autorizar la actividad formativa que una misma empresa pretenda realizar en más de una comunidad autónoma.
En el nuevo Registro Público concursal (www.publicidadconcursal.es) se podrá acceder de una manera centralizada a toda la información pública sobre los trámites procesales, extrajudiciales y registrales relativos a una empresa o entidad que se encuentre en concurso de acreedores, recopilando la información remitida por secretarios judiciales, procuradores, registros mercantiles, notarios y otros registros.
La antigüedad media de los expedientes pendientes de tramitar por el Fondo de Garantía Salarial es de siete meses, con algunos casos excepcionales que datan de 2012. A 30 de septiembre de 2013 había pendientes de resolución 181.579 expedientes, registrándose los mayores retrasos son Barcelona (37.588), Madrid (33.800) y Valencia (26.547). Para paliar la situación se han encomendado a la empresa pública estatal Tragsatec algunas labores de apoyo e instrumentales al Fondo.
El próximo jueves 6 de febrero tendrá lugar la II Jornada de Internacionalización de empresas organizada por Lawyerpress. Estará presentada por D. Carlos Espinosa de los Monteros y se centrará en las relaciones comerciales con China, México, Colombia, Rusia y Emiratos Árabes. La estructura del evento busca facilitar los contactos directos entre empresas y asesores de forma muy práctica.
Publicada la OM ESS/2518/2013, de 26 de diciembre por la que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de restructuración de empresas. Estas ayudas están destinadas a atender situaciones de urgencia y necesidad sociolaboral y paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de restructuración de empresas con cese total o parcial de la actividad.
El número de empresas con código de cuenta de cotización en la Seguridad Social alcanzó el pasado noviembre de 2013 los 1,3 millones, lo que supone un crecimiento del 0,51% respecto al mismo mes de 2012, el del primer incremento interanual desde el comienzo de la crisis.
Entre sus principales novedades destacan que la junta de accionistas aprobará la política de remuneraciones con carácter vinculante, al menos cada tres años; se reduce del 5 por 100 al 3 por 100 el capital necesario para ejercer los derechos de las minorías y el cargo de administrador deberá ejercerse por un período máximo de cuatro años, frente a los seis actuales.