La Sala determina que resulta nula –por confiscatoria- una liquidación del impuesto municipal sobre plusvalía cuando –a pesar de producirse el hecho imponible del tributo- la cuota resultante de la aplicación de la ley coincide completamente con el incremento de valor acreditado por el contribuyente
No cabe la nulidad de pleno Derecho al no integrar la declaración de inconstitucionalidad parcial del impuesto un supuesto de nulidad radical de los actos de liquidación
El tribunal declara inconstitucional el artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004,con el alcance previsto en el Fundamento jurídico quinto a) de la sentencia, esto es, cuando resulte confiscatorio.
La plusvalía debe liquidarse cuando se vende un inmueble con incremento del valor catastral. Pero, ¿qué ocurre cuando lo liquidado supera el valor de las ganancias obtenidas en la venta? El Supremo presenta la duda al Constitucional, en lo que supone un nuevo capítulo sobre la legalidad del controvertido impuesto.
El importe de la base imponible del IIVTNU lo constituye el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el número de años de generación del incremento y por el porcentaje anual corresponda. Aunque la fórmula propuesta por la sentencia recurrida pudiera ser una opción legislativa válida constitucionalmente, no cabe que sustituya a la establecida legalmente en los preceptos que han quedado en vigor tras la STC 59/2017.
La cuestión que se eleva al TC es la de determinar si la falta de valoración de la capacidad económica en la cuota tributaria, es posible en tales supuestos, porque parece ser indiferente para el legislador que el beneficio obtenido por el contribuyente respeta los principios recogidos en el artículo 31 de la Constitución.
El TRLHL no exige que la transmisión en que consiste la dación se haga a favor de la misma entidad de crédito, por lo que el Ayuntamiento no puede excluir de exención a aquellos supuestos en los que la misma acreedora admita o imponga, sin alterar el carácter extintivo de la dación, la transmisión a un tercero designado a su voluntad.
El Tribunal Supremo determina el alcance de la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía y establece que se puede liquidar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en los casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Tras la denuncia en los juzgados de Las Palmas contra el Ayuntamiento de Arucas, los tribunales estiman válidas las pretensiones de unos vecinos.
Hablamos de suelos urbanos sin desarrollar que han sido valorados como urbanos y que, por tanto, generan cuantiosos recibos de IBI y liquidaciones de Plusvalía. Las actuales vías de reclamación administrativa y de litigios contencioso-administrativos no están dando los resultados apetecidos en orden a acabar con esta lacra, sino que se presume que esta problemática, ciertamente injusta, y me atrevo a decir inconstitucional, se dilatará enormemente en el tiempo.
La Sala de lo Contencioso Tribunal Superior de Justicia de Navarra resuelve el primer recurso de casación autonómico, que crea jurisprudencia en Navarra en esta materia y dictamina que todas las liquidaciones que ya han sido impugnadas, o que estén en el plazo de serlo, del impuesto que grava las plusvalías con la anterior legislación, que fue declarada inconstitucional, son nulas al haber quedado “huérfanas de de amparo legal”.
La sentencia del juzgado canario obliga al organismo público a devolver el impuesto a una mujer que lo pagó tras heredar varios inmuebles basándose en la declaración de inconstitucionalidad de una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales. El tribunal toma esta decisión sin necesidad de probar si las propiedades se habían revalorizado.
Los ayuntamientos deberán modificar, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la nueva regulación, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el nuevo texto.
El TSJ de la Comunidad Valenciana establece en cuanto al pago del IIVTNU que es el contribuyente quien debe probar que no ha habido incremento del valor del terreno y por tanto no existe hecho imponible. Una vez aportadas las pruebas de ello, se traslada la carga de la prueba a la Administración que cuestiona la disminución de valor alegada, para que demuestre que sí existe plusvalía.
El Tribunal de Justicia de Madrid considera que no se puede dejar al arbitrio de la administración la aplicación del impuesto
La Sentencia del TC sobre la plusvalía municipal está provocando dos tipos de interpretaciones por parte de los Juzgados.
Según establece el juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena, que ha dictado recientemente dos resoluciones por las que se condena al Ayuntamiento de Cartagena a devolver las plusvalías de la venta de terrenos urbanos, tras la sentencia que declara la inconstitucionalidad del cálculo de este impuesto, no es el contribuyente sino la Administración quien debe probar el incremento de valor.
El Defensor del Pueblo, a la vista de los últimos procedimientos constitucionales, ha insistido en la reconsideración de las Recomendaciones, modificar la fiscalidad de las operaciones de transmisión de inmuebles cuando se hubiesen realizado a pérdidas, que fueron rechazadas en su momento.
Después de anular los preceptos correlativos en las normas fiscales forales, el Tribunal Constitucional ha dictado la esperada sentencia sobre la regulación estatal de esta impuesto, estimando la cuestión de inconstitucionalidad que había interpuesto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jerez de la Frontera contra el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por posible infracción del principio de capacidad económica del artículo 31 CE.
El Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, de 28 de marzo, adapta la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la reciente STC 37/2017, de 1 de marzo, que declaró inconstitucionales determinados artículos de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, en la medida en que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor.
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha decidido acomodar, mediante el Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, su regulación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a lo establecido en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 26/2017, El decreto foral-norma entró en vigor el 31 de marzo de 2017.
El alto tribunal vuelve a pronunciarse en el mismo sentido que en el primer fallo, insistiendo en que “en ningún caso se puede establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, declara inconstitucionales y nulos los preceptos que regulan este impuesto en Gipuzkoa, únicamente en la medida que sometan a tributación situaciones en la que no exista incremento de valor, pues la mera titularidad de un terreno durante un determinado período temporal produce, conforme a la Norma Foral, en todo caso y de forma automática, un incremento de su valor.
Las recientes actualizaciones del valor catastral, que afectan a 2.452 municipios en España, tendrán una repercusión inmediata en la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pero, no solo en este impuestos. El autor del Artículo, David García Vázquez, Responsable Fiscal de Ayming, enumera los impuestos afectados por este "catastrazo".
La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ Comunidad Valenciana ha anulado una liquidación por el IIVTNU al considerar que, según su valor de adquisición conforme a la escritura de compra, se ha producido una evidente depreciación del bien en el momento de su transmisión.
La Sala Primera del Tribunal Supremo con su Sentencia de 17 de marzo de 2016 ha consolidado su criterio relativo a que la cláusula por la que se repercute el impuesto de plusvalía al consumidor es indiscutiblemente abusiva cualquiera que sea la fecha de celebración del contrato, incluso si es anterior a la entrada en vigor de la Ley 44/2006 de 29 de diciembre de Mejora de la Protección de los Consumidores, por la que esta cláusula se declaró "en todo caso" abusiva. El presente artículo estudia el tratamiento que a la cuestión han brindado las Audiencias Provinciales, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Rectificando su doctrina anterior, el TS entiende que, a efectos de superación del límite de rentas para el cobro de la prestación, no cabe considerar renta o ingreso computable el importe total del Plan de Pensiones rescatado, sino, en su caso, la plusvalía o ganancia que ha generado dicho Plan.
El TS matiza que en los casos de adjudicación al ejecutante del bien ejecutado por la mitad del valor de tasación, solo podrá advertirse un enriquecimiento injusto del ejecutante cuando, tras la adjudicación, y en un lapso de tiempo relativamente próximo, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía muy relevante, pues este hecho mostraría que el crédito debía haberse tenido por satisfecho en una proporción mayor.
El TJUE ha establecido que, para apreciar la existencia de un «desequilibrio importante» que determine el carácter abusivo de una cláusula contractual, no se requiere que los costes puestos a cargo del consumidor tengan una incidencia económica importante para éste en relación con el importe de la operación de que se trate, sino que basta con que se produzca una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que ese consumidor se encuentra, como parte en el contrato, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere ese contrato, o bien de un obstáculo al ejercicio de éstos, o también de que se le imponga una obligación adicional no prevista por las normas nacionales; como puede ser imponer comprador el pago del IMIVBNU o del alta individualizada en los distintos suministros tales como agua, gas, energía eléctrica,