La Orden SND/326/2020, de 6 de abril, autoriza a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a establecer las garantías sanitarias exigibles y a valorar las ofrecidas por cada fabricante. El Estado asume la responsabilidad patrimonial que del uso de estos productos pudiera derivarse, siempre que hayan sido entregados al Ministerio de Sanidad para la atención de los afectados por la pandemia sin la obtención de ningún beneficio empresarial.
El objeto de este artículo es una búsqueda de la configuración del derecho concursal, determinar su origen para poder entender sus líneas fundamentales. Concretamente perfilar la legislación concursal como un conglomerado de excepciones al principio de responsabilidad patrimonial universal; excepciones fundadas no sólo en una adecuada protección de los derechos de los acreedores sino también en los intereses del deudor
El Tribunal de Justicia confirma la concurrencia de los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración local, al haber actuado de manera errónea en el cese injustificado de funcionaria de carrera, considerar acreditados los daños y perjuicios alegados, y modifica la indemnización reconocida en la instancia, señalando la nueva que corresponde a la perjudicada.
No es necesario esperar a la previa declaración formal de incapacidad establecida en vía administrativa o judicial, porque los efectos de ésta se despliegan exclusivamente en el ámbito laboral.
Pese a no mediar aún contrato laboral o precontrato, entiende la Sala que la competencia es del orden social para conocer esta reclamación de cantidad por los salarios dejados de percibir, no tratándola como si fuese una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración.
El TSJ Canarias confirma plenamente una sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso que condenó al Servicio Canario de Salud a pagar 1.300.000 euros más los intereses legales a los padres de un niño que nació con una grave mutación genética tras error en el diagnóstico prenatal.
El Supremo fija criterio al resolver el recurso de una empresa, beneficiaria en su día de las denominadas "vacaciones fiscales vascas" que se vio obligada a su reintegro con intereses, y que reclama por ello una indemnización por parte de la Diputación Foral de Álava por responsabilidad patrimonial.
El Tribunal Supremo determina el momento de inicio del cómputo del plazo anual de prescripción para la reclamación de la responsabilidad patrimonial derivada de la anulación jurisdiccional de un acto o disposición determinante.
Determinación del momento de inicio del cómputo del plazo anual de prescripción para la reclamación de la responsabilidad patrimonial derivada de la anulación jurisdiccional de un acto o disposición determinante de la demolición de un inmueble.
El Tribunal Supremo obliga a la Administración a cumplir el Dictamen de la CEDAW, de 16 de julio de 2014, que obligó al Estado a que otorgara una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos por no haber cumplido con su deber de diligencia en relación con los hechos que llevaron al asesinato de la menor.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho a cobrar una indemnización de 500.000 euros a un preso que quedó en situación de gran invalidez tras sufrir una grave infección por entender que se habría evitado o minorado el resultado de su lesión si le hubiesen realizado un diagnóstico distinto al que hicieron los médicos del centro penitenciario donde estaba ingresado.
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de cuatro ciudadanos que reclamaban una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado que se derivaría de los perjuicios que les causó la privación de valor de los billetes emitidos por el Banco de España, bajo el Gobierno de la República, desde el 18 de julio de 1936, que se acordó en un Decreto Ley de 12 de noviembre de 1936 por la Junta del bando 'nacional' con sede en Burgos.
Para entender el papel del litisconsorcio pasivo en el orden contencioso-administrativo es necesario superar las carencias de la ley reguladora de esta jurisdicción, en una precisión conceptual que nos permitirá conocer su alcance, determinando tanto su necesariedad como la eventual exclusión de otros órdenes de la jurisdicción. La figura del codemandado presenta una íntima relación con el instituto de la responsabilidad patrimonial, lo que exige analizar su intervención desde el mismo procedimiento administrativo. Del mismo modo, se destacan las peculiaridades del pronunciamiento de la sentencia en relación a los codemandados, con expresa mención a las costas procesales.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del TS declara la responsabiliad de la Administración por el mal funcionamiento de la administración penitenciaria, que debió extremar la vigilancia ya que la noche anterior había tenido lugar otra discusión entre los mismos internos, de la que no dió parte el funcionario correspondiente. El preso murió como consecuencia de los golpes recibidos al intentar mediar en una pelea que mantenían otros dos reclusos en el centro penitenciario de Torredondo (Segovia), en octubre de 2009.
Debido a un fallo técnico en la conservación de los embriones, la mujer no puedo repetir el tratamiento al que fue sometida para intentar ser madre, tras el fallecimiento de su esposo debido a un padecimiento oncológico. No obstante su reclamación es estimada en parte, porque cuando solicitó nuevo tratamiento, ya habían transcurrido los 12 meses previstos legalmente para la utilización del material reproductor del marido.
El autor reflexiona sobre las dos vías propuestas en el título para evitar una ejecución ejecución hipotecaria por la cuantía no satisfecha en subasta. Así comienza analizando una reciente sentencia (sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, de 7 de diciembre de 2016) que ha considerado como abusivas determinadas cláusulas de un préstamo hipotecario que afectaban a la responsabilidad del deudor y de los fiadores, dando paso a una supuesta dación en pago por vía judicial. Así mismo, relaciona la jurisprudencia existente respecto de la posibilidad de aplicar en estos casos la doctrina del enriquecimiento injuto.
Dos sentencias de la Sala de lo Contencioso dan la razón a la petrolera
El titular del juzgado nº 10 de lo mercantil de Barcelona resolvió el pasado 7 de diciembre anular por falta de transparencia la cláusula de un contrato de hipoteca de Bankia donde se contemplaba la responsabilidad personal y patrimonial de los hipotecados.
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverán a visitarnos esta tarde en una Cabalgata que es tan tradicional como, a veces, polémica. Os ofrecemos un resumen de las sentencias más curiosas de casos en los que la Administración Local, e incluso el rey Baltasar, han sido demandados por los los típicos percances, como los temibles "caramelazos", a los que uno se expone al acudir a estos acontecimientos multitudinarios.
Advierten que las dificultades de una actuación eficaz del Ministerio Fiscal en los expedientes digitales, como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración.
Según el criterio fijado al respecto por el TS, la actividad de producción de electricidad a través de este régimen especial ofrece una rentabilidad razonable (en el entorno del 8 por ciento anual), que excluye que el daño sea real y antijurídico.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso del TS de fecha 21 de julio de 2015, ha desestimado el recurso interpuesto, en el que se reclamaba la indemnización por prisión preventiva indebida y los daños derivados de la misma, por no haber seguido el procedimiento legalmente marcado para hacer valer el error judicial.
La Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia de fecha 3 de octubre de 2014, en la que declara que se ha producido una infracción de la lex artis.