Algunos profesionales liberales y otros colectivos no pueden acceder a la asistencia sanitaria gratuita porque no están dados de alta en la Seguridad Social. De hecho, de las 200.000 personas que no pueden acogerse a la Sanidad Pública en nuestro país, 65.000 son abogados, lo que representa un 30 por ciento.
Para analizar el problema y ofrecer alternativas, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la Mutualidad General de la Abogacía han celebrado una Jornada sobre "Abogados y Asistencia Sanitaria Universal", que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Madrid. En el encuentro participaron el catedrático de Derecho del Trabajo de la UCM, Alfredo Montoya Melgar y el consejero de Sanidad y Consumo de España ante la Unión Europea Francisco Sevilla Pérez.
Los ponentes coincidieron en que las leyes recogen expresamente el derecho constitucional a recibir asistencia pública universal y gratuita, pero que es necesario llevarlo a la práctica sin más demoras, eliminando las trabas que actualmente existen. Según Montoya Melgar, "pese a tantos y tan proclamados propósitos, hoy la Asistencia Sanitaria Pública sigue sin ser universal ni gratuita ya que algunos colectivos que no están incluidos en el campo de aplicación de la Seguridad Social no pueden acreditar falta de recursos y están desprotegidos". Este es el caso de los abogados encuadrados en la Mutualidad de la Abogacía, que para beneficiarse de las prestaciones sanitarias deben satisfacer las correspondientes primas a la Mutualidad.
Además, el profesor Montoya Melgar denunció que "llevamos un cuarto de siglo de situación transitoria a lo largo del cual la Seguridad Social sigue siendo el básico prestador de la asistencia sanitaria". Una situación que, si bien en un principio se debió a "motivos económico-financieros, ahora continúa por pura inercia" y que supone "un agravio comparativo y vulnera el principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de nuestra Constitución, ligado inevitablemente a los principios de universalidad y gratuidad". Para el profesor lo ideal sería "una solución global y definitiva con una universalidad práctica y que afecte a todo el mundo que pasa por acabar con el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y una financiación de la Sanidad a través de los impuestos".
Por su parte, Francisco Sevilla Pérez, subrayó durante el encuentro que la solución a ese agravio comparativo que señalaba Alfredo Montoya requiere "una decisión política clara que no se ha adoptado hasta ahora porque se han complicado las relaciones entre Seguridad Social, Sistema Nacional de Salud y Comunidades Autónomas que no han permitido el abordaje global". Una decisión, indicó, que llevaría a la universalización de la sanidad "bien como derecho de la ciudadanía o como prestación no contributiva dentro de la Seguridad Social". Afirmó que "los ciudadanos sin cobertura pública en la actualidad son una minoría" y que su situación "atenta contra varios principios constitucionales".
Para Sevilla Pérez, nuestro Sistema Nacional de Salud es "uno de los mejores del mundo, conlleva un gasto sanitario relativamente bajo, crea empleo, y, según las encuestas, es un sistema con el que los ciudadanos están contentos".
