El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechaza eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen tras la publicación del Real Decreto-ley 1/2015, que las eliminó para las personas físicas, pero las mantuvo para las personas jurídicas, incluidas pymes y ONGs.
Catalá no descarta, incluso, que dichas tasas puedan sufrir un incremento durante la próxima legislatura, tras analizarse los costes reales que el uso de la Justicia por estos colectivos está generando.
Adecuar las tasas a su objetivo
Según ha manifestado Catalá en una entrevista concedida a Europa Press, el objetivo es que las tasas se adecuen en lo más posible "a su concepto natural que es la financiación por un particular de un servicio público del que hace uso singularmente".
"A nadie se nos ocurre pensar que las autopistas de peaje las paguemos con los impuestos de los que no pasan por las autopistas, pagan los que las usan, explica el titular de Justicia. Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada, no se paga con los impuestos municipales de los que no usan las piscinas, por citar dos ejemplo coloquiales".
Por ello, la eliminación de estas tasas no entra dentro de la agenda de reformas del PP para la próxima legislatura. Catalá se opone a que los impuestos de los españoles financien al cien por cien la Justicia, "más allá del servicio público de la justicia que tiene un elemento de tutela de derechos".
"Pero insisto en que hay muchas entidades que acuden a la Justicia y que tienen pleitos de volúmenes económicos muy importantes de litigios entre empresas, por ello tiene sentido que existan las tasas de personas jurídicas", ha añadido.
Cuestión diferente, según Catalá, es que puedan discutirse otros aspectos como el concepto de la temeridad para ser condenado en costas o las cuantías concretas que se cobran. "Pero creo razonable en términos democráticos que con los impuestos de los ciudadanos no se esté pagando un sistema de cobros que tienen las empresas a través de las reclamaciones judiciales", ha insistido.
Justicia sin papeles desde el próximo uno de enero
Sobre la obligatoriedad de las comunicaciones telemáticas entre los operadores judiciales a partir del próximo 1 de enero, el ministro reconoce la existencia de "inquietud" en el sector por el hecho de que el plazo se vaya a fijar por Ley, lo convierte en algo de obligado cumplimento.
En efecto, esta medida está previsto que se incorpore en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se aprobará a principios de septiembre, que incluirá la obligatoriedad de que los profesionales de la Justicia se relacionen de forma electrónica desde el 1 de enero de 2016. Tras su aprobación por el Congreso a comienzos del pasado mes de julio, se prevé que en su tramitación en el Senado se introduzcan las propuestas del CGPJ y se están valorando las peticiones de la Fiscalía.
"Es un paso importante, sin duda, pero tampoco es un paso extraordinario en términos de tecnología, hoy usamos todos el correo electrónico con naturalidad", ha apuntado el titular de Justicia.
"Lo que nos está pasando es que los profesionales del mundo de la justicia somos todos ciudadanos digitales, utilizamos las tecnologías en nuestra vida cotidiana, compramos por Internet, mandamos correos, mandamos archivos electrónicos como cualquier ciudadanos del año 2015 y cuando vamos a trabajar, llegamos al juzgado y nos dejamos al ciudadano digital en la puerta y entra el funcionario del siglo XIX", explica Catalá.
Por ello cree que la entrada en vigor de la ley no supondrá más que "convertir, dentro de la oficina digital, lo que es normal en la sociedad española". Apunta además que las tecnologías están en proceso de implantación en los juzgados desde hace años, que en 2015 se ha redoblado el presupuesto de la Justicia hasta 51 millones para dedicarlo a cuestiones tecnológicas y el año próximo se ampliará esta dotación.
Expurgo de documentos antiguos
Preguntado sobre qué se hará con el papel acumulado todos estos años Catalá ha explicado que hay que custodiarlos, si bien en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se ha incorporado un artículo que habilita a las Administraciones Públicas, comunidades autónomas y al Estado a llevar a cabo lo que se denomina el expurgo, de los documentos, es decir, la destrucción de los que ya no estén vigentes.
"Lo que hemos hecho ha sido agilizar esa operación que lleva a la destrucción de muchos documentos que se refieren a procesos que están terminados, que ya están superado un plazo que impide que haya ningún tipo de recurso, evidentemente", señala.
Se archivarán como "elementos históricos" los que "por su naturaleza tiene algún carácter singular", pero todos los procedimientos ordinarios se irán destruyendo. "Creo que también ganaremos en mucha eficacia y no tendremos el coste, que en muchas veces es un coste altísimo, de alquiler de almacenes para tener guardados papeles que no tiene ningún valor", apunta el titular de Justicia.
