El nuevo sistema de comunicación por  medios electrónicos entre los profesionales y la Administración de Justicia generará dudas e  incertidumbres los primeros días de su utilización, pero el Gobierno confía en que se superarán gracias a los medios y recursos dispuestos para ello.

Así lo ha manifestado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en una rueda de prensa celebrada en la sede de su departamento, a pocos días de la entrada en vigor de la obligatoriedad del empleo del nuevo sistema.

Plena disponibilidad en territorio del Ministerio de Justicia

Según Catalá, el uno de enero de 2016 el sistema electrónico de comunicaciones estará disponible en todo el territorio competencia del Ministerio de Justicia, para todos los órdenes jurisdiccionales, incluido el penal.

Esta primera fase solo prevé las comunicaciones, no la gestión procesal completa por medios electrónicos, que no llegará hasta el 7 de julio del próximo año.

En cuanto a las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia, aquellas que han solicitado la colaboración del Ministerio para la implantación del nuevo sistema, también estarán en disposición de contar con él para el primer día de enero.

Aquellas otras que han optado por desarrollar sus propios sistemas, o que no han solicitado la colaboración del Ministerio, como Canarias, Cantabria, Cataluña o País Vasco, ofrecerán un servicio limitado solo a las jurisdicciones civil, social y contenciosa, excluyendo la penal.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la disponibilidad del servicio será, por el momento, muy limitada, pues todavía no disponen de los medios necesarios para soportar este sistema de comunicaciones.

Los profesionales no estarán obligados a utilizar medios de los que no disponen

En esta situación, Catalá se mostró confiado en que el nuevo sistema de comunicaciones pueda utilizarse por los profesionales, en mayor o menor medida, en la mayoría del territorio nacional, para los procedimientos de nueva entrada a partir del uno de enero.

Pero en este proceso debe primarse el derecho a la tutela judicial efectiva y de acceso a la Justicia de los ciudadanos y, por ello, no se podrá exigir a los profesionales que utilicen lo que no existe.

No habrá problemas de capacidad

A preguntas de los periodistas, Catalá descartó que la capacidad del sistema, actualmente limitada a 10Mb, vaya a ser un problema. “El sistema no va a colapsar por un problema de capacidad”, afirmó.

“Ya se amplió de los 6 Mb iniciales a los 10 actuales y, si es necesario, se aumentará nuevamente a 12 o a los que resulten necesarios”.

Integración de la Fiscalía

Catalá señaló igualmente que la Fiscalía está en fase de integración con este nuevo sistema de comunicaciones, si bien resaltó que el orden penal, por sus características, es de integración más compleja.

En todo caso, informó de que se van a establecer buzones electrónicos en todas las fiscalías y de que hay un proyecto para todas las del territorio competencia del Ministerio.

Sobre este tema, señaló, se está trabajando con gran coordinación, así que confía en que pronto el sistema estará disponible en todo el territorio nacional.

Actuaciones realizadas hasta la fecha

En relación con las comunidades autónomas transferidas, Catalá recordó que, desde que se anunció en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) de Las Palmas del 25 de febrero de 2015, se han celebrado más de una treintena de reuniones con objeto de abordar la hoja de ruta para impulsar las comunicaciones electrónicas desde el 1 de enero de 2016. Además, ha recordado que se han firmado convenios de colaboración con estas comunidades autónomas por un importe de seis millones de euros y que en 2016 se destinará la misma partida económica para seguir apoyando los diferentes programas de reforma de la Administración de Justicia.

La colaboración institucional se ha visto también reforzada con la creación de la Comisión para la Justicia Digital, presidida por el ministro de Justicia y en la que han participado a través de reuniones semanales representantes de todos los ámbitos y colectivos afectados.

Concretamente, y en relación con los profesionales de la Justicia, se han celebrado reuniones bilaterales, técnicas e institucionales, orientadas a resolver las cuestiones más relevantes, sensibilizar e informar a los distintos colectivos.

Catalá destacó también que en materia tecnológica, el Ministerio de Justicia ha llevado a cabo las acciones necesarias para adaptar las diferentes aplicaciones a las exigencias de la implantación de las comunicaciones electrónicas en todos los órdenes jurisdiccionales y para todos los colectivos. Así, se ha actualizado el sistema de gestión procesal Minerva y el sistema LexNET, que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas transferidas como medio de comunicación telemática. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña (solo para el envío de notificaciones), Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia ya lo utilizan, mientras que el País Vasco está trabajando en la integración de su sistema de gestión procesal con LexNET y Cantabria, Navarra y Cataluña (para presentación de escritos) disponen de un sistema propio.

Dotación de medios

Para la ampliación de LexNET a todo el territorio, Catalá recordó que el Ministerio de Justicia ha habilitado más de 125.000 buzones para profesionales y tras ofrecérselo a todas las CCAA, se han habilitado más de 500 buzones con el objetivo de que existan en todo el territorio puntos donde presentar electrónicamente los escritos. Además, se ha ampliado la capacidad del buzón para permitir el envío de mensajes de hasta diez megas y se ha desarrollado la aplicación LexNETAPP para ayudar a los profesionales a recibir de forma ágil y en tiempo real la información acerca de las notificaciones y escritos presentados a través de este sistema.

Por otro lado, se ha llevado a cabo la adaptación del visor de expedientes electrónicos y una aplicación de firma electrónica para jueces y letrados de la Administración de Justicia.

En cuanto a la provisión de medios técnicos, el Ministerio de Justicia ha realizado el suministro e instalación de los elementos de hardware y software necesarios a los usuarios de los órganos judiciales, fiscalías, Institutos de Medicina Legal e Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses y se han instalado más de 7.000 pantallas, 640 ordenadores, 2.300 tarjetas gráficas, 1.700 impresoras y 500 escáneres en los órganos del ámbito de su competencia.

Rafael Catalá ha enumerado asimismo las actuaciones en materia de gestión del cambio que han sido necesarias llevar a cabo con el personal de la Administración de Justicia y que han permitido capacitar a 9.874 profesionales en un total de 1.127 acciones formativas en modalidad presencial, online y mixta. Todo el material formativo se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas transferidas con el fin de que puedan utilizarlo en sus respectivos territorios.

Centro de Atención al Usuario

Catalá ha apuntado que, con el objeto de atender las incidencias de tipo tecnológico que puedan surgir a partir del 1 de enero, se ha reforzado el equipo del Centro de Atención al Usuario del Ministerio de Justicia con 17 nuevos miembros. Además, cada una de las sedes judiciales provinciales contará con una persona para atender las dudas y consultas que surjan.

Además, para informar a profesionales y ciudadanos el Ministerio de Justicia ha habilitado un nuevo canal web que incorpora un mapa interactivo sobre la situación del proceso de implantación de las comunicaciones electrónicas en cada comunidad autónoma, así como un canal de consulta a través de Twitter @lexjusticia.