La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha instado a constructores y promotores a sumarse a la apuesta pública por la rehabilitación “para recuperar la actividad y preservar el empleo, ya que es una actividad y intensiva en mano de obra e impulsa el desarrollo de otras industrias y servicios auxiliares al sector de la construcción residencial”. Según los cálculos del Ministerio, solo la rehabilitación aislada de viviendas puede generar 75.000 empleos anuales en los próximos cuatro años.

Beatriz Corredor pronunció ayer una conferencia en Tribuna de Barcelona en la que ha expuesto los objetivos, fundamentos y principales medidas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, incluido en el Plan E. “Es el Plan de Vivienda más ambicioso de la democracia y un poderoso instrumento de protección social al incrementar la atención de las familias con más dificultades al tiempo que se abre también a los hogares de rentas medias que habían quedado excluidos del mercado de vivienda libre, por los altos precios, pero que tampoco reunían los requisitos para optar a una VPO”, dijo Corredor. Destacó las líneas estratégicas del mismo: el alquiler, la rehabilitación y las medidas transitorias para evitar la paralización entre el nuevo Plan y el anterior y para aprovechar el stock de viviendas sin vender en beneficio de los demandantes de VPO.

El Plan prevé ayudas para un millón de hogares españoles de las que el 47% se destinarán a rehabilitación hasta alcanzar las 470.000 actuaciones, tres veces y media más que las contempladas en el Plan anterior.

La ministra subrayó el alto grado de sintonía de todas las administraciones en torno a la conveniencia de incentivar la rehabilitación y la renovación urbana como lo demuestra el hecho de que el 40% de los 31.000 proyectos presentados por los Ayuntamientos para el reparto de los 8.000 millones del Fondo Estatal de Inversión Local se dirigen a la rehabilitación, a la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética.

Corredor explicó que el Ministerio ha incorporado a sus presupuestos de 2009, para la puesta en marcha inmediata de las primeras obras, los 110 millones del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo que el Gobierno ha destinado para rehabilitación de viviendas y espacios urbanos. La distribución de esa inyección adicional se decidirá este mes en una Conferencia Sectorial de Vivienda.

Anunció que la inversión de su departamento en las políticas de rehabilitación incluidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 será de 2.000 millones de euros, a los que se sumarán otros 2.000 millones de financiación adicional a través del ICO. “Esta inversión generará una producción efectiva en el conjunto de la economía de más de 4.000 millones de euros”, dijo Corredor, así como que el 42% será de inversión directa y el resto se corresponderá con el efecto indirecto en los sectores que son clientes y proveedores de las ramas afectadas por la rehabilitación.

El momento del alquiler

La ministra hizo hincapié en otra de las grandes líneas estratégicas del PEVR, la apuesta del alquiler al que se destinarán el 40% de las nuevas VPO. El Plan financiará la promoción de 100.000 nuevas viviendas protegidas para arrendamiento junto con otras 70.000 procedentes de la rehabilitación.

Para fomentar el alquiler, se articulan toda una serie de medidas entre las que la ministra destacó el reforzamiento del alquiler con opción de compra, la creación de los alojamientos protegidos para colectivos espacialmente vulnerables y para la comunidad científico-universitaria y el incremento de las ayudas a los inquilinos.

De forma paralela, al margen del PEVR, para reforzar y ampliar el aún exiguo mercado del alquiler, el Ministerio ha puesto en marcha otras medidas como el Proyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y de eficiencia energética de los edificios por el que se modificarán la Ley de Arrendamientos Urbanos, para permitir al propietario recuperar la vivienda si la necesita para si, sus padres o sus hijos; y la ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procesos de desahucio y reclamación de rentas impagadas beneficiando al propietario pero también al inquilino de buena fe, puesto que es previsible que se suavicen las garantías excesivas que muchas veces se piden.