Almudena Vigil / Patricia Esteban
Ante la situación actual de la Justicia, el abogado Antonio Garrigues lamenta que no haya una apuesta más decidida en España por el arbitraje y la mediación como herramientas alternativas de resolución de conflictos. El presidente de honor del despacho que lleva su nombre cree que la Justicia en España no es tan mala como a veces se dice, pero asegura que hay un amplio margen de mejora y, respecto a la lentitud de respuesta de los tribunales considera que mejoraría si la mediación y el arbitraje calaran más hondo en la sociedad española. En este sentido, señala que puede entender que los deudores a veces disfruten de esa lentitud judicial, pero lo que no comprende es que “el acreedor la goce igualmente”.
En un coloquio mantenido con la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, sobre las propuestas de la abogacía para la próxima legislatura, en el marco de la entrega del XXX Premio La Ley de Wolters Kluwer, Antonio Garrigues hizo hincapié en que “España no es el peor país del mundo en ninguna materia”, y subrayó que, en comparación con otros países, nuestro sistema de Justicia funciona bien. En este sentido, destacó que en la lucha contra la corrupción se ha podido ver que al final quienes la hacen la pagan, algo que, según dijo, no se ve siempre en otros países. “Lo que sí es verdad es que España sigue siendo el país más pobre a la hora de acudir a la mediación y no logro entenderlo”, lamentó durante el debate que moderó el consultor Carlos García-León.
Pobreza en medios tecnológicos
El jurista añadió, además, que “en España hay un déficit tecnológico que no queremos aceptar, la Justicia tiene una pobreza en medios tecnológicos tremenda”. Esto choca, según Garrigues, con “un futuro inquietante y maravilloso” en el que cuestiones como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica o el Internet de las cosas plantean cuestiones con importante contenido jurídico.
Asimismo, Garrigues abordó la cuestión de la politización de la Justicia, un aspecto en el que también cree que la situación no es tan grave como a veces se apunta: “En España se habla de politización de la Justicia y esto es algo que sucede en todas partes, un grado de politización es inevitable”, reconoció. A lo que añadió, no obstante, que “si los partidos políticos nombraran jueces menos politizados, la cosa mejoraría”.
Victoria Ortega, por su parte, señaló que ella no suprimiría el CGPJ porque cree en su “independencia y en la de los jueces en líneas generales”. Y, sobre corrupción, dijo que “hemos llegado a confiar en que la Justicia funciona”, pero hay que seguir trabajando en recuperar todo lo sustraído por los corruptos.
Una abogacía “unida, fuerte y responsable”
La presidenta de la Abogacía afirmó que al nuevo Gobierno que salga de las urnas el 26J le pediría “diálogo, negociación y consenso” y se mostró convencida de que, entre todos, el Pacto de Estado por la Justicia será posible. Además, destacó que la abogacía es un actor principal dentro de la Administración de Justicia y debe jugar un papel protagonista: “Somos una abogacía unida, fuerte y responsable”. Según explicó, el colectivo que preside está trabajando con todas las asociaciones judiciales para plantear una serie de propuestas al Gobierno que se constituya. Además, Ortega defendió la necesidad de aprobar en la próxima legislatura una Ley de Derecho de Defensa y aseguró que ya habían trasladado al Ministerio de Justicia un posible borrador del texto.
Respecto a los tiempos de la Justicia, la presidenta de los abogados considera que, además de más medios materiales y personales, son necesarias reformas normativas. Y, en cuanto a las tasas, se mostró claramente partidaria de suprimirlas para pymes y ONG, que ya han pasado suficientes dificultades con la crisis.
Sobre los aforamientos, Antonio Garrigues señaló que “todo el mundo sabe que hay que reducirlos, pero políticamente no va a ser fácil”, a lo que añadió que “en España no puede haber 2.500 personas aforadas cuando hay países donde sólo hay una”. Y, en cuanto a los indultos, Victoria Ortega apostó por “limitarlos a casos muy puntuales”, ya que no acaba de verle el sentido teniendo jueces independientes.
Formación de los abogados
Respecto a la formación de los juristas, Ortega apuntó que “la Ley de Acceso ha sido un hito histórico, pero no se ha adecuado a lo que se pretendía”. En este sentido, cree necesaria una reforma del contenido del máster y de la prueba de acceso”. Por su parte, Garrigues destacó que un jurista tiene que conocer el derecho español, el europeo y el del sistema anglosajón, que se está imponiendo y que permite dar una respuesta más rápida a los problemas legales que plantea la innovación tecnológica. Además, señaló que “el déficit de abogados en España especializados en temas tecnológicos es tremendo”.
