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14/10/2016 14:56:17 | Redacción - NJ | Asociaciones judiciales

Las cuatro asociaciones judiciales hacen público un comunicado en relación con los sucesos de Badalona el 12-O

Con ocasión de los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Badalona, cuando un grupo de concejales con responsabilidades de gobierno han roto una copia de la resolución judicial queadoptaba medidas cautelarísimas en relación a la apertura de sus instalaciones el día 12 de octubre, las asociaciones judiciales APM, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria, han hecho público un comunicado en el que expresan su "profunda preocupación" por estos hechos, a la vez que hacen "un llamamiento a la cordura a todas las fuerzas políticas".

El comunicado continua señalando que "haber sido elegidos/as por los ciudadanos/as para el cargo de concejales no les sitúa por encima de la Ley. Por el contrario, la Ley es la garantía de su propia libertad y de su presencia en las instituciones, pero, al mismo tiempo, es limite de su representatividad y de su propio poder ejecutivo, como parte del sistema constitucional. La falta de respeto a la ley implica faltar el respeto a uno mismo.

Por eso, el desprecio público a las resoluciones judiciales supone un serio ataque a la función de los tribunal es de justicia y al papel que estos desempeñan en la convivencia pacífica.

El art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (LA LEY 22/1948) reconoce que derecho de toda persona a “un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

Esa es nuestra función, tutelar de forma efectiva las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos/as y, para ello, es imprescindible el cumplimiento por todos/as de las resoluciones judiciales. Los Tribunales debemos mantenernos neutrales en el debate político para tutelar los derechos de las partes en contienda, pero ese debate ha de hacerse con respeto al marco legal que nos hemos dado, ya que los jueces/zas no podemos dejar de aplicar las Leyes democráticamente promulgadas", concluye.


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