El nuevo ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde dió a conocer su plan de acción para los próximos tres años. Francisco Caamaño planteó, entre otros, los siguientes y más significativos asuntos:

- Convocar 220 plazas para jueces y 150 para fiscales, cifras que se mantendrán en los próximos años. Asimismo, este año se convocarán otras 290 plazas para secretarios judiciales.

- Implantación definitiva de la nueva Oficina Judicial para racionalizar el trabajo en las sedes judiciales y ganar en eficacia.

- Mejorar el marco normativo de la conciliación familiar y laboral de quienes ejercen la función jurisdiccional.

- Apuesta por una Justicia titular y de calidad. Instaurar la nueva figura del juez de adscripción territorial y formular mecanismos que estimulen y favorezcan las sustituciones entre jueces, secretarios judiciales y fiscales titulares.

- Reducir la duración de los procesos para evitar en lo posible que los litigantes puedan alargarlos en su beneficio y con coste para todos.

- Inversión de 600 millones de euros en los próximos tres años en un plan de informatización e infraestructuras de equipamiento de la Administración de Justicia.

- Lograr que los juzgados y tribunales puedan trabajar en red y estar conectados entre sí.

- Implantar mecanismos de toda índole que nos permitan configurar un Registro Civil único para toda España y accesible para todos los ciudadanos en términos de calidad y prontitud.

- Fortalecimiento de las garantías de los derechos de los ciudadanos, también con la mejora de los servicios de las Oficinas de Atención.

- Elaboración de una nueva ley de enjuiciamiento criminal y fortalecimiento de los servicios de las Oficinas de Atención a las Víctimas.

- Reforzamiento de la cooperación internacional e impulsar de manera decisiva, con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, el desarrollo del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.

- Profundizar en el ejercicio real y efectivo del derecho de libertad religiosa y de convivencia mediante la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

 Un gran acuerdo social para:

- Implantar con éxito la nueva Oficina Judicial y modernizar definitivamente la gestión procesal de nuestros juzgados y tribunales.

- Informatizar íntegramente nuestro sistema de Justicia y lograr que juzgados y tribunales trabajen con métodos del siglo XXI, que trabajen en red.

- Trazar el nuevo mapa judicial que necesita la realidad demográfica de España.

- Impulsar fórmulas de conciliación y mediación y reducir la litigiosidad.

- Crear el Registro Civil de España, un Registro único, moderno y plenamente accesible en línea.

- Situar al ciudadano en el centro del sistema de Justicia.