El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, presentó el lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad de Madrid de 29 de diciembre de 2008, de Medidas Fiscales y Administrativas.
La Ley se impugna en dos aspectos. En primer lugar, la nueva regulación que se da (art. 28) al régimen de elección de los Consejeros de las Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, es decir, de Caja Madrid.
La Constitución atribuye al Estado competencia para fijar, entre otros aspectos, las bases que deben informar el modelo organizativo de las Cajas de Ahorros.
La Ley estatal 62/2003 definió de forma clara estos principios, que son:
- El democrático que garantiza el carácter representativo de los órganos rectores
- El de gestión eficaz que intenta garantizar que la gestión se realice con criterios profesionales
- El de igualdad en la representación territorial
La Ley autonómica impugnada altera frontalmente el modelo participativo establecido en la legislación estatal y lo vulnera de forma flagrante subvirtiendo el principio básico de igualdad territorial y de proporcionalidad a la cifra de depósitos en el establecimiento de los criterios de elección de los Consejeros Generales de Caja Madrid.
En segundo lugar, la nueva regulación que se da (art. 12) al régimen del personal estatutario fijo que trabaje en instituciones o centros sanitarios.
Se entiende que la nueva regulación que afecta al personal del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid violenta la vigencia general de los principios de valoración del mérito y la capacidad en el acceso a la función pública.
