El objetivo de este análisis comparativo de datos es ayudar a las autoridades nacionales a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales. En comparación con los anteriores, el cuadro de indicadores de 2017 se centra en nuevos aspectos del funcionamiento de los sistemas judiciales, por ejemplo, la facilidad con la que los consumidores pueden acceder a la justicia y los canales que utilizan para presentar reclamaciones contra las empresas. Por primera vez, el informe también indica la duración de los procesos penales por delitos de blanqueo de capitales.

V?ra Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «El quinto cuadro de indicadores de la justicia de la UE confirma que los sistemas judiciales son esenciales para generar confianza en un entorno favorable a las empresas y a la inversión en el mercado único. Animo a los Estados miembros a velar por que cualquier reforma de la justicia respete el Estado de Derecho y la independencia judicial. Esto es crucial para que los ciudadanos y las empresas puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Un sistema judicial independiente y que funcione correctamente es un pilar fundamental de cualquier democracia».

Los resultados del cuadro de indicadores de 2017 se están teniendo en cuenta en la evaluación específica de cada país que se está llevando a cabo en el marco del proceso del Semestre Europeo de 2017. Los informes nacionales de los Estados miembros se publicaron el 22 de febrero de 2017 e incluyen conclusiones sobre los sistemas judiciales de varios de ellos (Bélgica, Bulgaria, España, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia).

¿Ha mejorado la calidad de la Justicia en España?

En la nota de prensa remitida por el Ministerio de Justicia y hecha pública tras conocerse los datos del informe anual, se subraya que España mejora globalmente en cuanto a la calidad de nuestra Justicia.

El Ministerio concluye que España obtiene mejores resultados que en años anteriores en lo que se refiere a la accesibilidad de nuestro sistema judicial. Se encuentra en las primeras posiciones en cuanto a las comunicaciones electrónicas entre profesionales y con los ciudadanos: información telemática sobre las características de nuestro sistema judicial, disponibilidad electrónica de sentencias, envío electrónico de demandas y otros escritos a los juzgados, así como transmisión telemática de citaciones y disponibilidad de sistemas de nuevas tecnologías en la gestión de tribunales. Destaca el hecho de que España obtiene la máxima puntuación en materia de comunicación con las partes, así como en la que se facilita a los medios de comunicación. Asimismo, sale muy bien valorado a la hora de ofrecer información a los interesados sobre la progresión de sus asuntos.

También son positivos los valores en cuanto a la asistencia jurídica gratuita, lo que se traduce en que incluso las personas con ingresos superiores al umbral de la pobreza marcado por Eurostat, acceden a este servicio.

En cuanto a la eficiencia de los sistemas judiciales, nuestro país progresa en los tiempos de respuesta judicial, que se reducen año a año. En este apartado, España mejora especialmente en asuntos administrativos, en particular en aquellos relativos a infracción en materia de propiedad intelectual, donde la duración de los procedimientos es de las menores de la UE y en vía judicial en materia de protección de consumidores. Aun así, la media de días en adoptar medidas cautelares en estos procesos es de las más altas de Europa (90 días)

El informe también recoge la elevada presencia de mujeres en los tribunales de primera instancia españoles con un porcentaje del 60%, si bien esta presencia se reduce al 34% en los tribunales de segunda instancia y por encima del 10% en el Tribunal Supremo, porcentajes estos últimos que se irán incrementando a medida que el elevado número de juezas que se encuentran actualmente en niveles intermedios vaya ascendiendo a las categorías superiores del escalafón. Por otro lado, somos uno de los Estados miembros con mayor presencia de abogados por cada 100.000 habitantes.

La Comisión Europea destaca asimismo las medidas objetivas adoptadas por España para la salvaguarda y garantía de la independencia de nuestra Justicia: existencia de garantías legales, régimen disciplinario, inamovilidad de los jueces, organización y gestión de los tribunales. Aunque en la nota se hace referencia a que nuestro país ha mejorado en la percepción subjetiva de independencia de la Justicia por parte de los ciudadanos y las empresas, según el indicador de la encuesta de percepción del Foro Económico Mundial, de los datos que aporta el Eurobarómetro se colige que  este es un punto en el que claramente España tiene un largo recorrido de mejora: volvemos a "suspender" ya que un 60% de los encuestados tienen una opinión mala o muy mala de la independencia judicial, incluso se ha incrementado el porcentaje de ciudadanos que perciben peor esta situación.

A este respecto, desde el Ministerio se pone de relieve el uso de encuestas de naturaleza subjetiva ha sido desde hace tiempo muy contestado en Bruselas por diversos países miembros.

Conviene resaltar por último que hay determinados indicadores que no han podido reflejar progreso por parte de España en 2016 en relación con años anteriores, debido a que dichos avances se miden por las reformas legislativas implementadas, que en nuestro caso no ha sido posible acometer debido a que el Gobierno estuvo en funciones a lo largo de prácticamente todo el ejercicio y por tanto, sin posibilidad de realizar actividad legislativa alguna.

Principales conclusiones: los sistemas judiciales se hacen más eficaces, pero sigue habiendo dificultades

Las principales conclusiones del cuadro de 2017 son las siguientes:

• Procesos civiles y mercantiles más breves: Esto se ha conseguido incluso en varios Estados miembros cuyos sistemas judiciales atraviesan por dificultades. Esta mejora es más clara a lo largo del período de cinco años que a corto plazo.

• Análisis de la aplicación de la protección de los consumidores: Los Estados miembros son responsables de la aplicación del Derecho de la UE en materia de consumo. El cuadro de indicadores muestra que la duración de los procedimientos administrativos y el control judicial en este ámbito varían mucho según los países. También indica que las autoridades de protección de los consumidores logran resolver directamente muchos problemas de estos sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales.

• Análisis de la lucha contra el blanqueo de capitales: Según lo dispuesto en la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, los Estados miembros han facilitado por primera vez información al respecto. Esta pone de manifiesto duraciones muy diversas de los procesos por delitos de blanqueo de capitales, que pueden variar entre menos de un semestre y casi tres años.

• Acceso limitado a la justicia para los ciudadanos más pobres: El cuadro de indicadores muestra que, en algunos Estados miembros, los ciudadanos cuyos ingresos son inferiores al umbral de pobreza no reciben ninguna asistencia jurídica gratuita en algunos tipos de litigios.

• El uso de herramientas de TIC sigue siendo limitado en varios países: Si bien se usan ampliamente en la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y los abogados en la mitad de los Estados miembros de la UE, el uso de las TIC para la firma electrónica es muy limitado en más de la mitad de ellos. Nuevos datos sobre la manera en que los abogados utilizan las TIC para comunicarse con los órganos jurisdiccionales subrayan de nuevo la importancia de la comunicación electrónica para el correcto funcionamiento de los sistemas judiciales.

• Mejora o estabilidad de la percepción de la independencia judicial por la población en general: Así ocurre en más de dos tercios de los Estados miembros, en comparación con 2016. La tendencia es la misma para la percepción entre las empresas desde 2010. Entre los motivos de la percepción de falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces, las injerencias o presiones por parte de Gobierno y políticos han sido la razón más aducida. El cuadro de 2017 también presenta datos sobre las salvaguardias existentes en los diferentes Estados miembros para garantizar la independencia de los jueces. Esto refleja la gran importancia del Estado de Derecho en la UE.

• Normas de calidad: La mayoría de los Estados miembros tiene normas que fijan plazos o calendarios para evitar largos procesos judiciales. No obstante, esas normas no existen en algunos Estados miembros con sistemas judiciales menos eficientes.

Contexto: qué datos se analizan y en qué se centran los estudios

El cuadro de indicadores se centra en asuntos civiles y mercantiles contenciosos, así como en asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por sentar las bases para un entorno más favorable a la inversión, las empresas y los ciudadanos. El cuadro de indicadores se centra en los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz:

• Eficiencia: duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes.

• Calidad: indicadores sobre asistencia jurídica gratuita, tasas judiciales, formación, supervisión de las actividades de los órganos jurisdiccionales, presupuestos y recursos humanos.

• Independencia: indicadores sobre la percepción de la independencia judicial entre las empresas y la población en general, así como sobre las salvaguardias relativas a los jueces.

La mejora de la eficacia de los sistemas judiciales nacionales es una prioridad bien asentada del Semestre Europeo, que es el ciclo anual de la UE de coordinación de las políticas económicas. El cuadro de indicadores de la justicia de la UE ayuda a los Estados miembros a alcanzar este objetivo al proporcionarles un análisis comparativo anual del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales. Este análisis se complementa con las evaluaciones específicas llevadas a cabo a través de un diálogo bilateral con las autoridades nacionales y las partes interesadas. Tal evaluación puede dar lugar a recomendaciones específicas para cada país sobre la mejora de los sistemas judiciales nacionales. En el Semestre Europeo de 2016, basándose en una propuesta de la Comisión, el Consejo envió recomendaciones específicas a este respecto a seis Estados miembros (Bulgaria, Croacia, Italia, Chipre, Portugal y Eslovaquia).

El cuadro de indicadores utiliza diferentes fuentes de información. Las principales fuentes de datos son las de la Comisión para la Evaluación de la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa. Otros datos proceden de redes europeas, tales como la Red Europea de Consejos del Poder Judicial y la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea, el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y diversos comités en ámbitos específicos del Derecho de la UE.