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13/05/2009 02:19:00 Presidencia del Gobierno DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN 44 minutos

Discurso del Presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación

El Presidente anuncia las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis y las iniciativa que van a ponerse en marcha en el orden socio-económico.

A continuación se reproduce íntegramente el discurso pronunciado ayer por el Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

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Señor Presidente, señoras y señores Diputados,

Se cumple ahora un año del inicio de la Legislatura y cinco desde que asumí la Presidencia del Gobierno. Ya entonces, en 2004, éramos muy conscientes de la necesidad de modernizar nuestro modelo productivo y de la necesidad de hacerlo más sostenible y competitivo, porque nuestra economía mantenía una serie de debilidades que comprometían nuestra capacidad de crecimiento y nuestras posibilidades de futuro: la baja productividad, la excesiva temporalidad de nuestro mercado de trabajo, la elevada dependencia energética del exterior y el peso extraordinario de la construcción residencial.

Eran debilidades compartidas por todos los analistas y el Gobierno decidió abordarlas. Por eso, en estos años hemos realizado un gran esfuerzo en Educación y en Investigación e Innovación hasta multiplicar por tres el volumen de recursos dedicados a la Educación y por tres, la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación; por eso, hemos destinado ayudas por más de 6.300 millones de euros para promover la energía renovable; por eso, logramos reducir en cinco puntos la tasa de temporalidad laboral y, por eso, en fin, decidimos luchar contra los efectos más negativos de la expansión incontrolada del sector inmobiliario.

Lo hicimos desarrollando, por primera vez en democracia, una política de fomento del alquiler que mereciera tal nombre y multiplicando los recursos para la construcción de viviendas de protección oficial; también, combatiendo la especulación inmobiliaria, los desórdenes urbanísticos y las amenazas medioambientales, mediante una nueva Ley del Suelo y la dotación de nuevos medios a la Fiscalía Anticorrupción, la Policía y la Guardia Civil.

En 2007, tras diez años de crecimiento incesante de la construcción residencial en España, el sector comenzó a desacelerarse. Lo que era muy difícil de prever es que ese ajuste iniciado entonces se iba a acabar produciendo, sólo unos meses después, en las peores condiciones imaginables, coincidiendo con la peor tormenta financiera y económica que la economía internacional haya sufrido en los últimos cincuenta años.

La desaceleración, que habíamos previsto, se convirtió en 2008 en un brusco estallido de la burbuja inmobiliaria y éste ha traído consigo un aumento, igualmente brusco, del desempleo en nuestro país.

Señorías,

El carácter global, mundial, de la crisis justifica el esfuerzo de coordinación que hemos acordado realizar los países reunidos en Washington y en Londres. Esto, a su vez, explica el propio esfuerzo desarrollado por España, y culminado con éxito, para ser convocada a esas reuniones del G-20.

Pero cada país tiene sus propios problemas y sus propias oportunidades, y el futuro de cada uno dependerá de cómo sea capaz de solventar los primeros y de aprovechar las segundas. También en España.

También aquí, por supuesto, somos responsables de nuestro propio ámbito de decisión y el primero, el Gobierno de la nación. En nuestro país esta responsabilidad tiene un objetivo prioritario, real, sensible y apremiante: el desempleo; primero, para frenarlo, para frenar su aumento; e inmediatamente después, para volver a crecer, para recuperar el terreno perdido y, mientras, para ocuparse de las personas sin trabajo, de sus medios de vida y de su formación.

En los últimos doce meses se han perdido en nuestro país 1.300.000 empleos, en una parte muy importante por el desplome de la construcción. Detrás de esta cifra, todos lo sabemos, vive la frustración de otros tantos ciudadanos. A ellos hay que sumar el medio millón de personas que quieren incorporarse por vez primera al mercado laboral. Son, en total, cuatro millones de ciudadanos que buscan un trabajo y no lo encuentran.

Es verdad que incluso en el contexto de esta grave recesión mundial hay un millón y medio de personas más trabajando en España que en 2004, pero la pérdida de empleo de los últimos meses es abrumadora.

Todas estas personas sin empleo, cada una de ellas, están en la base de las decisiones que el Gobierno ha tomado y de las que seguirá adoptando.

Señorías,

La primera parte de mi intervención estará dedicada a hacer un breve balance de las medidas adoptadas y a anunciar nuevas iniciativas concretas para proponer a la Cámara frente a los desafíos que España debe afrontar, propuestas para el corto y el largo plazo. En la segunda parte me referiré a compromisos de orden distinto al económico-social que el Gobierno quiere asumir para el próximo período de sesiones; pero antes permítanme una consideración introductoria adicional.

Las decisiones que adoptemos en estos meses sobre nuestro futuro modelo de crecimiento van a ser determinantes para el futuro de nuestro país; estoy plenamente convencido de ello. No saldremos de la crisis sin cambios, sin hacer determinadas opciones y sin ser plenamente consecuentes con ellas.

El Gobierno que presido va a ser fiel a los valores que defiende y a los compromisos contraídos con sus electores. No podía ser de otra forma y no va a ser de otra forma; pero también soy consciente de que en esta etapa difícil y decisiva es necesario conjugar esa fidelidad con la voluntad de propiciar la conciliación de ideas, propuestas y sensibilidades diversas.

Lo voy a hacer, lo voy a intentar hasta donde sea posible y lo haré en tres ámbitos diversos, pero compatibles: en el del diálogo social, en el de la relación entre Administraciones y, por supuesto, aquí, en el Parlamento. En relación con los tres formularé también hoy propuestas concretas a la Cámara.

Señorías,

Ha sido éste un año largo y difícil, en el que la economía se ha dado la vuelta con una rapidez inusitada. Durante el primer semestre de 2008 empezó a cambiar el viento, pero nadie podía esperar que ese cambio fuese el preludio de la tempestad que azotó al mundo a partir del final del verano.

Todos queremos recuperar el crecimiento y el empleo, y hacerlo cuanto antes; pero lograrlo dependerá de nuestra capacidad de adelantarnos al futuro, de mirar adelante, de acertar con soluciones y de empeñarnos en vencer las dificultades actuales. El Gobierno está decidido a ello.

Señoras y señores diputados,

Ante esta grave y vertiginosa crisis, nuestro país se encuentra con fortalezas y con debilidades que los meses transcurridos, en ambos casos, han ido confirmando.

Fortalezas: una red de protección social reforzada en los últimos años; el mejor capital humano, físico y tecnológico que nuestra economía haya tenido nunca en términos relativos; un alto grado de internacionalización de nuestras empresas, que lideran mundialmente algunos sectores, y un buen sistema financiero que ha resistido el primer embate de la crisis.

Debilidades: fundamentalmente, las que tienen que ver con un modelo productivo cuyo crecimiento dependía demasiado de la construcción residencial, que había venido drenando excesivos recursos a costa de elevar nuestra deuda exterior.

Algunos datos merecen ser subrayados ante esta Cámara y conocidos por los ciudadanos: en 2007 la inversión residencial representó en España el 11,7 por 100 del Producto Interior Bruto, mientras en la “eurozona” era el 7 por 100; en la última década el crédito a la construcción ha crecido a un promedio del 23 por 100 anual, mientras que en la industria lo ha hecho al 8,4 por 100 y en los servicios, al 13,7 por 100; y el saldo vivo de los créditos al sector de promoción inmobiliaria y de construcción supone en España el 46 por 100 del crédito total a las actividades productivas en 2008. Son datos que hablan por sí solos.

Señorías,

Con estas fortalezas y estas debilidades, en la primavera de 2008, que hoy nos parece tan lejana, la economía española comenzó a desacelerarse. Seguía creciendo, pero algo menos, y las subidas de los precios y de los tipos de interés no dejaban de acentuarse.

Entonces, el nuevo Gobierno, en su primera iniciativa, aprobó un Real Decreto Ley para favorecer la renta disponible de los ciudadanos, las condiciones de financiación de las empresas y el estímulo al empleo; es decir, reacciona, fundamentalmente a través de una rebaja fiscal, para trasladar mayor disponibilidad de renta a las familias y reacciona, posteriormente, en cada momento, con una intensidad que trata de ser proporcional a una realidad que evoluciona con mucha rapidez.

Es evidente que el Gobierno se ha equivocado, sucesivamente, en sus previsiones durante este último año. Es un error que comparte debo decirlo con los demás Gobiernos y organismos internacionales. No es un consuelo, pero tampoco una justificación, porque ese error no le ha impedido reaccionar dentro de sus posibilidades.

Reaccionamos en primavera a las circunstancias de entonces y volvimos a actuar, sobre todo, a raíz del verano, cuando la crisis da plenamente la cara, provocando, primero, el fin del crecimiento y, después, una severa recesión.

El español ha sido uno de los primeros planes integrales contra la crisis que se han adoptado y uno de los que más recursos públicos moviliza. Lo hemos podido hacer porque nuestra situación de partida nos daba un margen presupuestario del que otros carecían: superávit fiscal durante todos los ejercicios de la Legislatura anterior y deuda pública inferior en casi treinta puntos a la zona euro.

Ha habido que atender a un ajuste fulminante, vertiginoso, y para hacerlo hemos tenido que crear o recrear instrumentos de intervención pública con los que ya no contábamos, como tampoco lo hacían las demás economías desarrolladas. Pero lo hemos hecho, tanto que las principales medidas contenidas en el Plan E comienzan ya a surtir efecto en la economía real.

En muchas ocasiones he oído a dirigentes políticos, analistas y ciudadanos opiniones críticas que lamentan la tardanza de los resultados del Plan de Estímulo a la Economía y el Empleo que el Gobierno ha puesto en marcha.

Soy el primero en compartir la impaciencia, pero sólo han pasado tres meses desde que el conjunto de medidas dirigidas directamente a las empresas y a los ciudadanos comenzaron a aplicarse. Son sólo tres meses y estamos ante la recesión económica más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Necesitaban su tiempo, como todo, y ya están dando resultados.

Ahora podremos empezar a evaluarlas en lo que afecta al crédito, en lo que afecta a la inversión pública y en lo que afecta al empleo.

Así, los datos del ICO ponen de manifiesto que cada vez hay un mayor volumen de recursos financieros puestos a disposición del tejido económico y los mercados financieros empiezan a recuperar cierta normalidad como consecuencia del apoyo de todos los Gobiernos realizado en el pasado otoño.

También es mayor el número de empresas que se benefician de aplazamientos fiscales y de pagos a la Seguridad Social para mantener el empleo.

Las obras del Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con ocho mil millones de euros, movilizados en un tiempo récord, han ocupado ya a cerca de 240.000 personas y se aprecia por vez primera en las cifras de paro registrado en abril y se notará aún más en las de mayo y en los meses próximos.

En su conjunto, los tres mil millones del Fondo para la Dinamización de la Economía generarán o contribuirán a mantener cerca de cien mil empleos.

Ya están llegando a las empresas los fondos del Plan de Competitividad del Automóvil. En buena medida, gracias a él, podemos esperar importantes decisiones de fabricación de nuevos modelos en nuestro país y, por tanto, del mantenimiento de nuestras grandes factorías en el sector.

También están en marcha un gran número de obras en cuarteles, comisarías, centros penitenciarios e instalaciones militares, en infraestructuras de transporte y en protección medioambiental. Y se ha convocado ya una parte de los nuevos proyectos de I+D+i incluidos en el Fondo Estatal para el Empleo.

Se han producido, igualmente, avances en las reformas necesarias para modernizar nuestro modelo productivo. En la agenda de reformas estructurales ambiciosa que hemos aprobado se contienen medidas para favorecer ese proceso necesario que acompaña al cambio de nuestro modelo productivo.

Señorías,

El Gobierno no sólo está empeñado en consolidar estos resultados, que empezarán, insisto, a ser apreciables en las próximas semanas y en los próximos meses, sino en trabajar con mayor eficacia y rapidez. El grave deterioro que se ha producido en el mercado de trabajo lo hace imprescindible.

Queremos poner en marcha cuanto antes las medidas aún pendientes y corregir los problemas detectados en algunas de las ya en ejecución, especialmente en las activadas por el Instituto de Crédito Oficial para dotar de crédito, cuanto más rápido y más fluido, a empresas y familias.

En el ámbito del impulso a la financiación de las empresas quiero anunciarles que la Línea avales ICO-Ayuntamientos de tres mil millones de euros, que goza de un gran apoyo en esta Cámara, ya está plenamente operativa desde este lunes.

En relación con el sistema financiero, el Gobierno ha trabajado en estrecha colaboración con el Banco de España. Lo hicimos para aumentar las garantías de los ahorros de los ciudadanos y a través de un Real Decreto Ley que tuvo un gran apoyo en la Cámara; ya he expresado, y hoy lo reitero, mi agradecimiento por esa mayoritaria aprobación. Y ahora avanzamos en el diseño de un esquema para la gestión de potenciales procesos de reestructuración de entidades de crédito y el reforzamiento de sus recursos propios, para lo cual el principal Grupo de la oposición está en un diálogo abierto con el Gobierno, que se extenderá a todos los Grupos Parlamentarios. Una vez se logre un acuerdo básico, remitiremos a la Cámara la norma correspondiente.

Señoras y señores diputados,

El Gobierno se propone dar un nuevo impulso a su acción contra la crisis en la voluntad de contar con el mayor respaldo posible en la Cámara. Lo hará con un doble objetivo para los próximos meses: frenar la pérdida de empleo y preparar la recuperación con un modelo de crecimiento renovado. Creemos que los signos de estabilización que ofrece el contexto internacional y la necesidad de fijar un rumbo cierto y predecible a la economía española así lo aconsejan.

A tal efecto, les anuncio una nueva medida para apoyar el mantenimiento del empleo en las pequeñas y medianas empresas. Propondremos la reducción en cinco puntos del Impuesto de Sociedades durante tres ejercicios a las empresas de menos de veinticinco trabajadores y un volumen de ventas inferior a cinco millones de euros que, a 31 de diciembre de 2009, mantengan o mejoren su plantilla media de 2008; repito, para aquellas empresas de menos de veinticinco trabajadores, con un volumen de ventas inferior a cinco millones de euros, que, a 31 de diciembre de 2009, mantengan o mejoren su plantilla media de 2008, una medida que también aplicaremos a quienes lo hagan en 2010. Esta fórmula tendrá su reflejo equivalente en el Impuesto sobre la Renta respecto de los autónomos que mantengan el empleo de sus asalariados.

¿Por qué las PYMES y los autónomos? Porque son los principales generadores de empleo, pero no pueden acogerse a los expedientes de regulación de empleo de suspensión, que se están revelando útiles para evitar la destrucción de empleo en muchas empresas medianas y grandes.

¿Y por qué ahora? Porque es ahora, en el escenario menos desfavorable en el que estamos entrando, cuando la medida puede servir de manera más útil de estímulo para evitar la destrucción de empleo y fomentar el mismo.

Quiero recordar a la Cámara que esta actuación en el Impuesto de Sociedades se une a los treinta mil millones de euros de reducción fiscal que ha promovido el Gobierno entre 2008 y 2009, y que ha contribuido a que la presión fiscal de España se sitúe hoy en el 33 por 100, muy por debajo del promedio europeo.

Señorías,

La superación de la crisis requiere repartir los esfuerzos y los sacrificios. La ambiciosa política fiscal contracíclica que estamos llevando a cabo implica, y somos conscientes de ello, asumir de forma temporal un nivel de déficit público que no sería aceptable en otras circunstancias. Este déficit ha de ser, pues, plenamente consistente con los principios de estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo que han guiado nuestra política fiscal desde nuestra primera Legislatura.

Este esfuerzo de consolidación fiscal debemos continuar atendiéndolo, incluso ahora, todavía en un momento tan difícil de la crisis. Por ello, les anuncio un nuevo recorte del gasto, que aprobaremos en un próximo Consejo de Ministros.

Los Presupuestos del Estado para 2009 ya supusieron un significativo descenso en el crecimiento del gasto. Controlamos la oferta de empleo público, redujimos los gastos corrientes y congelamos las retribuciones de los altos cargos. Aun así, en febrero pasado aprobamos un recorte adicional por valor de 1.500 millones de euros. Ahora extenderemos ese recorte a mil millones de euros más.

Señorías,

2.500 millones en un mismo ejercicio. Es el mayor esfuerzo de austeridad presupuestaria realizado nunca en un ejercicio en democracia.

Señorías,

Intentar parar el golpe de la crisis no es suficiente. Entre todos, debemos trabajar para preparar activamente la recuperación. Debemos hacerlo ya y en una determinada dirección. Después de lo que está ocurriendo, la transformación del modelo productivo es la clave para retomar una senda de prosperidad sostenible.

Las crisis traen consigo oportunidades y nosotros, como país, tenemos que saber aprovecharla. El Gobierno está resuelto a aprovecharla y quiere contar con el mayor concurso de los Grupos de la Cámara.

En los últimos años hemos intentado enfocar el camino, ahora hay que recorrerlo con plena determinación y rapidez, y hay que optar. El Gobierno tiene su opción y quiere debatirla y compartirla con los Grupos de esta Cámara.

Aspiramos a renovar un modelo económico que ha de ser sostenible en tres dimensiones clave:

  • sostenible económicamente a medio y largo plazo: que esté basado en la economía del conocimiento y la innovación, que contribuya a hacer más competitiva nuestra economía, que nos permita enfrentarnos con éxito al fenómeno de la globalización;
  • sostenible socialmente: que favorezca el empleo estable, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que nos ayude a encarar con garantías el reto del envejecimiento de nuestra población;
  • sostenible medioambientalmente: bajo en emisiones, para conjurar las amenazas planteadas por el cambio climático y en una permanente tarea de ahorro energético.

Para desarrollar este modelo debemos hacer tres cosas:

- Primera, crear un entorno que estimule una actividad económica de alto valor añadido, de más productividad y dinamismo.

- Segunda, reconducir la actividad y el volumen exagerado de nuestro sector inmobiliario.

- Y, tercera, identificar y potenciar sectores con suficiente capacidad de generación de riqueza y de empleo, sectores que se hayan mantenido fuertes incluso durante la crisis.

Un marco apto para desarrollar una economía más competitiva requiere completar el proyecto de las reformas modernizadoras y seguir concentrando iniciativas y recursos en Educación, y en Investigación, en Desarrollo y en Innovación. Reformas modernizadoras y transversales para ampliar el horizonte de nuestro crecimiento en el largo plazo y para reforzar en el presente la confianza en la capacidad de recuperación de nuestra economía.

Hemos redoblado los esfuerzos en los últimos meses y durante las próximas semanas llegarán a esta Cámara los siguientes textos normativos:

  • La Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios;
  • La reforma de la Ley del Comercio Minorista, que fija el principio general de libre establecimiento en el comercio;
  • Una nueva Ley de Puertos, que impulsa la competencia entre puertos y mejora la prestación de servicios;
  • Y una amplia reforma del sector eléctrico para eliminar gradualmente el déficit tarifario, impulsar la inversión del sector, proteger a los consumidores más vulnerables y abrir el camino hacia la liberalización.

Y les recuerdo, asimismo, la muy reciente convalidación del Real Decreto Ley sobre la reforma de la Ley Concursal.

Quiero destacar también el esfuerzo realizado en materia de modernización y mejora de la Administración, con la puesta en marcha del Plan de Reducción de Cargas administrativas. Ya se han eliminado o simplificado trámites en cerca de 160 procedimientos y se ha avanzado visiblemente en la aplicación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a la Administración: en torno al 70 por 100 de las tramitaciones de ciudadanos y empresas con la Administración central ya pueden realizarse por la vía telemática.

Les anuncio los próximos pasos: el plan para la creación de empresas en veinticuatro horas, una nueva Ley del sector Audiovisual y una reforma de los organismos reguladores sectoriales.

Éstas son las principales reformas en marcha, pero hay otras actuaciones que también tienen un carácter estructural para la conformación, implantación y desarrollo de un nuevo sistema productivo.

La primera, la Educación.

El Ministro de Educación está trabajando en un gran pacto a favor de la educación española para mejorar el funcionamiento y los resultados de nuestro sistema educativo, porque no estamos satisfechos con ellos a pesar de haber doblado los recursos en los últimos cinco años. Las prioridades son tres:

  • Asegurar el cumplimiento del Plan de Reducción del Abandono Escolar Temprano, que cuenta con un presupuesto de 121 millones de euros en 2009 y que se aplica, después de un gran acuerdo, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
  • Asegurar el desarrollo del Plan Educa3, también en colaboración con las Comunidades Autónomas, para que en 2012 todos los niños de cero a tres años puedan acceder a una plaza de educación infantil. El Plan supone una inversión de 1.087 millones de euros y va a favorecer la conciliación y, por tanto, las posibilidades de las mujeres en el mercado laboral.
  • Y concluir una reforma de la Formación Profesional, con el más amplio acuerdo de los sectores sociales, coherente con los necesarios cambios a introducir en nuestro modelo productivo. En 2010 estará en vigor un sistema de acreditación que reconocerá las capacidades adquiridas a lo largo de la vida, facilitando la integración en el mercado laboral, y, asimismo, el establecimiento de una Red de Centros de Referencia para todas las familias profesionales con el objetivo de que exista, al menos, uno en cada Comunidad Autónoma.

Y les anuncio ahora dos nuevas iniciativas en materia educativa:

En el próximo curso escolar el Gobierno va a poner en marcha el proyecto Escuela 2.0 para la innovación y la modernización de los sistemas de enseñanza. Las aulas dispondrán de pizarras digitales, conexión inalámbrica a Internet y cada alumno tendrá su propio ordenador personal portátil, con el que podrá continuar trabajando, haciendo sus deberes, en casa. Y los profesores recibirán formación adicional necesaria.

La iniciativa, que desarrollamos en colaboración y con la cofinanciación de las Comunidades Autónomas, comenzará a aplicarse en septiembre, de modo que en el curso 2009/2010 los más de 420.000 alumnos de 5º de Primaria de los colegios públicos y concertados recibirán un ordenador personal. Se extenderá progresivamente en los años sucesivos hasta alcanzar el último curso de la Enseñanza Secundaria.

Otra nueva iniciativa se refiere al ámbito de la educación universitaria.

La obtención de un título universitario es el resultado de un esfuerzo personal y familiar considerable, pero también es fruto de una inversión pública cuya eficiencia, en términos sociales, es imprescindible defender; también, frente al desempleo. Por ello, el Gobierno favorecerá que los titulados universitarios en situación legal de desempleo y con derecho a prestaciones puedan realizar masters oficiales que les permitan seguir formándose y reciclándose durante la actual crisis económica. A estos efectos, dispondrá setenta millones para que, mediante convenio, las Universidades Públicas faciliten matrícula gratuita para estos estudios a los titulados en paro de entre veinticinco y cuarenta años.

Junto con la Educación, la Investigación, Desarrollo e Innovación, el I+D+i, es otra apuesta estructural. El importante esfuerzo que comenzamos en 2004 ha empezado a dar sus frutos. Sólo citaré dos: las patentes europeas solicitadas por agentes españoles entre 2004 y 2007 aumentaron un 52 por 100, el mayor crecimiento de la Unión Europea a Quince, y en 2008 España, junto a Finlandia y Francia, ocupa el primer lugar europeo en empresas conectadas por banda ancha.

En el momento actual el impulso a la innovación es aún más decisivo. Por ello, este año hemos puesto en marcha el Plan Avanza Dos, con una dotación de 1.500 millones de euros, a los que el Plan E ha añadido 490 millones adicionales. Contribuirá a generar, en los próximos cuatro años, casi doscientos mil empleos de alta cualificación en uno de nuestros más importantes sectores de futuro.

Seguiremos avanzando. Antes de que concluya este año aprobaremos la nueva Ley de Ciencia y la Tecnología, que adaptará nuestro sistema de I+D+i al reto de acelerar la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento.

Por tanto, Señorías, reformas estructurales, mejora de la educación y progreso en I+D+i como los tres pilares en los que ha de sustentarse, cada vez más, el modelo de crecimiento de la economía española.

Todo ello es indispensable, pero no basta. Además, hay que optar, hay que apostar por determinados sectores productivos.

Señorías,

En una de mis últimas comparecencias en esta Cámara dije que la economía española tenía que aprender la lección, que todos deberíamos hacerlo y el primero, lógicamente, el Gobierno.

Un país moderno como España no puede volver a permitir que se detraigan tantos recursos para la construcción de viviendas, para el sector inmobiliario, con subidas continuas de precios y serias dificultades de acceso a las mismas de no pocos ciudadanos porque, pese a su fuerza, el boom inmobiliario ni siquiera ha garantizado el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos; más bien al contrario. Baste, de nuevo, un dato: en la última década el precio de la vivienda creció un 100 por 100. Repito, en tan sólo diez años el precio de la vivienda se ha duplicado en España.

Hay que evitar que se den las condiciones para que esto ocurra de nuevo y a corto plazo tenemos que resolver el problema del voluminoso parque inmobiliario sin destino, que tapona la normalización del sector y es fuente de morosidad.

El Gobierno quiere aprovechar este momento para sentar las bases de la normalización de nuestro sector inmobiliario y quiere hacerlo de acuerdo con criterios de eficiencia económica general y de equidad social.

Consecuentemente, quiero anunciar a la Cámara que el Gobierno propondrá una modificación sustancial de la deducción por vivienda en el IRPF. Lo haremos con efectos a partir del 1 de enero de 2011. Hasta esa fecha la deducción vigente se aplicará a los nuevos compradores de vivienda. Quienes así lo hagan, pues, mantendrán sus derechos con posterioridad, como también lo harán quienes hasta ahora ya vinieran disfrutando de ellos.

La posibilidad de acogerse al régimen actual estará abierta durante los próximos diecinueve meses, si así, lógicamente, lo aprueba la Cámara, pero a partir de entonces sólo regirá en su integridad para las rentas más bajas. En concreto, para rentas inferiores a 17.000 euros anuales se mantendrá la deducción vigente, con un límite en la base deducible de 9.015 euros. Esto quiere decir que, aproximadamente, el 50 por 100 de los asalariados, aquellos con rentas más bajas, podrán seguir acogiéndose a esta medida. Para rentas superiores a 17.000 euros la deducción se reducirá linealmente, hasta desaparecer cuando la renta declarada esté por encima de 24.000 euros anuales.

Con este calendario, si así lo aprueba la Cámara en su momento, el mercado se podrá reactivar durante los próximos meses para liberar el parque inmobiliario de pisos vacíos, sin vender o alquilar, ese gran “stock” inmobiliario que es la mejor representación del exceso del boom que hemos vivido en estos últimos diez años.

Éste es un paso previo para la normalización del sector.

Por otro lado, una parte considerable de los recursos fiscales que se obtendrán a largo plazo, lógicamente, con la medida deberán ser reinvertidos en nuevas actuaciones en el mercado de alquiler y en la vivienda de protección oficial. Así, en coherencia con la nueva orientación de los incentivos fiscales a la vivienda, se mejorará la deducción por alquiler, equiparándola a la deducción por compra. Los umbrales para aplicar en el IRPF la deducción por alquiler de vivienda serán los mismos que para el pago de una hipoteca.

Adicionalmente, para el arrendador se mejorarán los beneficios fiscales, aumentando hasta el 60 por 100 la deducción para las rentas generadas por el alquiler de viviendas, deducción que llegará hasta el 100 por 100 cuando el arrendatario tenga menos de 30 años o hasta 35 años en el caso de los contratos ya existentes.

La construcción, Señorías, la construcción residencial, ha ayudado, y mucho, al crecimiento del país y al incremento de su riqueza; pero también ha originado disfunciones importantes que se han manifestado con ímpetu con el estallido de la crisis, especialmente por la absorción del ajuste a través de la eliminación de cientos de miles de empleos directos e indirectos.

El sector de la construcción debe seguir teniendo un peso importante en la economía española. Dadas nuestras necesidades demográficas, la mejora del nivel de vida y la potencial demanda exterior, se precisará en el futuro la construcción de, aproximadamente, 350.000 ó 400.000 viviendas anuales, pero no las 600.000 ó 700.000 viviendas anuales que hemos visto iniciarse. Un peso importante, significativo, sí, de la construcción residencial, pero no desequilibrado y desequilibrante de la economía española en su conjunto, como ha ocurrido hasta ahora.

Todos los informes de organismos nacionales e internacionales recomiendan a España pasos decididos en esta dirección y el Gobierno cree que ha llegado la hora de hacerlo. Somos muy conscientes de que el sector de la construcción es intensivo en mano de obra y de que el ajuste razonable de su dimensión demanda a la economía española que apoye su desarrollo en el papel creciente de otros sectores con futuro. Paso, Señorías, a referirme a ellos.

Son sectores donde nuestro país parte ya de una posición favorable, sectores basados en la tecnología y en el conocimiento, y alineados con las grandes tendencias globales. Sectores como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que son clave porque incrementan el capital tecnológico de las empresas y aumentan su productividad, y ya durante la pasada Legislatura este sector creció en nuestro país a tasas cercanas al 10 por 100 anual y su actividad superó los 100.000 millones de euros, empleando a más de 350.000 trabajadores. O sectores como los vinculados a las Ciencias de la Salud (biotecnología, medicina, farmacia, etcétera) que representan ya cerca del 8 por 100 del PIB y el 5 por 100 de los empleos en nuestro país.

La llamada economía social o tercer sector, integrado por cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones en distintos ámbitos, está llamada también a participar más intensamente de este nuevo modelo productivo.

Igualmente, hay que prestar atención al cuidado de los mayores, los servicios a personas dependientes y con discapacidad, y que tienen también un considerable potencial de crecimiento. Prueba de ello es que siguen creando empleo en tiempos de crisis: hasta ahora, 85.000 puestos de trabajo directos. En sólo dos años, el Sistema de Dependencia presta apoyo a 650.000 familias en España, a las que se sumarán otras 150.000 que aún no reciben prestación. Para ello, y a pesar de la crisis, el Gobierno ha aumentado los recursos del Sistema de Dependencia: en 2009, los 1.159 millones previstos en los Presupuestos han aumentado en 400 millones adicionales procedentes del Plan E.

Sectores de presente y de futuro, Señorías, son también todos los ligados a la lucha contra el cambio climático y al fomento del ahorro de la energía y la energía sostenible, por los que este Gobierno comenzó a apostar en 2004 y hoy son codiciados por casi todas las economías desarrolladas. Incluyen el fomento de las energías renovables; la rehabilitación y mejora energética de los edificios, actividad clave para absorber un volumen importante del empleo destruido en el sector de la construcción residencial; las empresas de servicios energéticos; las redes inteligentes de distribución energética; el transporte eficiente de personas y mercancías; el reciclado; la reconversión de industrias contaminantes, los servicios de gestión medioambiental; la gestión forestal o el uso más racional de los recursos hídricos.

Se trata, en definitiva, de la denominada economía verde o economía sostenible que es un gran yacimiento de empleo, de empleo de calidad, más estable y cualificado, un empleo que puede absorber parte del desempleo de la construcción a través de actuaciones de ahorro energético, como refería hace un momento, en los edificios privados y públicos.

Y junto a los sectores “de futuro”, Señorías, los sectores tradicionales de la economía española “con futuro”; los sectores que, renovados, pueden beneficiarse de las ganancias en productividad y competitividad de nuestra apuesta por la I+D+i y por el respeto al medio ambiente; sectores que deben utilizar este potencial para seguir generando riqueza y empleo en este país, como el del turismo, en el que somos el segundo mercado del mundo.

En este sentido, en el marco del Plan E pusimos en marcha el Plan RENOVE Turismo para facilitar la transición de este sector, que representa el 11 por 100 del PIB y cerca de 2,6 millones de empleos en nuestro país, hacia un modelo de turismo más sostenible medioambientalmente y de mayor calidad. La dotación inicial fue de cuatrocientos millones de euros y se ha agotado en un solo mes, financiando más de mil proyectos en toda España, movilizando inversión por valor de más de ochocientos millones de euros y generando cerca de quince mil empleos directos.

Dado el éxito de esta medida, el Gobierno ampliará esta línea con una dotación adicional de seiscientos millones de euros. Y permitirá también atender otros sectores de especial relevancia y de gran crecimiento en nuestro país, como el sector de nuestra gastronomía.

También es el caso del sector del automóvil, el tercero mayor de Europa y que dedica a la exportación más del 80 por 100 de su producto.

La convocatoria del Plan de Competitividad del Automóvil ha destinado ochocientos millones de euros a apoyar la formación, la innovación y la eficiencia energética de este estratégico sector industrial, movilizando inversiones por más de tres mil millones de euros. Y el Plan VIVE ya ha apoyado la compra de más de cincuenta mil automóviles eficientes. La importante demanda que está teniendo agotará, probablemente, en muy poco tiempo la dotación prevista de setecientos millones de euros.

Por ello, estoy en condiciones de anunciarles que el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a las que se lo vamos a proponer, y el sector de la automoción, que está en buena disposición, va a acordar una nueva medida para seguir apoyando la mejora de la eficiencia de nuestro parque de vehículos y la actividad y el empleo del sector del automóvil. Vamos a proponer que, con carácter inmediato, hagamos un plan de apoyo directo a la compra de automóviles: el Gobierno compromete por cada vehículo quinientos euros, va a proponer que las Comunidades Autónomas complementen con quinientos euros y que el sector del automóvil aporte mil euros por cada compra de vehículo; en consecuencia, dos mil euros de ayuda para los ciudadanos para adquirir un vehículo nuevo, hasta un total de doscientos mil vehículos.

Pero es imprescindible avanzar más, especialmente en el ámbito del transporte público. Por ello, les anuncio que pondremos en marcha con carácter inmediato dos nuevas medidas: en primer lugar, un nuevo Plan VIVE para la renovación de autobuses, que financiará la sustitución de autobuses de más de diez años por autobuses nuevos que cumplan determinadas características de eficiencia; Plan que tendrá una duración limitada en el tiempo y apoyará la compra de hasta dos mil nuevos autobuses; en segundo lugar, para apoyar el transporte público y para apoyar a los trabajadores, extenderemos el tratamiento fiscal del “cheque restaurante”, que hoy reciben muchos trabajadores, a un “bono transporte” que no tributará, pues, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF. Esto supondrá una rebaja media del 24 por 100 en el coste del transporte público para los trabajadores cuyas empresas se acojan a este programa.

Otros sectores con fuerza, Señorías, son el de la ingeniería civil y la gestión de servicios, que tiene a seis empresas españolas entre las diez mayores del mundo en gestión de infraestructuras; o el sector de la industria agroalimentaria, que cuenta con varias empresas españolas en posiciones de liderazgo mundial en la distribución; o el sector financiero, con entidades que están viendo reforzada su posición competitiva global contra la crisis; o el de sector de la moda y el sector textil, con empresas españolas que son referentes mundiales; o, por supuesto, el de la industria cultural, que nos permite explotar económicamente uno de nuestros más valiosos activos de nuestra cultura que es nuestra lengua.

Señorías,

Se trata, en definitiva, de aunar esfuerzos para emprender una transición hacia un modelo de crecimiento basado en sectores con una clara vocación de futuro y con capacidad de generación de puestos de trabajo de calidad; sectores que primen el retorno a medio y largo plazo sobre la ganancia cortoplacista e insostenible; sectores que pongan en valor nuestro compromiso de responsabilidad con el medio ambiente y la necesidad de ahorro energético de un país tan dependiente del exterior en la energía como es España.

Son sectores que el Gobierno viene impulsando activamente desde el inicio de la pasada Legislatura y por los que ahora quiere apostar decididamente para luchar contra el desempleo y el deterioro de la actividad económica.

Señoras y señores diputados,

Para apoyar con decisión este modelo renovado de crecimiento, el Gobierno compromete públicamente ante la Cámara tres instrumentos: financiación, una norma jurídica específica y una propuesta de acuerdo político.

En primer lugar, financiación. Para apoyar la inversión en estos proyectos, proyectos de economía sostenible, vamos a poner en marcha y proponer dos fuentes específicas de financiación: por un lado, el Gobierno creará un Fondo para la Economía Sostenible, lo instrumentaremos a través del ICO y movilizará veinte mil millones de euros, entre fondos públicos y privados, durante los años 2009 y 2010; por otro, los Presupuestos del Estado para 2010 dotarán un nuevo Fondo de Inversión Local para proyectos de sostenibilidad ambiental, tecnológicos y de inversión para centros sociales en desarrollo de la Ley de Dependencia. Deseamos que se prolongue el buen comportamiento del Fondo que ahora se está aplicando, pero que se centre en obras e inversiones relacionadas con el nuevo modelo productivo por parte de los Ayuntamientos. La cuantía del Fondo será de cinco mil millones de euros.

Y, junto a la financiación, la norma y el acuerdo.

Además de las normas específicas ya proyectadas por ejemplo, las que irán llegando a esta Cámara que he referido sobre reformas estructurales, el Gobierno tiene el propósito de remitir al Parlamento un Proyecto de Ley para la Economía Sostenible. En ella se incluirán las normas que regulen las medidas fiscales, presupuestarias y de todo tipo a las que me he referido, y todas aquellas otras que contribuyan a implantar, en la forma más rápida, más viable y consolidada, un nuevo modelo productivo para España. Proporcionará claridad, seguridad jurídica y posibilidad real de someter a evaluación sus resultados.

Para garantizar la eficacia inmediata de sus previsiones, el Gobierno solicitará la tramitación por el procedimiento de urgencia.

En torno a la elaboración de esta Ley general, nos proponemos buscar un amplio acuerdo social, institucional y político sobre las prioridades del nuevo modelo productivo.

En primer término, propondremos un acuerdo sobre el contenido de la Ley de Economía Sostenible en la Mesa del Diálogo Social, para abordar el nuevo modelo de crecimiento de la economía, su adaptación a la empresa, la negociación colectiva, la protección social y la formación para el empleo en nuestro país.

El diálogo político se producirá con ocasión de la tramitación parlamentaria de la ley y, además, el Grupo Socialista propondrá la creación de una Comisión permanente para supervisar su cumplimiento. En este ámbito político-parlamentario el Gobierno incluye su deseo de avanzar lo más rápidamente posible en una nueva etapa de consenso renovado con el principal Grupo de la Oposición y con todos los Grupos de la Cámara sobre el desarrollo del Pacto de Toledo.

Finalmente, el tercer escenario para el diálogo y el acuerdo será una futura Conferencia de Presidentes, que convocaré en cuanto la nueva Ley haya sido aprobada, para buscar la cooperación con las Comunidades Autónomas en su desarrollo.

Señorías,

Debemos dialogar y buscar acuerdos en torno a las grandes prioridades del nuevo modelo productivo, junto a los agentes sociales, en primer lugar, y también con las Comunidades Autónomas y de manera singular con éstas sobre la atención a los desempleados.

En definitiva, señoras y señores diputados, me comprometo ante ustedes a impulsar este acuerdo para la recuperación económica y la protección social, basado en el modelo económico renovado que acabo de explicar, en las políticas de empleo de las distintas Administraciones y en la renovación del Pacto de Toledo sobre las pensiones.

Señoras y señores diputados,

La lucha contra la crisis y el desempleo ha sido la prioridad absoluta durante estos últimos doce meses, y lo seguirá siendo, sin duda, en los próximos; pero no ha sido ni será lo único en lo que trabaje con intensidad el Gobierno

El Gobierno de España está desarrollando una política exterior muy activa en un momento que consideramos crucial para el futuro de las relaciones internacionales. La llegada de la Administración Obama y la necesidad, percibida por todos, de responder globalmente a una crisis global abren al multilateralismo el mejor escenario posible.

España acaba de estar presente en cuatro Cumbres clave para redefinir el nuevo orden internacional: la del G-20 en Londres, la de la OTAN en Estrasburgo y Kehl, la Cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos de Praga, y el II Foro de la Alianza de Civilizaciones en Estambul. La línea conductora de todas ellas ha sido la búsqueda de mecanismos de gobernanza para afrontar los retos del siglo XXI, desde los valores compartidos de la defensa de la paz, la economía sostenible, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza.

El creciente reconocimiento del peso de España se debe, sin duda, al progreso alcanzado por nuestro país en estos treinta años de democracia y a la puesta en valor de nuestra capacidad estratégica de interlocución con regiones muy diversas del planeta; pero también a que los valores que venimos defendiendo desde 2004 en nuestra acción exterior cuentan con respaldo cada vez más extendido.

Con estas premisas, la Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 va a tener lugar en un momento muy relevante para Europa y para nuestro país. Esperamos contar para entonces con un nuevo Tratado y nos corresponderá garantizar su aplicación y la consolidación de sus instituciones. También confiamos en que entonces se perciban ya con nitidez los resultados de los diversos planes nacionales de estímulo económico frente a la crisis, cuya gestión seguirá constituyendo un objetivo prioritario.

Ordenaremos nuestra Presidencia sobre dos ejes trasversales, la innovación y la igualdad, para ganar el futuro, para garantizar la dignidad de nuestros ciudadanos y para preservar y ensanchar el modelo social europeo.

Aprovecho para reiterar mi oferta del más amplio consenso político sobre la preparación y el desarrollo de la Presidencia; y, en especial, al Parlamento, al Congreso de los Diputados.

Señoras y señores diputados,

Cuando hace un año presenté el programa del Gobierno, me referí a una finalidad común a todas las iniciativas: el refuerzo de la efectividad de los derechos de los ciudadanos.

Desde esta perspectiva, afirmé que la reforma de la Administración de Justicia se había convertido en “un objetivo crucial e inaplazable”. Es una de las reformas cuyos efectos sobre la competitividad y la recuperación económica no son menores que los que puedan derivarse de las transformaciones en los ámbitos laboral, energético o del transporte.

Hay que incrementar la capacidad del sistema judicial y, al tiempo, reducir su carga de trabajo, liberar a la justicia de tareas que pueden satisfacerse mejor por otras vías y eliminar procedimientos y recursos que no sean estrictamente necesarios.

El Gobierno está absolutamente empeñado en todo ello, en un marco de acuerdo con los profesionales de la Justicia. Lo hace desde la legitimidad de ser el que más ha invertido en Justicia y desde la voluntad, ya hecha pública, de destinar seiscientos millones de euros para su modernización en los próximos tres años. Además, en los próximos meses el Gobierno presentará ante esta Cámara:

  • La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprovechando al máximo las capacidades de nuestros fiscales y jueces;
  • La nueva regulación de competencias de nuestros órganos judiciales, eliminando duplicidades y dilaciones innecesarias;
  • Y la nueva demarcación y planta judicial, la regulación de los Consejos Territoriales del Poder Judicial y la reforma del Registro Civil.

Señorías,

También la reforma del sistema de financiación autonómica es una reforma estructural.

Todas las Comunidades Autónomas han visto cómo el sistema aprobado en 2001 no permite desde hace tiempo atender las consecuencias del aumento de la población y la demanda de servicios públicos. Hemos trabajado lealmente para conseguir el acuerdo con la totalidad de las Comunidades Autónomas: con cada una de ellas y con todas ellas; bilateral y multilateralmente; como siempre se hizo y como hará cualquier Gobierno responsable.

Hoy les anuncio que el Gobierno convocará con este objetivo al Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del próximo día 15 de julio para acordar el nuevo modelo de financiación autonómica.

El acuerdo de financiación autonómica despejará los obstáculos para la financiación local, aunando el esfuerzo del Estado y de las Comunidades Autónomas. El Gobierno ya ha adelantado el pago de la liquidación definitiva y del Fondo Especial de municipios inferiores a veinte mil habitantes; ha canalizado a los municipios más de ocho mil millones de euros en el Fondo de Inversión Local, y hoy he anunciado el nuevo compromiso de cinco mil millones para el próximo ejercicio; ha asumido el aval, por un máximo de tres mil millones de euros, de las deudas de las entidades locales por contratos de obras y suministros, y acabo de anunciar un nuevo Fondo para las obras vinculadas con la economía sostenible para el próximo año

Señorías,

La mejora de la efectividad y la garantía de los derechos, de la dignidad y de la libertad de los ciudadanos es la idea fundamental que está detrás de algunos proyectos que el Gobierno remitirá a la Cámara en los próximos meses:

- En primer lugar, la reforma de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

- En segundo lugar, la Ley integral de igualdad de trato.

- En tercer lugar, el nuevo marco legal de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa.

- O la culminación del modelo de una nueva televisión pública que, si ya respondía a los principios de independencia y pluralidad, se configurará, definitivamente, como servicio público, exento de competencia comercial y libre de publicidad.

Señorías,

La misma idea justifica también la aprobación del Plan de Derechos Humanos 2008-2012. Ha sido elaborado con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales de protección de derechos y se presentará en esta Cámara en fechas inmediatas.

Es la misma idea que nos ha llevado a enviar ayer mismo al Consejo de Estado el Anteproyecto de reforma de la llamada Ley de Extranjería, que incorpora las sugerencias recibidas en el intenso proceso de consulta desarrollado en los últimos meses. Es una reforma que mantiene el consenso sobre los elementos fundamentales de la política inmigratoria: inmigración regular vinculada a la realidad de nuestro mercado laboral, e igualdad e integración de los inmigrantes que residen en España.

Señorías,

Quisiera acabar este repaso de los compromisos sobre la eficacia de los derechos de los ciudadanos con un reconocimiento público, el que se merecen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo trabajo ha permitido que los ciudadanos podamos seguir ejerciendo nuestros derechos, con índices de criminalidad y delitos más bajos que los de nuestro entorno. Siempre hay nuevas amenazas y nunca se puede bajar la guardia, pero debemos congratularnos de que nuestra Policía y nuestra Guardia Civil estén cada vez mejor dotadas y actúen con tanta profesionalidad y eficacia.

Fruto del trabajo de la Guardia Civil y de la Policía, de la Justicia y de las fuerzas de seguridad francesas, ETA ha sido descabezada en cuatro ocasiones sólo en lo que va de Legislatura. No hay mejor noticia posible para todos los demócratas y sé que hablo en nombre de todos los grupos de esta Cámara al proclamarlo así. Estamos más cerca del fin. Juntos, estamos más cerca del fin, de ver erradicarse la violencia terrorista en el País Vasco y en el conjunto de España.

Señorías,

Hace cinco años aseguré que lo que define y caracteriza un proyecto socialista son las políticas sociales; las políticas destinadas a promover las condiciones de igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos; las políticas que garantizan la cohesión de nuestra sociedad y la hacen, así, más fuerte, más estable, más capaz y más justa.

Mi Gobierno se ha empeñado en cumplir su principal compromiso, mejorar las condiciones de vida de quienes menos recursos poseen en esta sociedad, y, al hacerlo, ofrecerles no sólo esperanza, sino razones para sentirse parte más activa de nuestra sociedad, más ciudadanos, ciudadanos iguales, hombres y mujeres con un destino más seguro.

Ese compromiso se ha ido haciendo realidad: es un Salario Mínimo que ha crecido el 35 por 100 en estos años para los trabajadores que menos ganan en nuestro país; son las pensiones mínimas, que han crecido el 31 por 100 desde 2004, beneficiando a tres millones de pensionistas con las rentas más bajas; son las 650.000 personas en situación de dependencia, que por primera vez han visto reconocida su situación y perciben prestaciones y ayudas de la sociedad; son los más de un millón y medio de jóvenes que disfrutan hoy de una beca, trescientos mil más que en 2004; son los cien mil jóvenes que perciben la renta de emancipación para la ayuda a la vivienda en alquiler; son los 350.000 varones que han disfrutado del permiso de paternidad desde 2007 o las ochocientas mil familias que han percibido 2.500 euros por el nacimiento de cada uno de sus hijos.

Son, pues, millones de jóvenes, de personas mayores, de discapacitados y de dependientes. Son millones de familias, las más necesitadas socialmente, que han obtenido el apoyo del conjunto de los ciudadanos a través de las propuestas del Gobierno.

Quiero hoy reiterar, en nombre del Gobierno y del proyecto que represento, que éste es nuestro principal compromiso y que, por tanto, mantendremos y fortaleceremos todas las políticas sociales que hemos ido conquistando en los últimos cinco años. Es mi mayor compromiso y mi principal deber con los ciudadanos que nos dieron su apoyo electoral.

Hoy extiendo ese compromiso, de manera singular, en este momento a los que más necesitan de la solidaridad del apoyo de todos: las personas sin empleo. Ellas son destinatarias, con la misma fuerza y el mismo fundamento, de nuestro compromiso social acreditado, el que ha guiado nuestra acción política y la seguirá guiando en el futuro, para siempre.

Muchas gracias

 

 

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