La asociación de fiscales, la asociación profesional e independiente de fiscales y la unión progresista de fiscales han manifestado en un comunicado conjunto su alarma ante las últimas decisiones tomadas por el Gobierno de la Generalitat y por el Parlament de Cataluña. Como señalan en el escrito muchos de ellos viven y trabajan en Cataluña y no pueden mantenerse en silencio ante los últimos acontecimientos. En concreto, se muestran conmocionados tanto con el contenido y como con la tramitación de la Ley del Referendun de Autodeterminación y de la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la Republica Catalana.
Reconocen que esta situación subyace un problema político que deberá ser abordado y reconducido por los cauces, también políticos, que correspondan. Sin embargo, destacan que ello no "puede ser excusa para la flagrante y reiterada vulneración de la legalidad que se está acometiendo" ya que "el principio de legalidad y la correlativa sujeción de los poderes públicos a la ley es lo que define a un Estado Democrático de Derecho como tal". Lo cual tal y como señalan garantiza la convivencia, proporciona seguridad jurídica a los ciudadanos y protege frente a decisiones arbitrarias y regímenes autoritarios.
Y es por ello, que rechazan la patente contravención de estos principios por las citadas leyes, la clara vulneración de la Constitución española, la cual recuerdan fue "aprobada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España", y el incumplimiento del propio Estatuto de Cataluña.
Asimismo denuncian que estas leyes no se adecúan a las condiciones y recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, ni tienen amparo en ningún Tratado internacional ni en las resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación, aplicables, por cierto, a situaciones por completo distintas a la existente en Cataluña y el resto de España.
Por otra parte, consideran que "los votos de una apretada mayoría de diputados del Parlament no pueden dinamitar la estructura legal y constitucional de un Estado como el Español, ni pueden imponer una visión parcial y sesgada de lo que significa la convivencia democrática con el único objetivo de conseguir sus propios fines. También insisten en que lo que distingue a una democracia no es la celebración de consultas populares -que acogen también los regímenes no democráticos- sino la sujeción de los poderes públicos a la Ley.
Por último concluyen que como ciudadanos esperan "cordura, sensatez y soluciones políticas, pero también respeto a las leyes y a los principios democráticos" y como Fiscales asumen "con convicción y responsabilidad el desempeño de las funciones que legal y constitucionalmente tenemos atribuidas".
