El Pleno de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo ha decidido el pasado miércoles, 20 de septiembre, formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el llamado “caso De Diego Porras”.
El Tribunal Supremo solicitará al TJUE que clarifique su sentencia de 14 de septiembre de 2016 sobre las consecuencias indemnizatorias de la finalización de contrato de interinidad.
Esta importante sentencia, que supuso que numerosas resoluciones judiciales en España equiparasen el cese de los interinos al despido por razones objetivas de un trabajador fijo (20 días por año trabajado), también fue analizada en distintos foros, especialmente en el grupo de expertos que el Gobierno creo para que elaborasen un dictamen previo a la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
La extensión de los efectos de la nueva doctrina emanada de dicha resolución ha alcanzado a otros colectivos eventuales, como los funcionarios interinos.
