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18/04/2018 13:16:43 | TS | delito de malversación| 2 minutos

Llarena requiere a Montoro sobre el "soporte objetivo" de su afirmación de que no hubo gasto público el 1-O

Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, ha hecho pública la providencia en la que insta al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro a que informe al tribunal del concreto soporte objetivo de las afirmaciones que hizo en una entrevista para ‘El Mundo’ en las que aseguró que el 1-O no había sido financiado con dinero público.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, requiere al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña, algo que el magistrado destaca que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.

En una providencia dictada hoy, el instructor señala que se ha objetado por varios de los procesados, en las declaraciones indagatorias celebradas los días 17 y 18 de abril de 2018, “la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros”, fundando sus alegatos “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.

Por ello, requiere al ministro de Hacienda “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”.

Montoro hizo estas declaraciones durante una entrevista para el medio de comunicación 'El Mundo' publicada el 16 de abril de este año, en la que textualemente afirmó: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Esto se contrapone con la investigación del Supremo que investiga si se produjo un delito de malversación en la celebración del citado referendum, por lo que el ministro de Hacienda deberá de responder ante el Supremo sobre la base de esta información.

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