El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido, firmaron ayer un acuerdo de colaboración para poner en marcha el Plan EJIS, cuya finalidad es permitir la interconexión entre todos los sistemas informáticos de la Administración de Justicia.

El convenio prevé la incorporación al mismo de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, que así lo estimen oportuno.

La diferencia frente a reformas anteriores, según el Ministerio, se encuentra en la "colegiación de esfuerzos" y en el empeño de este departamento de concitar la voluntad de todas las administraciones implicadas (Fiscalía, CGPJ, CC.AA. con competencias), de las asociaciones profesionales y también de diferentes entidades de la sociedad civil.

El Plan incidirá en seis puntos fundamentales, según el Departamento de Justicia: la instauración de un Servicio Público de calidad, de una Justicia titular y altamente cualificada, tecnológicamente avanzada, que mire al ciudadano, que provenga de una 'comunión' de esfuerzos y se fortalezca también en el ámbito internacional.

Por lo que se refiere al incremento de planta y plantilla judicial, conllevará igualmente un aumento del número de funcionarios destinados a la Administración de Justicia, e incidirá de forma importante en la creación de la nueva figura de juez de adscripción territorial. Se tratará de un juez no adscrito a ningún órgano concreto y que funcionará de apoyo o sustitución de los juzgados de la provincia a la que se le destine.

Además, se prevé la modernización de los Registros Civiles, donde se instalarán puestos automáticos que permitirán, por ejemplo, sacar una partida de nacimiento sin tener que dirigirse a ningún funcionario del órgano, de forma rápida y sencilla.

Este plan completará los importantes cambios previstos con la implantación de la nueva Oficina Judicial, cuyo proyecto de Ley afronta la recta final de su tramitación parlamentaria en el Senado. Ayer precisamente concluyó el plazo de presentación de enmiendas a esta reforma.

Su primera actuación será definir un catálogo de servicios a prestar e identificar todos los sistemas informáticos actualmente en funcionamiento, para establecer un sistema operativo que permita la interoperatividad con todas las garantías y seguridad.