Este lunes la Fiscal General del Estado, María Jose Segarra, ha presentado la Memoria de la Fiscalía sobre el año judicial 2018. Este informe recoge anualmente un resumen de lo más relevante acontecido en los tribunales por las diferentes fiscalías territoriales, además de las propuestas del propio Ministerio Público para solucionar los retos del nuevo curso.  

El informe, publicado por la Fiscalía General con motivo de la apertura del año judicial, ha realizado un extenso repaso por todas las cuestiones jurídicas relevantes jurídico del último año, tocando temas como ciberseguridad, terrorismo, protección de datos, corrupción o maltrato animal. 

Estos han sido los siete titulares (y los extractos clave) más relevantes del informe. 

1.    Ciberdelincuencia: aumentan los casos, especialmente en delitos de estafa

La Memoria de la Fiscalía alerta sobre el aumento “generalizado” de los procesos judiciales por delitos de ciberdelincuencia y asegura que existe un “desplazamiento generalizado hacia la red de todo tipo de actividades criminales”, aupado por las facilidades de los ciberdelincuentes para conseguir impunidad en la red a través de la anonimidad, además de la utilización de sitios como la dark web.

Según los datos aportados, en 2018 se incoaron 9.069 expedientes de investigación judicial por ciberdelitos, un 35,8 por ciento más que en 2017. Destacan nuevas formas de ciberestafa, como la utilización ilícita de datos bancarios captados en establecimientos en el extranjero, fraudes en alquiler de viviendas, ofertas falsas de inversión, emails con robo de identidades en correos corporativos (conocido como fraude al CEO) o incluso casos de compraventa de coches ficticios (phishing-car). 

También se destaca un aumento de los delitos de odio en la red y de los casos de distribución de pornografía infantil. 

2.    Abusos y menores: se incrementa un 43 por ciento las investigaciones judiciales por violaciones por menores

El Ministerio Fiscal señala un “preocupante e inquietante” aumento de la violencia sexual y machista entre los menores, tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones de pareja, “iniciadas a una vez cada vez más temprana, y que se asientan sobre pautas de control y dominación del chico sobre la chica”, apunta. 

Según el documento de los fiscales, los números son especialmente flagrantes en cuanto a violaciones por menores. El informe certifica un aumento de un 43 por ciento de los expedientes de investigación incoados en estos delitos, lo que supone un total de 648 casos, algo que los fiscales relacionan con el excesivo consumo de pornografía entre los jóvenes. 

"El incremento de la violencia entre los jóvenes es muy inquietante; especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual ejercida en grupo. Se trata de un fenómeno que guarda relación con el uso de la pornografía a través de las redes, donde se representa a la mujer cosificada. Una situación que hay que afrontar desde el ámbito educacional, en el que padres y administradores tienen que aunar esfuerzos para asegurar la transmisión de valores de igualdad, respeto y no discriminación", destaca el informe presentado por la Fiscal General del Estado. 

También destaca el aumento de los delitos de naturaleza sexual, que han colmado un total de 18.986 asuntos, un 1 por ciento total de las diligencias. 

3.    Corrupción: falta de medios para controlar el gasto público

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado la necesidad de que se inicien profundas reformas “sustantivas y materiales” para poder perseguir ciertas formas de corrupción, en especial las relativas a las formas de gasto del dinero público. 

En este sentido, el informe asegura que “no es exagerado señalar que, aquellos incumplimientos, por una parte, y el fenómeno de la corrupción por otra, hacen que los denominados delitos económicos se encuentren entre las infracciones más denostadas y que mayor rechazo originan en una sociedad torturada por una grave crisis económica, generadora de profundas desigualdades”.

El Ministerio Público insiste por ello en la necesidad de crear un Fiscal Coordinador en materia de delincuencia económica, petición que ya realizó el año pasado, para que se ponga el foco en los delitos contra la Hacienda Pública, especialmente los realizados por las personas jurídicas.

4.    Menores no acompañados: aumento masivo de su presencia y saturación de los centros de acogida

La mayoría de Fiscalías coinciden en el aumento de los problemas jurídicos con respecto a los Menores de Edad No Acompañados, especialmente destacable a partir de la segunda mitad del 2018. 

El informe de Fiscalía asegura que la llegada “masiva” de estos niños ha supuesto una “sobresaturación” de los centros de acogida, que se ha traducido en “problemas de hacinamiento y falta de dormitorios e instalaciones higiénico-sanitarias suficientes” y en reportes y quejas sobre la falta de medios de los funcionarios encargados de los centros. 

La Memoria también registra un aumento de criminalidad entre estos jóvenes en delitos como robos con fuerza, robos con violencia y hurtos. Según el informe, se tratan de menores de “edad difícil de precisar en buena parte de casos”, que llegan en “circunstancias personales muy precarias” y que se sitúan “en clara situación de riesgo con la necesidad de atención consiguiente a cargo de las entidades públicas”. 

5.    Terrorismo: ETA es historia para la Fiscalía

El Ministerio Público también ha hecho balance en materia de terrorismo y ha calificado 2018 como el año en el que “oficialmente” desapareció ETA. En este sentido, la Fiscal María José Segarra manifestó en su discurso para el inicio del año judicial que la disolución de la banda no es sino que la “ratificación de su derrota”. 

No obstante, el documento firmado por Segarra no descarta la posibilidad de un rebrote del terrorismo independentista vasco, con “menor capacidad lesiva” y sólo circunscrito a País Vasco y Navarra, aupados por actos de grupos disidentes y radicalizados que han protagonizado algunos ataques de carácter leve en los últimos meses, como boicots a vías ferroviarias o ataques a bancos.    

El informe también destaca la investigación de actos de “terrorismo anarquista” o “insurrecionista”, con especial incidencia en los casos de menor relevancia recogidos en Madrid y Barcelona. Se registran en esta modalidad ataques a cajeros automáticos, a sedes de partido o pintadas en bancos. La mayoría de estos incidentes se asocian a la Federación Anarquista Informal – Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), la que la Fiscalía define como el “paradigma a nivel internacional del anarquismo insurreccional”.