El Parlamento Europeo no está seguro de que Reino Unido haya aportado suficientes garantías sobre el futuro de los ciudadanos de la Unión en Reino Unido tras el Brexit. En una resolución aprobada este miércoles (610 votos a favor, 29 en contra, 68 abstenciones) los eurodiputados han mostrado su preocupación por la falta de garantías reales para blindar cuestiones como la libertad de circulación, la duración del periodo transitorio y cómo minimizar el impacto del Brexit en la vida de los ciudadanos, tanto de aquellos con pasaporte UE en Reino Unido, como de los británicos en territorio de la Unión.
La Cámara ha mostrado especial preocupación por el sistema de registro británico. Critica que no se ofrezca un documento físico como prueba del derecho a residencia, así como la falta de facilidades y asistencia a los ciudadanos para utilizarlo.
Los eurodiputados también cuestionan la nueva autoridad independiente del Reino Unido, una solución prevista en el acuerdo de retirada. La Cámara se inclina por implantar un mecanismo conjunto PE-Reino Unido para verificar la correcta aplicación de todas las disposiciones desde ambas posturas.
Asimismo, el Parlamento pide al Reino Unido y a los otros 27 Estados miembros campañas informativas y de sensibilización. Insiste en que la UE debe aplicar un enfoque “coherente y generoso a la hora de proteger los derechos de los ciudadanos británicos residentes en su territorio”, exponen. Este martes, el pleno debatió la cuestión con la presidencia croata de la UE y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Contexto
Para entrar en vigor, el acuerdo de Brexit debe ser aprobado por el Parlamento Europeo por mayoría simple de votos emitidos (Artículo 50(2) del Tratado de la UE). El pleno votará el texto una vez completado el proceso de ratificación en Reino Unido.
La segunda parte del acuerdo de retirada protege a los ciudadanos de la UE en Reino Unido y del Reino Unido en la UE, así como a sus familias. Según sus disposiciones, todos los derechos de seguridad cubiertos por la legislación comunitaria deben mantenerse y los derechos de los ciudadanos extenderse a toda su vida.
También deben cumplir rígidos requisitos de transparencia los procedimientos administrativos. La correcta aplicación de estos términos será verificada por una autoridad independiente, con competencias similares a las de la Comisión Europea.
