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17/03/2020 08:30:53 LEGISLACIÓN 19 minutos

Crisis sanitaria por el coronavirus: primeras órdenes ministeriales tras la declaración del estado de alarma

Unas horas después de declararse el estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad aprobaron, como autoridades competentes delegadas en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, un primer grupo de instrucciones y órdenes para dar cumplimiento al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado, la segunda en veinticuatro horas, publicó la noche del domingo 15 marzo diez resoluciones, entre instrucciones y órdenes, de los ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad, en desarrollo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, mediante el cual el Gobierno había declarado el día anterior el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y ordenado, entre otras medidas, el confinamiento de los españoles en sus casas.

El Real Decreto 463/2020 estableció, en primer lugar, la autoridad competente a efectos del estado de alarma. Además dispuso limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias y medidas de contención en los ámbitos educativo, comercial, de los equipamientos culturales y actividades recreativas, de la hostelería y restauración y de culto. Un tercer bloque de medidas iban dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud, el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, los transportes y el suministro alimentario y energético. Finalmente preveía la suspensión de plazos procesales, administrativos y de prescripción y caducidad y atribuía el carácter de agentes de la autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Autoridad competente y autoridades competentes delegadas

El Real Decreto 463/2020 dispuso que, a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente sería el Gobierno y que, para el ejercicio de las funciones contempladas en la norma y bajo la superior dirección del presidente, serían autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad, la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el ministro de Sanidad. En las áreas de responsabilidad que no recayesen en la competencia de ninguno de los tres primeros, sería autoridad competente delegada el ministro de Sanidad.

Instrucciones en el ámbito del Ministerio de Defensa

La Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tiene por objeto determinar las medidas necesarias para la actuación de las Fuerzas Armadas y de los recursos sanitarios de la red sanitaria militar en desarrollo de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, así como poner a disposición de la autoridad competente y de las autoridades competentes delegadas las capacidades militares en materia de policía militar; transporte logístico terrestre; aerotransporte general y medicalizado; control de tráfico aéreo, navegación marítima, puertos y aeropuertos; alojamientos logísticos y campamentos militares, e Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Entre las obligaciones que la Instrucción impone, destacan las siguientes:

- Los militares estarán en disponibilidad permanente para el servicio derivado del actual estado de alarma, disponibilidad que se adaptará a la actual situación de crisis sanitaria.
- Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada podrán emplear al personal en activo y en reserva con destino en el cumplimiento de las misiones asignadas como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 463/2020, así como proponer al Subsecretario de Defensa que personal en situación de reserva pase a ocupar un destino a los efectos del citado real decreto.
- El Subsecretario de Defensa podrá destinar a todo el personal militar sanitario en activo y en reserva, con independencia de la causa por la que hayan pasado a esta situación administrativa, al cumplimiento de cuantas medidas determine la ministra de Defensa, tanto dentro de la red sanitaria militar como en el resto del Sistema Nacional de Salud.
- El personal de la red sanitaria militar estará en disposición de incorporarse a su destino tan pronto sea requerido. Este personal se considera de carácter crítico y reducirá los permisos al mínimo imprescindible.

Como medida de autoprotección, se dispone que el personal incluido en el ámbito de aplicación de la instrucción utilizará, en todo caso, los equipos de trabajo adecuados para garantizar su seguridad sanitaria atendiendo a lo que se disponga por el Ministerio de Sanidad.

El JEMAD, bajo la superior autoridad de la Ministra de Defensa, ejercerá el mando único de todas las medidas que se ejecuten por el Ministerio y se establecerá un Centro de coordinación, en el que se integrarán las autoridades y mandos que aquél determine.

Medidas en el ámbito del Ministerio del Interior

a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, establece los criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020. Conforme a este texto, los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas, salvo las expresamente exceptuadas, para lo cual podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo.

La Orden establece el derecho de los funcionarios policiales, independientemente de su Cuerpo de pertenencia, a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y dispone que se adoptarán las medidas necesarias para que los equipos de trabajo del personal involucrado en las actuaciones objeto de la norma sean adecuados para garantizar su seguridad y salud.

El texto dispone que el ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos, y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establecerán dispositivos de seguridad, fijos y móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte, para asegurar la observancia de las medidas limitativas acordadas en el Real Decreto 463/2020, pudiendo realizar a tal fin las comprobaciones personales y documentales necesarias al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Asimismo se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de los centros sanitarios, así como, en su caso, de establecimientos de elaboración, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos o sanitarios, y se intensificará el uso de la figura del «interlocutor policial sanitario», como cauce de comunicación permanente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el sistema sanitario. Cuando resulte necesario se apoyarán los desplazamientos de los servicios sanitarios o de emergencias.

También dispone medidas de apoyo a las restrictivas acordadas por el Real Decreto 463/2020 en relación con la actividad comercial, apertura de establecimientos y actos de culto y a las medidas destinadas a garantizar el suministro alimentario y de otros bienes y servicios. En particular, cuando resulte necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de estos bienes.
Por otro lado, se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de las infraestructuras críticas, sobre la base de los correspondientes planes de apoyo operativo puestos en ejecución por el cuerpo policial responsable de la protección de la infraestructura de que se trate.

También se preverá la disponibilidad de recursos para la ejecución o apoyo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con las requisas temporales que puedan ordenarse por el ministro del Interior o por otras autoridades competentes de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en el Real Decreto 463/2020 y en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales.

El texto dispone que los Cuerpos policiales impartirán directrices para prevenir y minimizar los efectos de la desinformación, extremándose la vigilancia y monitorización de las redes y páginas web en las que se difundan mensajes e informaciones falsas orientadas a incrementar el estrés social.

En materia sancionadora, la Orden recuerda que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente pueden ser constitutivos de delitos de atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de resistencia y desobediencia, tipificados en los artículos 550 a 556 del Código Penal, y que igualmente el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, considera como infracción grave la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

Finalmente el texto diseña diversas medidas de coordinación, entre ellas, en el ámbito del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, se constituirá un Centro de Coordinación Operativa. En el ámbito local se hará uso de los cauces de coordinación existentes a través de las Juntas Locales de Seguridad. Y establece que, si bien los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales deberán prestarse mutuo auxilio e información recíproca en el ejercicio de sus funciones respectivas, cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran simultáneamente miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de aquellas, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación.

b) Instituciones penitenciarias

Por su parte la Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, establece las siguientes medidas en relación con los internos de todos los centros penitenciarios del Estado:

- Se suspenden todas las comunicaciones ordinarias de los internos.
- Se suspenden las salidas de permiso, salidas programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad.
- Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad que se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario.
- En todos los centros penitenciarios se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas los internos, especialmente con sus abogados.

c) Protección civil

La Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, establece los criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020 en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil.

En primer lugar, dispone que por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se convoque inmediatamente el Comité Estatal de Coordinación (CECO), en el que se integrarán los Consejeros competentes en materia de protección civil y emergencias de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como los Delegados del Gobierno en las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Durante la vigencia del estado de alarma se establece un sistema de comunicación reforzada de todos los servicios autonómicos de Protección Civil a través del Centro Nacional de Emergencias (CENEM), al que habrán de dirigirse todas las informaciones operativas relevantes y a través del cual se transmitirán las instrucciones que se acuerden.

Además, con el fin de garantizar una comunicación pública homogénea, la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones se comunicarán previamente al CENEM, estableciéndose por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias los mensajes que, en coordinación con las autoridades sanitarias, se estime conveniente difundir.

Los órganos competentes de cada Comunidad y Ciudad Autónoma adoptarán las medidas necesarias para la activación de los voluntarios de protección civil, informando al CENEM del número de efectivos movilizados.

Medidas en el ámbito del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

a) acceso de transportistas profesionales a servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías

La Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, dicta disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional.

Así, dispone que los establecimientos de suministro de combustible y los centros de carga y descarga que dispongan de servicios de aseo deberán facilitar su uso a los conductores profesionales. Las medidas que se puedan exigir a los conductores para el acceso a este tipo de instalaciones seguirán los criterios e instrucciones de prevención que con carácter general establezca el Ministerio de Sanidad.

Y con objeto de posibilitar los descansos que exige la normativa sobre tiempos de conducción, aquellos establecimientos que dispongan de cocina, servicios de restauración, o expendedores de comida preparada, deberán facilitar al transportista profesional un servicio de catering.

b) servicios de transporte público de titularidad autonómica o local

Por su parte la Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto a la fijación de servicios de transporte público de su titularidad.

Cada autoridad autonómica o local competente podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público de su titularidad que estime convenientes, así como las condiciones específicas de prestación de dichos servicios, garantizando en todo caso que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos.

Estos porcentajes de reducción deberán comunicarse a la correspondiente comunidad autónoma, que a su vez deberá comunicar al Ministerio de Transportes la información que haya recibido de las autoridades locales de su territorio, así como los suyos propios.

c) mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes

Finalmente la Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, determina la obligación de disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio español.

Así, desde las 00:00 horas del 17 de marzo de 2020 se establece la obligación de que todas ellas incluyan en el proceso de venta de los billetes un mensaje que desaconseje viajar, salvo por razones inaplazables.

El mensaje se incluirá en el inicio del proceso de venta on-line de los billetes. Deberá respetar el contenido recogido en la propia norma y garantizar su legibilidad en todos los dispositivos electrónicos en los que se permita realizar el proceso de compra. También deberá obtenerse el consentimiento del usuario para continuar el proceso de compra mediante el establecimiento de un botón con el mensaje «Entiendo la advertencia».

Medidas en el ámbito del Ministerio de Sanidad

a) recursos humanos y medios para la gestión de la crisis

Mediante la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En relación con los profesionales sanitarios en formación:

- Se establece la prórroga de la contratación de los residentes en el último año de formación, de las especialidades de Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Radiodiagnóstico, Microbiología y Parasitología, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica.
- Quedan suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los residentes, para que estos puedan prestar servicios en aquellas unidades en las que se precise un refuerzo del personal.
- El Ministerio de Sanidad gestionará las solicitudes de las comunidades autónomas o de los centros de la Administración General del Estado que, no contando con residentes en formación, precisen de los servicios de estos profesionales.
- La autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma podrá determinar que los residentes que no estén en el último año de formación presten servicios en unidades con especial necesidad.

Se autoriza con carácter excepcional y transitorio la contratación de aquellas personas con un Grado o Licenciatura en Medicina y que carecen aún del título de especialista para la realización de funciones propias de una especialidad en el supuesto de profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2018/2019 de formación sanitaria especializada y en el de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea.

Se prevé asimismo que los profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as menores de setenta años puedan ser reincorporados al servicio activo por la autoridad competente de la comunidad autónoma. Del mismo modo, el personal emérito nombrado por las comunidades autónomas podrá solicitar su reincorporación voluntaria al servicio activo para la prestación de la asistencia sanitaria. El nombramiento estatutario que corresponda, que podrá ser tanto a jornada completa como a tiempo parcial, será compatible con la pensión de jubilación.

También el personal con dispensa de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales podrá solicitar voluntariamente reincorporarse para desempeñar funciones asistenciales relacionadas con la atención al COVID-19, sin que ello suponga el cese del personal sustituto. Y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas podrán suscribir contratos laborales de duración determinada, de auxilio sanitario, destinado a estudiantes del grado de medicina y enfermería en su último año de formación.

El texto dispone también que durante el tiempo en el que, a causa de la epidemia de COVID-19, no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos adscritos a cada comunidad autónoma, éstas tendrán a su disposición los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, y las Mutuas de accidentes de trabajo. Asimismo las autoridades sanitarias autonómicas podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para ello, ya sea en régimen de consulta o de hospitalización.

Finalmente las comunidades autónomas podrán imponer a los empleados públicos y trabajadores al servicio de las mismas servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. Las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad, así como medidas de movilidad geográfica. Y podrá acordarse la suspensión temporal de las exenciones de guardias por razones de edad, así como de las autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de otras actividades.

b) obligaciones de información

La Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, establece determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020.

Las obligaciones impuestas en la norma se dirigen a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, ubicadas en el territorio nacional, que tengan como actividad la fabricación y/o importación de alguno de los productos que el texto indica, así como aquéllas que tengan capacidad de desarrollo de alguno de tales productos.

Los sujetos obligados deberán presentar información sobre mascarillas quirúrgicas; mascarillas de protección; kits PCR diagnóstico para el COVID-19 y sus consumibles; kits de diagnóstico rápido; hisopos; gafas de protección; guantes de nitrilo, con y sin polvo; batas desechables e impermeables; solución hidroalcohólica (biocida y cosmético) y sus materias primas; dispositivos de ventilación mecánica invasiva (VMI) y sus fungibles o consumibles; alcoholes sanitarios y clorhexidina.

Se dará cumplimiento a las obligaciones de remisión de información mediante la cumplimentación por los sujetos obligados del modelo de declaración previsto en el anexo de la Orden, que estará disponible en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad.

c) medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad

Finalmente la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, adoptó disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la crisis sanitaria.

El texto establece, de manera paralela, que todas las disposiciones y medidas de contención del Coronavirus COVID-19 en los supuestos que se enumeran y que recaigan en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, se adoptarán por el Ministro de Sanidad en los supuestos en los que actúe como autoridad competente delegada, y que todas aquéllas que recaigan en el ámbito competencial de las entidades locales se adoptarán por la autoridad autonómica competente.

Las comunidades autónomas deberán comunicar al Ministerio de Sanidad en un plazo de tres días todas las disposiciones y medidas de contención que las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales hayan adoptado.

La comunicación deberá incluir, al menos, las disposiciones y medidas de contención adoptadas en relación con las limitaciones a la libertad de circulación de las personas; establecimientos, equipamientos y actividades cuya apertura al público se hubiera suspendido o condicionado, y aseguramiento del abastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.

Las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Sanidad la información epidemiológica, de situación de la capacidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y materiales, en los términos establecidos en el Anexo de la orden.

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