J. M. Barjola. - El nuevo sistema de baremación de daños por accidentes, en vigor desde 2015, ha traído un incremento de la cuantía de las indemnizaciones por fallecimiento de un 59 por ciento. Así se desprende del informe de la Comisión de Seguimiento del Baremo de Autos, cuyo fin es analizar el éxito de la conocida como Ley del Baremo, la Ley 35/2015, de 22 de septiembre. Esta normativa cambió diametralmente los modelos de cálculo de indemnizaciones por daños en accidentes.

En este estudio ex post, pionero, dan su opinión abogados, aseguradoras, catedráticos, médicos, peritos y víctimas. Según sus conclusiones, el sistema implantado en 2015 no solo funciona, sino que ha resuelto problemas y ha traído más seguridad jurídica paras las víctimas, con un incremento de las indemnizaciones "notable". 

Más indemnizaciones y menos pleitos por lo penal

Bajando a los datos en concreto, de la comparación de los siniestros ocurridos en el ejercicio 2015 con los siniestros ocurridos en el 2016, el documento recoge un 11% de incremento de las indemnizaciones a percibir por las víctimas y los perjudicados, tendencia que los datos de los años posteriores confirman. 

Las indemnizaciones vinculadas a los lesionados (secuelas con lesiones temporales y solo lesión temporal) también aumentan, aunque menos que las ligadas a fallecimientos, en concreto un 8%. Las cuantías por indemnizaciones con secuelas, por su parte, aumentaron un 5%. 

Del informe llama la atención la reducción de los procedimientos de reclamación por la vía penal para accidentes con cuantías inferiores a 3.000 euros. En 2015 se dieron más de 40.000 procedimientos de este tipo, pero al año de la entrada en vigor de la normativa los casos cayeron a 10.000. La Comisión justifica la caída con el éxito de la obligación de reclamación previa (artículo 7 de la normativa), que habría disparado el uso de resolución de conflictos extrajudiciales. 

50 más cuatro propuestas de mejora

El documento señala 54 puntos a mejorar, que no afectan "ni a los principios en los que se sustenta el Sistema ni a su estructura", puntualiza el informe. Un número "reducido", apunta la Comisión, en comparación de la multitud de conceptos novedosos que introdujo en 2015 la nueva ley.  

Entre las propuestas más destacadas, resalta la actualización de las bases técnicas actuariales del artículo 48 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor. La Comisión reclama utilizar como índice de referencia el IPC (como se hacía antes de la reforma), y no calcular las indemnizaciones según la revalorización de las pensiones según los presupuestos generales del Estado, como está ahora legislado. 

La Comisión también ve necesaria la incorporación legal de una Guía de Buenas Prácticas. El objetivo es evitar ciertos comportamientos abusivos reportados por los expertos, como las ofertas telefónicas de indemnización bajo la amenaza de que la próxima oferta será inferior, lo que imponía una presión sobra la víctima injusta. 

Piden además una reforma de la LEC para que las entidades aseguradoras de seguro obligatorio puedan ser parte en los procedimientos penales y defender sus derechos civiles en los casos de accidentes de tráfico. Así se busca evitar abrir dos procedimientos (uno civil y uno penal) por una cuestión con mismo origen.  

Apoyar la mediación y los medios extrajudiciales sigue siendo uno de los principales objetivos a cumplir. En esta dirección la Comisión recomienda entre otras medidas: 

-    modificar la LEC para que las víctimas puedan acceder con mayor facilidad a sistemas extrajudiciales de conflictos

-    valorar el instrumento de la condena en costas en casos de estimación parciales, para así litigar menos

-    obligar a anunciar a la contraparte que se acude a la vía penal para estimular alcanzar un a cuerdo  

Se reclama también que se clarifiquen y unifiquen ciertos conceptos que en la práctica han dado lugar a equívocos, como "informe médico", "lesión temporal", "acceso al mercado laboral", "dedicación a las tareas del hogar", o "lucro cesante". En cuanto a esta última, exigen al legislador que adapte la ley a la última doctrina del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para evitar futuros problemas de inconstitucionalidad. 

Se cree necesario además garantizar que el acceso a los atestados sea gratuito, ya que se trata de un documento imprescindible. Y a nivel particular, el presidente de la Comisión, junto con los abogados y los representantes de AAVV, han defendido eliminar los topes o límites para los daños emergentes de lesionados. Según defienden, suponen una vulneración del principio de reclamación íntegra. 

El modelo de comisión ex post

El informe elaborado por la Comisión es el resultado de un modelo legislativo nuevo, abalado en otros países europeos, en el que las propias leyes prevén la creación de grupos de expertos que realicen un rastreo sobre el éxito de las medidas adoptadas, para luego adaptar la normativa a los resultados. 

En esta ocasión, el grupo de trabajo de evaluación ex post, pionero, ha sido presidido por el catedrático Miquel Martín Calsals y ha estado formado por Manuel Mascaraque y Luís Bermúdez, en representación de UNESPA; Alejandro Izuzquiza, del Consorcio de Compensación de Seguros; José Pérez Tirado y Óscar Moral, en representación de las Asociaciones de Víctimas; Luis María Sáez de Jáuregui, como profesor de universidad con título de doctor; y Javier López y García de la Serrana, abogado especialista en Responsabilidad Civil y Seguro. El grupo también contó con la colaboración y coordinación de la Secretaría de la Comisión de Seguimiento, Ana García Barona, en representación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.