La Comisión Europea dio a conocer a principio de este mes su Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, un documento de trabajo fechado el 30 de septiembre de 2020 que acompaña a la Comunicación dirigida al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

En el capítulo dedicado a España, la Comisión destaca los nombramientos pendientes de vocales del CGPJ, la relación entre el Fiscal General y el Gobierno, la excesiva duración de los procedimientos judiciales, la lucha contra la corrupción, la libertad de expresión y la transparencia de los medios de comunicación.

Procedimientos judiciales cada vez más largos

Señala la Comisión que el sistema judicial español se enfrenta a desafíos de eficiencia, condicionada por unos procedimientos judiciales cada vez más largos, si bien reconoce que para atajar este problema se están preparando una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que abreviará los procesos penales y un proyecto de ley sobre medidas procesales y tecnológicas.

Considera que el uso de medios electrónicos está bien asentado en el sistema judicial aunque persisten algunos problemas, sobre todo en relación con la interoperabilidad entre los sistemas utilizados en las distintas Comunidades Autónomas.

El CGPJ y la Fiscalía General

También preocupa la situación del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas --afirma la Comisión--, porque sigue pendiente el nombramiento de sus nuevos miembros. La relación entre el Fiscal General y el Gobierno, concretamente el sistema de designación del Fiscal General, la duración de su mandato y el registro de las comunicaciones con el ministro de Justicia, suscita controversia.

Lucha contra la corrupción

Opina la Comisión Europea que en los últimos años España ha reforzado su marco de lucha contra la corrupción en sus dimensiones tanto preventiva como represiva y que, aunque el país no dispone de una estrategia global de lucha contra la corrupción, la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave adoptada en febrero de 2019 tiene por objetivo mejorar la capacidad investigadora, el acceso a bases de datos financieros y la cooperación entre agencias.

Por lo que se refiere a la integridad en el sector público, la Comisión destaca las mejoras legislativas que refuerzan los mecanismos de integridad en las Cortes Generales y el régimen de declaración patrimonial, conflictos de intereses e incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado. También menciona la ampliación del plazo de prescripción de los delitos graves y el endurecimiento de las sanciones aplicables a los delitos de corrupción y reformas propuestas para regular las actividades de los grupos de interés, así como una ley integral de lucha contra la corrupción.

Libertad de expresión y medios de comunicación

En relación con la transparencia de la titularidad de los medios de comunicación, la Comisión señala que la  televisión y la radio están sujetas a requisitos más estrictos, a diferencia de los medios de comunicación impresos, cuya información disponible en el Registro Mercantil es la misma que la relativa a cualquier tipo de empresa española. Y se hace eco asimismo de la inquietud que la nueva legislación de seguridad ciudadana ha suscitado en algunos, en cuanto pueda restringir la libertad de información y la libertad de expresión.

Aborda finalmente la Comisión en su Informe otros aspectos relativos a nuestro país, como son las consultas públicas como mecanismo de participación de los interesados en el proceso legislativo; la legislación en materia de transparencia con que cuentan las Comunidades Autónomas; el control de las Cortes y del Tribunal Constitucional sobre la iniciativa legislativa del Gobierno, y el Defensor del Pueblo..