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Notas de prensa

24/11/2020 16:50:49 | REDACCIÓN | NUEVA LECRIM| 3 minutos

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto para la nueva LECrim con el fiscal como único instructor

 El juez instructor desaparecerá y será el fiscal quien diriga la instrucción. El Gobierno ha aprobado también el anteproyecto para promulgar la Ley Orgánica de la Fiscalía Europea

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), para adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea. El juez instructor desaparecerá y será el fiscal el que dirija la instrucción. Asimismo el Gobierno ha aprobado también el anteproyecto para promulgar la Ley Orgánica de la Fiscalía Europea. 

El Anteproyecto de LECrim supone la transformación integral del proceso penal y se basa en dos principios: la coherencia institucional y la armonización con el derecho de la UE, ha explicado Campo en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros. "Supone una obligación política, en un momento de transformación del país como el que estamos viviendo. No sería legítimo no hacerlo”, ha apuntado. 

Esta reforma del proceso penal, impulsada por ambas normas, cumpliría dos objetivos. El primero es armonizar nuestro sistema con los países de nuestro entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal. El segundo, es incorporar definitivamente a nuestro ordenamiento la figura del Fiscal Europeo. A este respecto, el ministro indicó que “atribuir la investigación al fiscal, no es ya una opción, sino una obligación establecida de forma clara y directa por la UE”. Según señala el considerando 11 del Reglamento de la Fiscalía Europea, este nuevo órgano se le atribuye las funciones de “investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión”.

La nueva LECrim incorporará también nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad y refuerza las garantías de los intervinientes en el proceso penal, tal como ha adelantado el ministro. 

En cuanto a la actualización del modelo de enjuiciamiento penal, Campo ha subrayado que no se puede aplazar por más tiempo, ya que la ley actual se encuentra totalmente superada: tiene 138 años y ha sufrido ya 77 reformas (54 posteriores a la promulgación de la Constitución). Así pues, ha indicado que a través del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal se diseña un nuevo modelo de proceso penal Constitucional, más acorde y totalmente coherente con la Constitución.

Así pues, existirán tres nuevos roles: el fiscal investigador, el juez de garantías y el juez de la Audiencia Preliminar. Estos tres nuevos órganos distinguirían de forma clara tres grandes pasos de cualquier proceso penal: investigar, tutelar los derechos de los investigados y decidir si abrir juicio oral y qué pruebas son válidas. 

Nuevas herramientas contra la crimminalidad

En cuanto a la incorporación de nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad, el ministro ha dicho que “podemos sentirnos muy orgullosos porque la reforma nos pone a la cabeza de los avances científicos en el proceso penal”. Ha destacado que la norma supone un salto cualitativo en la actualización de nuestro ordenamiento jurídico penal, puesto que da regulación a las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen, como son la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática, así como la mejora de la regulación del ADN.

Finalmente, en cuanto a la ampliación de garantías en el proceso penal, Campo ha valorado la enorme importancia de que el Anteproyecto refuerce las garantías y, especialmente, el papel central de la víctima en el proceso. A ésta el texto normativo le reconoce un estatuto propio, contemplando un amplio catálogo de medidas para evitar la revictimización e incorporando la justicia restaurativa a la norma procesal. En la misma línea, la nueva ley contempla nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad.
 

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