El Congreso aprobó la reforma de la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que entre otras novedades permitirá a la presidenta y al vicepresidente mantener sus cargos hasta diciembre, cuando deberán cederlos a otros magistrados.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, expuso ante la Cámara el proyecto, que presentó como imprescindible para aligerar la carga de trabajo del Tribunal y facilitar una resolución más rápida de los recursos de amparo, que actualmente acumulan una demora de entre seis y siete años.

Fernández Bermejo agradeció el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios y aseguró que "vamos a dotar al Tribunal de mejores herramientas para la realización de su trabajo, y al ciudadano, de más garantías para recibir respuesta en aquellos conflictos en que la Constitución esta implicada. En definitiva, un proyecto de un enorme contenido para que todo ese trabajo del tribunal constitucional tenga al final el fruto que todos deseamos".

El texto establece que el alto tribunal sólo admitirá los recursos que tengan "especial trascendencia constitucional", mientras que el resto será resuelto por el poder judicial "ordinario", que culmina en el Tribunal Supremo.

El artículo 16 de esta ley por primera vez da entrada a las comunidades en la composición del Tribunal Constitucional. De los doce magistrados cuatro son designados por el Senado, y la nueva ley establece que serán elegidos entre los que propongan las 17 comunidades autónomas.

Por otra parte, la reforma de la Ley permitirá a María Emilia Casas, la actual presidenta del Tribunal, seguir en su cargo hasta diciembre, cuando vence el periodo de su elección, aunque su designación como presidenta caduca en junio. Desde la creación del Tribunal Constitucional se aplica una fórmula de cortesía que permite la permanencia del presidente en el cargo hasta la renovación de los mismos para evitar que éste sea degradado al finalizar su mandato de tres años.

La Ley recibió los votos a favor de todos los grupos, a excepción del Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Mixto, aunque cada uno esgrimió distintas razones para votar en contra. Los populares consideran esta Ley "desmembradora y oportunista"; el Grupo Vasco y el Mixto pidieron el blindaje de las leyes forales, que ahora "pueden ser suspendidas cautelarmente cada vez que el Gobierno las recurre". Ahora la Ley deberá pasar por el Senado para continuar con el proceso para su aprobación.