Los esfuerzos para establecer una normativa europea en materia de procesos penales cristalizaron esta semana en la propuesta de una Carta de Derechos redactada en un idioma fácilmente comprensible, que se traduciría en caso necesario.
Doce Estados de la UE utilizan ya una carta de derechos. Los demás países transmiten la información de forma oral o en un lenguaje difícilmente comprensible para las personas sin formación jurídica. Además, muchos de ellos solo informan al interesado si este lo solicita.
Aunque la propuesta incorpora un modelo en 22 idiomas de la UE, cada país podría redactar el texto que considerase más conveniente.
La Comisaria de Justicia, Viviane Reding, declaró que la propuesta "garantizará que todo el mundo, en toda la UE, sea consciente de sus derechos". En particular, dará mayor tranquilidad a los europeos que viajen al extranjero.
Cientos de miles de ciudadanos de la UE cruzan cada día las fronteras nacionales. El 47% de los alemanes, el 34% de los británicos y el 16% de los italianos pasan sus vacaciones en otro país de UE.
La propuesta de Directiva es el segundo paso en una serie de medidas para establecer normas comunes de la UE en materia penal.
Anualmente se registran en la UE más de ocho millones de procesos judiciales. Los tratados de la UE enumeran los derechos de los sospechosos, pero hasta ahora cada país ha sido libre de establecer el modo de garantizarlos.
Durante los próximos años la UE pretende establecer un corpus legislativo amplio, al amparo de las nuevas competencias que le otorga el Tratado de Lisboa. Gracias al Tratado, la UE puede adoptar ahora medidas para mejorar y consolidar los derechos individuales.
A comienzos de año, la Comisión propuso medidas para garantizar que los países de la UE proporcionen servicios de traducción e interpretación a las personas detenidas. Esa propuesta ya va camino de convertirse en Directiva.
Otras dos propuestas previstas para el año próximo se refieren al derecho a la defensa letrada y al derecho a comunicarse con la familia, la empresa y las autoridades consulares.