El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, subrayó el compromiso del Gobierno con el actual modelo de Asistencia Jurídica Gratuita prestado por más de 35.000 abogados adscritos al Turno de Oficio, "un modelo en el que creo firmemente" afirmó Caamaño, "y que no sería posible sin las colaboración y la ayuda permanente de los Colegios de Abogados y los abogados de este país", durante su intervención sobre "Abogacía y Justicia en la Europa de Hoy", en el Colegio de Abogados de Madrid, en la que también participó el vicepresidente del CGAE y decano del ICA Madrid, Antonio Hernández-Gil. Al acto, asistieron también el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, el secretario general del CGAE, Joaquín García-Romanillos, el secretario de Estado, Juan Carlos Campo y la presidenta de la Audiencia Nacional, Ana Ferrer, entre otras autoridades.
El ministro de Justicia, comentó que en los últimos años el modelo de asistencia se ha ampliado y ante la crisis económica, la prestación del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita "ha aumentado el gasto presupuestario hasta los 230 millones de euros". En este sentido, Caamaño señaló la necesidad de "racionalizar, mejorar y perfeccionar el modelo", pero subrayó que la idea del Ministerio "no es modificar un sistema que está funcionando bien y que presta una asistencia jurídica de calidad". Además, para el ministro de Justicia, "ante la pretensión, sobretodo de algunas comunidades autónomas, de buscar fórmulas de ahorro en el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, que éstas sepan que pueden contar con un Ministerio de Justicia que cree en el modelo y que cree en el trabajo que realizan los abogados en esa tarea", afirmó. Si bien, el ministro también comentó que en los últimos años la prestación se ha ampliado a muchos colectivos, por lo que es necesaria la colaboración de la Abogacía institucional para "esa racionalización del servicio", aunque enfatizó, "una cosa es perfeccionar el servicio y otra bien distinta es pretender sustituirlo". Para el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, "los abogados somos bastante más que colaboradores de la Justicia, porque sin abogados, ni la Justicia ni la libertad serían ni siquiera concebibles".
Colegios de Abogados
La labor desarrollada por los Colegios de Abogados fue otro de los temas principales de la intervención de Caamaño, para quien "sólo una Abogacía institucionalmente organizada puede operar con garantías y asegurar la calidad en el servicio prestado a los ciudadanos". En su opinión, la liberalización de servicios en la Unión Europea "ha supuesto la eliminación de algunas trabas sobre el ejercicio de la Abogacía, y ese proceso debe suponer la afirmación de las funciones adquiridas por los Colegios de Abogados".
Además, Caamaño aseguro que la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos "requiere de una supervisión de calidad independiente que tiene que ser llevada a cabo por la Abogacía institucional".
Para Caamaño, "sin derecho de defensa el poder Judicial no podría ser una autoridad independiente, y sin derecho de defensa no sería posible establecer un enlace necesario entre el poder público y el ciudadano, y sólo la Abogacía como institución puede garantizar el cumplimiento de ese derecho de defensa". "Hay otros derechos fundamentales de convivencia, pero sólo hay uno vinculado a una profesión, a un saber hacer pensando en los demás. Ese derecho es el derecho de defensa y esa profesión es la de abogado. Esto marca la necesidad de la regulación de la Abogacía". El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, se refirió a este aspecto diciendo que la Abogacía "es la garante no sólo de esa función social, sino la impulsora y prestadora de esa función, y esa es la verdadera justificación de nuestra existencia como corporación"
En esta línea, el ministro afirmó creer en el desarrollo de una Ley específica reguladora del Derecho de Defensa, si bien "no comparto que esa ley tenga que ser orgánica, pues no todo lo que afecta a un derecho fundamental necesariamente ha de situarse en una ley de ese tipo, pues de lo contrario, la reserva del artículo 81 de la constitución no sería tal". No obstante, el ministro adelantó que muchos de los aspectos nucleares de esa Ley "están siendo tratados en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que verá la luz antes del final de 2010".
Por otra parte, el ministro Caamaño enumeró algunos de los retos que afronta la Abogacía institucional para "cumplir con la responsabilidad de los Colegios de Abogados", como son "la transformación del ejercicio profesional hacia las nuevas tecnologías que obligará a los abogados a trabajar de un modo distinto"; la necesidad de insistir en la formación del abogado, "para lo cual está trabajando en la elaboración del Reglamento de la Ley de Acceso que la próxima semana será remitido al Consejo de Estado"; y por último "la mejora de la movilidad de los abogados en el espacio europeo".
Ley de Acceso
Respecto a la elaboración del reglamento de la Ley de Acceso a la Profesión de Abogado y Procurador, que será enviado próximamente al Consejo de Estado según Caamaño, el ministro justificó el retraso "en la necesidad de fraguar un consenso siempre difícil entre ambos sectores -Abogacía y Universidad-", cuya complejidad ha aumentado ante la entrada en vigor del Plan Bolonia.
Según el nuevo reglamento, el acceso a la profesión de abogado en el futuro irá determinado por tres requisitos fundamentales: un curso de postgrado o master de 90 créditos que será llevado a cabo por las Escuelas de Práctica Jurídica y las Universidades con una duración de un año y medio; la realización de prácticas bajo la tutela de profesionales de la Abogacía, "porque una cosa es saber de leyes y otra manejarse en leyes", dijo el ministro; y por último un examen único a nivel nacional".
