El Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza ha desestimado la demanda presentada por una controladora aérea que solicitó la extinción de su contrato junto con una indemnización de 45 días por año trabajado por la modificación de sus condiciones laborales.

Desde que entrara en vigor el Real Decreto que regula las nuevas condiciones laborales de este colectivo, se han presentado un total de 180 peticiones de rescisión de contrato por este motivo.

La sentencia se acoge al fallo dictado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo, que rechazó la demanda del sindicato mayoritario de los controladores, USCA, contra el Real Decreto y declaró que la ley del Gobierno fue "necesaria, idónea y proporcionada".  

Se considera "constatado" que la modificación de las condiciones de trabajo de los controladores aéreos "no vino dada por conveniencia, sino por resultar imprescindible ante la propia actitud de los trabajadores, que no aceptaron las propuestas empresariales y se enrocaron en su posición de fuerza".

Además, la sentencia recuerda que la "garantía constitucional" de la negociación colectiva "no sirve solamente para multiplicar geométricamente los derechos de un colectivo de trabajadores con gran poder de contratación, sino que debe contribuir necesariamente también a la competitividad de las empresas, así como a su adaptación a los requerimientos del mercado".