El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha aprobado ceder a Guinea Ecuatorial la investigación contra Carmenlo Ovono Obiang, hijo del actual presidente Teodoro Obiang y otros dos miembros del Gobierno por un presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República en noviembre de 2019. Unos hechos que estaban siendo investigados por España, ya que dos de ellos tenían nacionalidad española y los otros dos residían en el país.

Así consta en un reciente auto, en el que Pedraz explica que ha recibido una solicitud de las autoridades de Guinea en la que requieren que su Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia continúe con el caso en cuestión, ya que abrieron un procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas que en España.

El magistrado sostiene que no hay base alguna para concluir que haya hechos cometidos en el territorio nacional ni siquiera de que la actividad criminal se hubiera desarrollado en España. A falta de otras diligencias, y a pesar del tiempo transcurrido, añade, solo consta que fueron secuestrados en Sudán del Sur y trasladados a Guinea Ecuatorial.

Asimismo, señala que no se ha acreditado que los perjudicados fueran previamente investigados –con vigilancias o seguimientos en España– y luego convencidos para que se desplazaran a Sudán.  

A la vista de la comisión rogatoria y de los hechos imputados calificados como secuestro con finalidad terrorista en relación con delitos contra la libertad, el juez subraya que “concurren los requisitos para que no puedan perseguirse los delitos investigados en España y con ello acceder a la cesión de jurisdicción”. Con los obrantes en la solicitud de cesión de jurisdicción enviados por Guinea “este instructor no puede poner en duda que se trate de otros hechos o que el procedimiento adolezca de falta de parcialidad o sea meramente instrumenta.”, señala.

España podría volver a investigar el caso

No obstante, existe una cláusula de salvaguarda para que el juez pueda perseguir los delitos en España cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo. En ese caso, la cláusula se debería poner en marcha elevando exposición razonada al Tribunal Supremo una vez comprobado que no se han investigados los hechos en aquel Estado. 

Finalmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cinco remarca que “no hay porqué dudar que se iniciara la causa el 15 de febrero de 2023 en la Sala Segunda de la Corte, porque así se comunica oficialmente; como tampoco que no se siga un proceso con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional, pues basta leer el auto 3 de julio de 2023 de dicha Corte en el que solicita la cesión, como la legislación guineo ecuatorial, del que no se sigue quiebra alguna”.