El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha mostrado dispuesto a "verificar y contrastar de manera más eficaz" el patrimonio de los ciudadanos que acceden a la justicia gratuita, tal y como le han solicitado las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas.

Tras la conferencia sectorial celebrada la semana parada con los representantes de las Comunidades Autónomas, que reclaman una reforma del funcionamiento de los abogados de oficio, Caamaño se ha mostrado dispuesto a "perfeccionar y mejorar" el actual modelo para evitar duplicidades y buscar la máxima eficacia, pero siempre garantizando que quienes carecen de recursos económicos "no se vean indefensos". "Queremos que no puedan beneficiarse personas que no acrediten que carecen de recursos. Es un sistema solidario", comentó.

"Queremos verificar y cerrar si existen vías de cualquier intento de quienes teniendo recursos utilizan el sistema de asistencia jurídica gratuita y por tanto verificar y contrastar mucho más los datos de las personas, sus patrimonios, sus rentas, de manera más eficaz que probablemente como venimos haciendo hoy", ha explicado.

La búsqueda del aumento de la calidad del servicio y del control del gasto público, ha insistido, no conllevará la pérdida de un derecho tan fundamental como el de la justicia gratuita.

Mayor competencia sobre personal no judicial de la Administración

Las doce comunidades reclamaron al ministro la competencia normativa sobre el personal no judicial al servicio de la administración. Caamaño entiende que esta demanda se ajusta a "las posibilidades constitucionales" y subrayó que los consejeros le entregarán una "propuesta más documentada" sobre este asunto en el plazo de dos meses.

Por otro lado, el ministro considera imprescindible el diálogo con los sindicatos y el apoyo del PP para abordar esta cuestión. "Las políticas de justicia deben siempre buscar el máximo consenso posible", señaló, "queremos contar con el apoyo del principal partido de la oposición".