Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que buscan presidir cuatro de sus salas —Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social— comparecerán este martes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer sus candidaturas en una serie de entrevistas que iniciarán el proceso de selección. La mayor competencia se centrará en las plazas de las salas Segunda y Tercera, consideradas las de mayor relevancia política.
Andrés Martínez Arrieta, quien se postula para la Sala de lo Penal, será el primero en comparecer ante la Comisión de Calificación del CGPJ, tras un adelanto de su entrevista a las 9:00 horas debido a su pertenencia a la Junta Electoral que también se reunirá este martes para las votaciones en la Sala de Gobierno del TS.
Las entrevistas continuarán a partir de las 11.00 horas, comenzando con Ignacio Sancho, único candidato para la Sala de lo Civil. A éste le seguirán Ana Ferrer (11:15h), la otra aspirante para la Sala de lo Penal; Pablo Lucas (11:45h) y Pilar Teso (12:00h) como contendientes para la Sala de lo Contencioso-Administrativo; y, finalmente, Juan Molins y Concepción Ureste, aspirantes a la Sala de lo Social, a quienes se entrevistará a las 12:15 y 12:30h, respectivamente.
El Pleno del CGPJ será el encargado de decidir a quién asignar cada plaza, requiriendo un mínimo de 13 votos para lograr un acuerdo transversal, dado que actualmente hay un empate entre los bloques progresista y conservador, con diez vocales en cada uno. Este equilibrio podría romperse por la presidenta, Isabel Perelló, quien tiene una inclinación progresista.
Ambos bloques centran sus esfuerzos en las presidencias de las salas de lo Penal y Contencioso-Administrativo, ya que estas son las que tienen la responsabilidad de investigar a aforados, como el presidente del Gobierno y miembros del Congreso, y también de decidir sobre recursos contra las decisiones del Consejo de Ministros.
Según fuentes consultadas por Europa Press, los vocales progresistas están decididos a luchar porque Ferrer y Teso ocupen esas plazas, nombres que han sonado en postulaciones previas para el CGPJ y el TS, aunque la elección anterior favoreció a Perelló, en parte debido al veto del bloque conservador a ambas magistradas.
Ferrer ha destacado por sus votos particulares recientes, en los que aboga por la amnistía de la malversación relacionada con el 1-O y se aparta de la decisión del tribunal en el 'caso ERE', defendiendo la absolución de Griñán y otros condenados. Teso, por su parte, fue ponente en una sentencia que anuló un nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Deñgado, pero se desmarcó del fallo que anuló el nombramiento de la propia Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos. Asimismo, ha apoyado decisiones controversiales, como el respaldo del decreto catalán sobre enseñanza que no aludía al castellano como lengua vehicular.
Ferrer compite con Martínez Arrieta, el número uno del escalafón de la carrera judicial. Precisamente, por ser el magistrado más antiguo de la Sala Segunda, sucederá interinamente a su actual presidente, Manuel Marchena, cuando el 5 de diciembre concluya el mandato de este último, que podría continuar en funciones pero no lo hará.
Lucas aspira a una plaza que ocupa interinamente desde que César Tolosa desembarcó en el Tribunal Constitucional en enero de 2023. Destaca por ser el juez que desde hace 15 años se encarga de controlar al CNI y, recientemente, fue ponente de la sentencia que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. También firmó la sentencia que anuló la designación de Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos.
La regla de paridad
Esta ocasión, la trayectoria profesional no será el único criterio a considerar, ya que la nueva ley establece que "en estos nombramientos se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%".
La interpretación de este inciso legal ha dado lugar a una nueva lucha en el seno del CGPJ. Los vocales progresistas argumentan que al menos dos de las cuatro plazas deben ser ocupadas por mujeres, apoyándose en un informe de la Comisión de Igualdad, mientras que los conservadores defienden que se prioricen los méritos y capacidades individuales al género—informe encargado por Perelló al Gabinete Técnico—, al tiempo que subraya que la paridad debe asumirse como un objetivo a alcanzar en el conjunto de las plazas ofertadas en la carrera judicial y a lo largo del mandato del CGPJ (cinco años). Asimismo, destaca que no hay sanción alguna en caso de incumplimiento.
Con informes contradictorios presentados, el Pleno deberá decidir sobre la aplicación de la regla de paridad, una decisión que será fundamental para determinar quién ocupará cada cargo. En este contexto, los progresistas han cerrado filas en torno a Ferrer y Teso, no solo por situar a mujeres en "puestos de poder", sino porque creen que supondrían un "soplo de aire fresco". Los conservadores, por contra, reivindican la veteranía de Martínez Arrieta y Lucas y, aunque no desmerecen la trayectoria profesional de sus contrincantes femeninas, sostienen que la de ellos es mejor.
Así las cosas, el acuerdo exigirá que ambos bloques transiten desde las actuales posiciones a terreno común. A medida que avance el proceso, las candidaturas a las salas Primera y Cuarta podrían adquirir mayor relevancia, y según recoge Europa Press, algunas voces apuntan incluso que podrían reabrirse las ternas para lanzar una candidatura femenina a la Sala de lo Civil y dar así mas alternativas a las negociaciones.
