El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el proyecto de Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), según fuentes del Ministerio de Industria. El artículo 17 bis, causante de una gran polémica al dejar en manos de las sociedades de gestión de derechos de autor la retirada o bloqueo de contenidos en la red que consideraran ilícitos sin necesidad de orden judicial, desaparece del texto.
La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) se ha mostrado totalmente contraria ante la retirada del artículo, y a través de un comunicado ha indicado que las medidas contempladas en él "son esenciales para proteger los derechos de autor" y, por tanto, la propiedad intelectual a través de internet, brindando "un mecanismo de comunicación y retirada de los contenidos que vulneren los derechos de autor".
La FAP asegura que la retirada de este artículo "supone la pérdida de una magnífica oportunidad para mejorar la defensa de nuestra cultura" y señala que la reacción de la comunidad internauta "está injustificada".
Según fuentes del Ministerio de Industria el Gobierno ha tomado la decisión de retirar el artículo 17 bis tras las fuertes críticas recibidas por parte de las operadoras de telecomunicaciones, las cuales no quieren convertirse en "vigilantes de internet", y de las asociaciones de internautas y portales de Internet, quienes consideran que el artículo en cuestión vulnera la obligación del requerimiento judicial para intervenir y bloquear contenidos en internet. Este colectivo reclama "que no es lícito que una entidad de carácter privado, como la SGAE, decida qué contenidos se pueden o no publicar".
Industria considera que el tema de la piratería por internet "debe ser un tema que se acometa desde otro mecanismo más amplio que un artículo en una ley, aunque aún no está decidido cuál será". Por ahora se están manteniendo conversaciones desde el Ministerio con las distintas operadoras en busca de una solución al problema.
De igual forma, la patronal tecnológica Aetic ha enviado a las empresas afectadas una propuesta alternativa al borrador del nuevo artículo 17 bis, con objeto de llegar a un consenso con ellas y enviarlo posteriormente a Industria, lo que servirá al Gobierno para tratar la cuestión en el futuro.
