Este viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado a conocer la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la cual establece dos líneas clave de actuación: una reforma organizativa y otra procesal, con el objetivo de optimizar la gestión de recursos y agilizar los procedimientos en juzgados y tribunales.
El real decreto, que cuenta con 272 páginas y está firmado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala que esta legislación entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, es decir, el 3 de abril de 2025. Sin embargo, ciertas disposiciones adicionales de la ley comenzarán a aplicarse a los 20 días, mientras que la transferencia de competencias relacionadas con la violencia sexual a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se implementará nueve meses después de su publicación en el diario oficial español.
La aprobación definitiva de la ley se produjo en el Congreso el 19 de diciembre, tras superar por mayoría absoluta el veto impuesto por el PP en el Senado. Además, Podemos retiró su amenaza de impugnar la ley luego de obtener del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el compromiso del Gobierno de suspender los desahucios y asegurar las ayudas al transporte.
Reforma organizativa: especialización y gestión de recursos
Esta normativa introduce una reforma organizativa destinada a promover la especialización y mejorar la gestión de recursos mediante la creación de los Tribunales de Instancia. Este nuevo órgano colegiado integrará todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única estructura dentro de cada partido judicial. Con esta reestructuración, se transformarán los 3.800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales, lo que permitirá una respuesta unificada en primera instancia, favoreciendo la especialización y la estandarización de criterios. Además, facilitará una distribución adecuada de las cargas de trabajo y el intercambio de recursos entre los diferentes juzgados.
La ley también contempla la creación de Oficinas de Justicia en los Municipios, que funcionarán como un canal directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. A través de estas oficinas, los ciudadanos podrán llevar a cabo numerosos actos y trámites procesales de manera telemática, evitando así la necesidad de desplazarse a la capital provincial.
Reforma procesal: agilización de cargas judiciales
Por otro lado, la reforma procesal busca acelerar los procedimientos en juzgados y tribunales, incorporando medios alternativos de resolución de conflictos (MASC) en vías no jurisdiccionales en los ámbitos civil y mercantil. Esto incluye la mediación y el arbitraje, herramientas que se implementarán para aliviar la carga de trabajo en los juzgados y tribunales, contribuyendo a una justicia más eficiente y accesible.
