Miguel Pasqual del Riquelme Herrero es magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y miembro del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Aranzadi LA LEY. Fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia por el Pleno del CGPJ el 29 de enero 2015. Desde 1998 ha venido realizando una intensa actividad como consultor internacional en los ámbitos de la cooperación judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

En tal condición, ha prestado asistencia técnica y consultoría en proyectos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Europea y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional, llevando a cabo consultorías en más de veinticinco países de América Central y del Sur, Europa Central y Oriental y África. Ha desarrollado también una intensa labor académica y docente, tanto en España como en el extranjero, al tiempo que es autor de distintas publicaciones y artículos. 

El magistrado ha participado, junto con el abogado y economista Juan S. Mora Sanguinetti, en el Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia 2024, con un trabajo en el que analizan el reparto del poder de organización en los órganos judiciales españoles.  A la luz del informe, el magistrado realiza su propio diagnóstico del sistema judicial español y señala puntos que deben mejorar. 

¿Cuáles considera que son las principales ventajas del modelo de la Nueva Oficina Judicial en términos de eficiencia? ¿Cuál son los mayores obstáculos para su implementación efectiva?

Todavía en la mayor parte del territorio existen juzgados tradicionales. Solamente, hablando del territorio ministerio, un 12,6% de la población tiene disponible la nueva oficina judicial. Y cuando todavía este proyecto no se ha culminado, aparece un tercer modelo, que es el de los tribunales de primera instancia, que es el de la Ley 1/2025. Es decir, vamos a implementar un tercer modelo sin haber completado el segundo, que era un módulo de transición. 

La gran ventaja de la nueva oficina judicial, y de los tribunales de primera instancia, es todo lo relativo a la especialización. Permite una hiper especialización en tareas. Habrá unidades encargadas en tareas enfocadas para toda la organización, incluso para toda la región, no solo para el partido. Eso es muy bueno, porque estandariza tareas, permite hacer políticas de calidad, etc. La otra gran ventaja es la elasticidad del crecimiento, es más fácil crecer evitando el sistema de un juez igual a un juzgado. Estos modelos además permiten afianzar el liderazgo en la organización. Hay más masa crítica en la que ejercer el liderazgo. Son, en mi opinión, más ventajas que inconvenientes.  

¿Cree que el modelo de la Nueva Oficina Judicial y de Tribunales de Instancia puede comprometer la independencia judicial? ¿Qué medidas propone para garantizar que esta independencia no se vea afectada?

Yo creo que la independencia judicial no se ve amenazada. Se establecen algunos mecanismos que tratan de favorecer o promover la unificación de criterios. Eso es bueno, porque el presidente del tribunal de distancia tendrá que identificar aquellos criterios discordantes entre los jueces y convocar juntas para tratar de unificar criterios. Pero lo cierto es que frente a algunas versiones previas de esta ley que ahora ha nacido, que sí establecían el carácter vinculante a esa unificación de criterios, ahora no hay tal carácter vinculante. Es decir, los jueces, a pesar de la conversación que han mantenido, a pesar del criterio que hayan unificado, pueden seguir aplicando su propio criterio, lógicamente indicando que existe un criterio con el que ellos difieren. En fin, lo mismo que hacemos con la jurisprudencia, porque puedes también, razonadamente, apartarte. 

Y así, claro, se reducirían el número de recursos…

Sobre todo se ganaría en previsibilidad. Es más fácil que haya predictibilidad en la respuesta judicial.

La gran ventaja de la nueva oficina judicial, y de los tribunales de primera instancia, es todo lo relativo a la especialización

En vuestro trabajo analizáis otros modelos judiciales de otros países, ¿qué consideráis que España debería copiar, imitar de otros modelos que podrían ser muy beneficiosos aquí y que todavía no se han implantado?

Creo que no tenemos nada que envidiar en cuanto al modelo de organización de la oficina judicial. Es una organización inteligente, moderna, bien estructurada. Tiene que implantarse y dar su fruto. Pero el modelo es correcto. Lo que tendríamos que copiar lo hemos copiado: el trabajo de los jueces en pool. Es una cuestión más de desarrollo estatutario y cambio cultura. Los jueces se deben acostumbrar en trabajar en equipos. Esto no solo significa unificar criterios, sino organizar, por ejemplo, sesiones clínicas, descripción de casos, deliberaciones o puesta en común de asuntos complejos. Lo cual es una manera de conseguir el mismo fin, la unificación de criterios, por otros medios. Esa es la parte que nos falta, esa parte cultural. Jueces trabajando colegiadamente.

Se habla mucho de la tecnología, que es una forma de reducir la burocracia, pero parece que se habla, se habla, se habla y no se materializa. También es verdad que son cambios que no son de la noche a la mañana. ¿Qué papel jugará la nueva tecnología?

Tenemos todo lo que necesitamos, especialmente en los últimos años, a través de la labor que ha hecho la Dirección General de Nuevas Tecnologías. Aitor Cubo, a la cabeza, le ha dado un vuelco radical al sistema de TIC en la Administración de Justicia. Hoy por hoy las dos piezas esenciales tecnológicas que necesitábamos las tenemos: el expediente judicial electrónico y luego lo que llamamos los escritorios virtuales del juez y del letrado de la Administración de Justicia. Las herramientas están, son potentísimas. El problema está en que no se han implementado en muchos sitios. Murcia es uno de los sitios donde ambas herramientas están bien implementadas y a pleno rendimiento. Pero hay otras regiones donde ni existe el expediente judicial electrónico, ni existe el escritorio virtual del juez. O son infrautilizados. No se ha producido el cambio cultural que debía acompañar al cambio tecnológico. La gestión del cambio no se ha hecho, por las razones que sean.

Y la cuestión está en que hasta ahora se podía sobrevivir con o sin esas tecnologías, pero estas tecnologías ahora esenciales. Son palancas imprescindibles para el nuevo modelo de tribunales de distancia, es más, yo me atrevo a pronosticar que en aquellos sitios donde no se usen expedientes judiciales electrónicos y escritorios virtuales, la implantación de los tribunales de distancia no se producirá. O al menos se producirá nominalmente, pero no con lo que significa en cuanto al cambio organizativo y a los flujos de trabajo que tienen que acompañar.

En aquellos sitios donde no se usen expedientes judiciales electrónicos y escritorios virtuales, la implantación de los tribunales de distancia no se producirá

¿Cómo ve que la justicia dentro de diez años, si cree que conseguiremos ese sistema verdaderamente eficaz o es un plazo demasiado corto y las cosas pasan despacio, como se suele decir?

Insisto en que el modelo es correcto. El modelo organizacional de los tribunales de primera distancia es correcto. Las dificultades están en la implantación. Para hacer esa implantación hace falta muchos más equipos, mucho más presupuesto y mucha más gestión de la que me parece que hoy existe. Además, los calendarios establecidos por el Ministerio de Justicia, bueno, por la Ley Orgánica 1-2025, son estajanovistas: una primera oleada en junio, una segunda en julio, una segunda en octubre y una tercera en diciembre. Yo, que viví en el año 2010 la implantación de la nueva oficina judicial en Murcia, en un solo partido, sé lo que significan todos los procesos de acoplamiento de funcionarios, de cambio de destinos, reubicaciones físicas, cambios tecnológicos, arquitectónicos… toda la cultura organizativa que va detrás. Todo eso me parece muy difícil de conseguir si se va a hacer el cambio en el fondo. Ahora bien, si se va a cambiar la denominación y vamos a seguir haciendo lo mismo que antes, pero con otro nombre, pues entonces es posible. Esta es la principal dificultad. En los próximos diez años, si este proceso se culmina, si hay las inversiones que hacen falta y se cambian las leyes procesales que hace falta cambiar, muy especialmente la ley de enjuiciamiento criminal, dando la investigación al fiscal, existirá un aporte muy importante de jueces senior, de jueces ya formados, que se liberarán de las tareas de instrucción. Estos podrán engrosar ese número de jueces que siempre reclamamos, necesitamos y no tenemos. En realidad están en el sistema, pero instruyendo en una función que puede hacer el fiscal.