La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) califica como «anacrónico» y «gravemente lesivo» el intento del Gobierno de implementar el traslado forzoso de jueces y fiscales tres años después de haber ascendido a la categoría de magistrado o fiscal.
En una nota de prensa recogida por Europa Press, la asociación argumenta que «el concurso forzoso a los tres años de ascender a la categoría de magistrado o de fiscal no se aplica a ningún otro funcionario de España».
Asimismo, señala que «fue eliminado en la Carrera Judicial en el año 2009, pero, sorpresivamente, ha sido introducido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal, que fue aprobado como anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros el pasado 21 de enero».
Batería de alegaciones
La AJFV ha presentado un conjunto de alegaciones al nuevo comisario de Justicia de la Unión Europea, el irlandés Michael McGrath, advirtiendo que «supone un grave riesgo a la independencia judicial al crear una puerta de atrás para designar a jueces al margen del sistema de oposiciones que garantiza el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad».
Según la asociación, la reforma «establece una vía de entrada en la carrera judicial para los jueces sustitutos que no se corresponde en modo alguno con el nivel de exigencia y excelencia que ineludiblemente debe estar vinculado a quien pretenda ocupar una plaza en el escalafón judicial».
Denuncia un trato desigual
La AJFV también denuncia un trato desigual, afirmando que «se pretende, así, tratar de manera injustificadamente desigual a quienes van a ocupar puestos de idéntica responsabilidad», y añade que «este sistema excepcional de acceso a la carrera judicial supone un agravio comparativo y un perjuicio directo para los miles de opositores» en España.
Además, sostiene que esta reforma afectaría negativamente a la estructura de la carrera judicial, ya que, de prosperar, se reconocería una antigüedad ficticia en comparación con los jueces que ingresan de manera regular por el turno libre.
En relación al anteproyecto de ley, la asociación indica que se presenta con la idea de democratizar el acceso a las oposiciones, pero la AJFV defiende que «el sistema actual es el democrático y meritocrático, ya que permite que personas de cualquier origen accedan a la judicatura mediante esfuerzo individual».
La AJFV también señala que este sistema memorístico existe en oposiciones como las de notarías, registradores de la propiedad o médico interno residente, y subraya que en el caso de la carrera judicial, la formación continúa en la Escuela Judicial.
«De esta manera, desde 1996, el 66% de los jueces aprobados han sido mujeres, el 74,7% de ellos no tenía familiares en el sector jurídico y el 31,87% proviene de familias sin estudios superiores», expone AJFV en sus alegaciones.
Profunda desconfianza
El portavoz de AJFV, Sergio Oliva, expresa que este anteproyecto de ley remitido a las Cortes Generales a través del grupo socialista «viene a constatar la profunda desconfianza que tiene el Poder Ejecutivo respecto de los jueces».
Si bien reconoce que «hay luces en la reforma, como el régimen legal del sistema de becas», también apunta que «son muchas las sombras que arroja esta ambiciosa reforma».
Oliva aclara que «AJFV se opone a la implementación de cualquier sistema de acceso a la carrera judicial que pudiera poner en cuestión los criterios de igualdad, mérito y capacidad, y entendemos que no resulta constitucionalmente viable llevar a cabo un proceso de estabilización de jueces sustitutos y de fiscales interinos por no respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad».
Finalmente, concluye que «frente a este trato privilegiado para los jueces sustitutos se quebranta el derecho a la conciliación de los jueces de carrera que ascienden a la categoría de magistrados con el restablecimiento del traslado forzoso a los tres años de ascender a la categoría de magistrado».
