Los titulares de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de Primera Instancia e Instrucción de Valencia con competencias en esta materia han alertado sobre un inminente "colapso" que se prevé para septiembre, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta legislación asignará a estos órganos la instrucción de todos los delitos relacionados con la libertad sexual, la trata con fines de explotación sexual y el acoso, independientemente de si ha existido o no una relación de pareja entre las partes involucradas.

"Efectos negastos" en la atención

Los responsables de estos juzgados destacan que, ante el aumento de sus competencias, "hay una cuestión que no puede soslayarse, cual es el trato a la víctima de violencia de género, que va a quedar diluida entre todas las demás" y que "ante el ingente e inasumible aumento de competencias por unos órganos ya de por sí colapsados, se va a ver irremediblemente privada del trato personalizado que hasta la fecha se le procuraba dispensar con los medios materiales y personales existentes".

Asimismo, señalan que los procesos civiles se verán "regelados" por los asuntos penales de atención preferente, ya que, "tristemente, cuando todo es urgente, al final nada termina siendo urgente". En este sentido, argumentan que el previsible incremento de casos derivados de la nueva ley acarreará "efectos nefastos" tanto en la atención a las víctimas como en la correcta tramitación de los procedimientos, la estabilidad del personal judicial y la salud de los trabajadores.

Mucha carga de trabajo

En este contexto, subrayan que su carga de trabajo actual es "ya importante", con un aumento constante en el número de asuntos cada año, que se ha "multiplicado exponencialmente" en los órganos que, además, han sido comarcalizados sin que la agrupación de partidos judiciales "haya venido con carácter general acompañada de la creación" de nuevas instancias.

Critican, por tanto, que la multiplicación de asuntos les obligará a resolver "por encima" de sus posibilidades, lo que impactará negativamente en la salud laboral del personal del juzgado, que se verá forzado a extender su jornada laboral "mucho más allá" de las horas de audiencia establecidas.

"Es apremiante y perentorio que la ciudadanía, los y las profesionales involucradas en la lucha de violencia de género, y asociaciones encargadas de la atención y protección de las víctimas tanto de violencia de género como sexual, tengan conocimiento" de estas circunstancias, "pues las medidas deben adoptarse proactivo y no reactivo, antes de que ese colapso se produzca, sin que luego pueda pretenderse culpar a los y las profesionales" de los retrasos, demoras y falta de atención personalizada a las víctimas, advierten en un comunicado.