El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecerá a las 16:00 horas el martes en la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria anual de la Fiscalía correspondiente al año 2023. Esta será la primera vez que asista a las Cortes Generales desde que el Tribunal Supremo (TS) le imputó por un presunto delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la 'popular' Yolanda Ibarrola, había exigido a García Ortiz que compareciera el pasado diciembre para rendir cuentas sobre su gestión; sin embargo, el fiscal general excusó su ausencia por motivos de agenda, lo que fue interpretado por el PP como una "huida". Alicia García, portavoz del PP en el Senado, argumentó:"La situación de García Ortiz como imputado es una causa con un peso aplastante como para que ya hubiera presentado su dimisión, así como los escándalos que lo acorralan". En este sentido, volvió a solicitar su dimisión "por responsabilidad y decencia democrática", instándole también a fijar una fecha para su comparecencia y ofrecer "explicaciones acerca de su gestión", así como "una disculpa por el daño que está haciendo a la democracia".
Borró el contenido de su teléfono
Tras esta insistencia, Ibarrola recibió en enero una propuesta por parte del jefe del Ministerio Público para acudir a la Cámara Alta y presentar la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el año 2023. Finalmente, el Senado determinó que la comparecencia se llevaría a cabo el 18 de febrero, coincidiendo con la segunda declaración del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el TS en relación al 'caso Koldo', que posteriormente fue aplazada para el 20 de febrero debido a compromisos de su abogado.
La comparecencia de García Ortiz se desarrollará en un contexto marcado por la investigación que el magistrado Ángel Hurtado, encargado del caso, lleva adelante contra él, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe. Esta causa se inició en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras una querella presentada por González Amador, a raíz de una nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en la que se desmentía una información publicada por 'El Mundo' la noche anterior, que afirmaba que el Ministerio Público había ofrecido un pacto al empresario en el marco de las investigaciones por presuntos delitos fiscales. La nota de prensa detallaba el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, lo que llevó al empresario a denunciar una difusión ilegal de datos confidenciales.
La investigación, que posteriormente se trasladó al Supremo, se amplió para incluir un correo electrónico del 2 de febrero de 2024, donde la defensa de González Amador ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto, así como la filtración de la existencia de una investigación en curso contra él.
En el transcurso de las indagaciones, se ha revelado que García Ortiz borró el contenido de su teléfono móvil el mismo día en que el TS le abrió causa y que, una semana después, cambió de terminal. Durante su declaración del 29 de enero, a la que tuvo acceso Europa Press, el fiscal general justificó el borrado de datos afirmando que lo hace "absolutamente todo" de "una manera regular" debido a "una imposición legal", citando un reglamento europeo, la Ley de Protección de Datos y una instrucción interna de la Fiscalía. "Los datos de mi terminal son datos ultra sensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga. Luego borro todo, pero no por solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar ni terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal. Debemos borrar", explicó.
Asimismo, García Ortiz mencionó que desde su llegada a la Fiscalía General del Estado ha cambiado "cinco o seis veces" de teléfono móvil, no solo el pasado 23 de octubre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha proporcionado al juez una serie de documentos de las operadoras que confirman el cambio de terminal.
Queja de García Ortiz
En la actualidad, la atención se centra en la queja presentada por García Ortiz ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde denuncia la difusión de sus datos personales y los de otras personas con la notificación que realizó el Supremo del informe de la UCO del 7 de febrero y sus anexos a las demás partes. Asimismo, critica que la Guardia Civil excedió el mandato judicial al elaborar dicho informe. En este sentido, reprochó que se presentara al TS el tráfico de llamadas entrantes y salientes de sus líneas personal y oficial desde las 23:50 del 7 de marzo de 2024 hasta las 00:01 del 15 de marzo, cuando el juez había fijado el marco temporal entre el 8 y el 14 de marzo. También cuestionó que se le entregara un registro excesivamente detallado de las conexiones de sus tarjetas a los terminales, sin cumplir el periodo de tiempo establecido desde 2020 hasta el 23 de octubre.
El instructor ha trasladado esta queja a las partes para que se pronuncien, considerando que, aunque esos datos "se han de incorporar al sumario", la omisión de los mismos podría afectar su derecho a la tutela judicial efectiva. González Amador ya se ha manifestado en contra de la eliminación de esos datos de la causa, al tiempo que ha acusado al fiscal general de "mentir" al CGPJ para "denigrar" al Supremo y a la UCO. Además, ha solicitado al TS que ordene a García Ortiz entregar su antiguo terminal.
