El Tribunal Constitucional (TC) ha accedido este martes a la solicitud del Senado para analizar la compatibilidad del tratado de amistad entre España y Francia con la Constitución. Este acuerdo permite que miembros del Gobierno francés participen en las reuniones del Consejo de Ministros de España, según ha informado la corte de garantías.

En febrero, la Cámara Alta instó al TC a pronunciarse "sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución española y el artículo 2 apartado 4 del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa". Además, el Senado solicitó la suspensión del proceso legislativo relacionado con este tratado, con el objetivo de detener su avance en ambas cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado.

Aunque el Tribunal Constitucional ha decidido no paralizar la tramitación en la Cámara Baja, permitiendo que el proceso continúe, ha aclarado que en el Senado "el procedimiento queda suspendido en tanto se pronuncia el Tribunal Constitucional" sobre la solicitud planteada por la Cámara Alta.

El artículo en cuestión establece que "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación".

Autorización bicameral

El TC ha indicado que este tratado internacional requiere la autorización previa de las Cortes Generales para que el Gobierno pueda comprometerse internacionalmente. Por ello, el Ejecutivo solicitó el consentimiento de ambas cámaras.

Sin embargo, el Senado sostiene que el mencionado artículo es inconstitucional, argumentando que no es viable que ciudadanos no españoles participen en las reuniones del Consejo de Ministros, el máximo órgano del Poder Ejecutivo del Estado. "Por eso, antes de pronunciarse sobre la autorización solicitada por el Gobierno, el Senado se ha dirigido al Tribunal Constitucional a fin de que emita una declaración vinculante acerca de si existe o no contradicción" entre el tratado y la Constitución, señala el TC.

La corte de garantías recuerda que esta es la tercera vez que se le solicita una declaración vinculante. Las anteriores peticiones, formuladas por el Gobierno, se referían al Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y al proyecto de Constitución europea.