El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto que expande el alcance del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono (CO2), establecido en 2014. Esta normativa exigirá a la Administración General del Estado registrar su huella de carbono y a las grandes empresas a dar publicidad de la misma junto con sus planes para reducir emisiones.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó en una rueda de prensa posterior al Consejo que el sector público tendrá la responsabilidad de inscribir su huella en el registro de Transición Ecológica.

En este sentido, ha señalado que la empresas que ya están obligadas a calcular su huella de carbono desde 2018 podrán registrarla de manera voluntaria, aunque en cualquier caso deberán darle publicidad, así como a su plan de reducción de emisiones.

A su parecer, el plan debe ser "ambicioso, realista, estar alineado con la neutralidad climática y con el Pacto Verde" europeo. Por ello, es obligatorio que las empresas incluyan al menos un objetivo cuantificado de reducción de emisiones en un plazo de cinco años, así como medidas específicas para lograrlo.

"Hemos dado un paso más, un paso adelante en la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y la protección de nuestra sociedad y los ecosistemas", puntualizó Aagesen.

Según el MITECO, la normativa está dirigida a dos grupos. Por un lado, a las sociedades que elaboren cuentas consolidadas y a aquellas de capital con más de 500 empleados que sean consideradas de interés público o grandes empresas.

Por otro lado, se incluye a la Administración General del Estado, los ministerios, organismos autónomos, entidades gestoras, servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades del sector público administrativo estatal.

Con este decreto se da continuidad al Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del MITECO, que está operativo desde 2014. La nueva norma amplía su alcance para incluir diferentes tipos de proyectos de absorción y huellas de carbono vinculadas a eventos, introduce aclaraciones que mejoran su funcionamiento, establece requisitos adicionales para la participación y optimiza la tramitación, reforzando la coordinación con registros autonómicos equivalentes.

El registro refleja los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por sus actividades. Además, les permite compensar total o parcialmente su huella de carbono a través de proyectos forestales en el territorio nacional, que aportan múltiples beneficios ambientales y sociales, incluyendo la absorción de CO2 de la atmósfera.

Así, mediante la norma aprobada este martes, tal como se estipulaba en la Ley de cambio climático y transición energética de 2021, se establece la obligación de calcular la huella de carbono, elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y publicar esta información para un grupo de empresas, así como para todas las instituciones de la Administración General del Estado.