El Tribunal Supremo ha decidido no pronunciarse sobre la idoneidad de Isabel García para ocupar el cargo de directora del Instituto de las Mujeres, un nombramiento que fue impugnado por diversas asociaciones que argumentaron que "desprecia" a las mujeres trans. Consideran que ya no tiene sentido abordar estas impugnaciones, dado que García fue destituida en julio.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, mediante una sentencia elaborada por su presidente interino, el magistrado Pablo Lucas, respondió al recurso presentado por la Plataforma por los Derechos Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas, quienes cuestionaban la designación de García realizada por un real decreto del 27 de diciembre de 2023.

Las organizaciones solicitaban que la Sala Tercera declarara ese real decreto "contrario al Derecho", al considerar que García no era la persona adecuada para el puesto. Argumentaban que su formación y experiencia eran "insuficientes" y hacían hincapié en que había adoptado "posiciones discriminatorias", rechazando a "reconocer a las mujeres trans como mujeres", a las que --subrayaban-- "deliberadamente desprecia".

Aun así, defendían que "la remoción de una persona claramente incompetente, sin formación ni experiencia y contraria a entendimientos actuales sobre las diferentes realidades y violencias que sufren los diferentes tipos de mujeres que viven en nuestra sociedad" tendría un "efecto positivo" para los intereses de ambas asociaciones.

Por otro lado, la Abogacía del Estado solicitó al Supremo que desestimara el recurso, argumentando que las asociaciones no tenían legitimidad activa debido a la "desconexión" entre su "objeto social" y las funciones del cargo de directora del Instituto de las Mujeres.

Sobre esto, recordó que "las funciones relativas a las políticas destinadas a garantizar los derechos del colectivo LGTBI no están residenciadas en el Instituto de las Mujeres sino en la dirección general para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ y en el Consejo de Participación de las Personas LGTBI".

Además, la Abogacía defendió que García contaba con la preparación y experiencia necesarias para el puesto, sugiriendo que el verdadero motivo de la impugnación no tenía que ver con su capacidad, sino con lo que las asociaciones denunciaban como "posiciones discriminatorias", un aspecto que los Servicios Jurídicos del Estado consideraron irrelevante al ser "circunstancias metajurídicas".

Controversia por los contratos de los Puntos Violeta

Mientras el caso se encontraba en su fase final de deliberación, García fue cesada debido a la controversia suscitada por los contratos que ella y su pareja habían obtenido de ayuntamientos gobernados por el PSOE para gestionar los Puntos Violeta.

La Abogacía solicitó al Tribunal Supremo que declarara la pérdida sobrevenida del objeto del recurso, pero las asociaciones reiteraron su demanda de que se declarara la "ilegalidad" del nombramiento de García.

La Sala Tercera, en una sentencia recogida por Europa Press, dio la razón a las asociaciones en cuanto a su legitimación para impugnar la designación, afirmando que existe una "conexión" entre sus intereses y las funciones del Instituto de las Mujeres.

Sin embargo, el Supremo resolvió que se había producido una pérdida sobrevenida del objeto del recurso debido al cese de García, independientemente de que no se explicara la causa de su destitución ni se agradecieran los servicios prestados en el real decreto que la removió de su cargo.