Los jueces de instrucción de Madrid muestran su desacuerdo con la intención del Ministerio de Justicia de convertir, mediante un Real Decreto Ley, tres juzgados de instrucción en juzgados de violencia sobre la mujer.

Después de llevar a cabo una reunión este jueves, el colectivo judicial ha enfatizado en un comunicado que "a pesar de la insuficiencia de medios personales y materiales y gracias al esfuerzo y al compromiso de todos los que desempeñan esta función, cada día se presta un servicio de calidad a los ciudadanos, tanto en cada uno de los diez juzgados de guardia, como en el despacho ordinario de asuntos".

"Suprimir tres juzgados de instrucción sólo perjudicará a las víctimas de delitos y a quienes son investigados en las diferentes causas penales, alargando los tiempos de instrucción, en muchas ocasiones en procedimientos de especial complejidad, que deben ser considerados a efectos estadísticos más allá del dato que representa el número de asuntos registrados", señalan.

Sobrecarga de trabajo

Sostienen que la incorporación de nuevas competencias a los juzgados de violencia sobre la mujer a partir del próximo 3 de octubre aumentará la carga de trabajo de estas instancias especializadas.

Según los jueces, esto hará necesario "la creación de plazas de juez de violencia sobre la mujer, en el número que sea necesario, para que desde estos juzgados se pueda dar la atención debida a las mujeres víctimas de violencia sexual, de trata y de violencia de género, pero ello no puede hacerse, en modo alguno, en detrimento de los derechos de las víctimas y de quienes aparecen como investigados de otros delitos de los que van a seguir conociendo los juzgados de instrucción".

"Lo que no resulta admisible, de ningún modo, es que para dar solución a la nueva atribución de competencias a los juzgados de violencia sobre la mujer y tratar de paliar el incremento en la carga de trabajo de estos órganos especializados, se perjudique la buena marcha de los juzgados de instrucción; no es asumible que los juzgados que ahora funcionan bien, empiecen a funcionar mal", añaden.

Apuntan que "la eficiencia del servicio público de Justicia que, según se afirma por el legislador, es el objetivo de la LO1/2025, y por tanto, a su juicio, "no puede causar el efecto contrario al pretendido y, perjudicar, en definitiva, el funcionamiento ordinario de todos los órganos jurisdiccionales, también el de aquellos que a día de la fecha presentan unos resultados aceptables en términos de eficiencia".

"Se trata de mejorar aquellos órganos judiciales que a día de hoy padezcan deficiencias y hacerlo sin perjudicar y estropear lo que hasta ahora funciona", concluyen.