El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para respaldar en su próxima sesión plenaria la propuesta del magistrado progresista Ramón Sáez, que sugiere aceptar el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este recurso impugna parte de la modificación realizada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a la ley contra la "LGTBIfobia", según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press.
En la agenda del Pleno del TC, programado para el martes, figura el recurso de Sánchez contra el apartado catorce ter del artículo único de la Ley 18/2023, del 27 de diciembre, que modifica la Ley 3/2016, del 22 de julio, de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid.
Este apartado especifica quiénes tienen el derecho de actuar como interesados en el procedimiento administrativo para la "la protección frente a cualquier violación del derecho de igualdad de las personas LGTBI". Está destinado a garantizar "la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el cese inmediato en la conducta discriminatoria, prevención de violaciones inminentes o ulteriores, indemnización de daños y perjuicios y restablecimiento pleno de la persona perjudicada en el ejercicio de sus derechos".
La ley original, que fue firmada por la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes, otorgaba la condición de interesados a "quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos".
En el caso de "las asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI y aquellas que tengan por objeto la defensa y promoción de los Derechos Humanos", establecía que serán "titulares de intereses legítimos colectivos", precisando que "estas últimas en caso de representar a una víctima o perjudicado en particular deberán contar con su permiso explícito".
Además, reconocía como interesados a "los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte".
La reforma realizada por el Gobierno de Díaz Ayuso incluyó una cláusula adicional que establece que lo mencionado sobre "las asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI y aquellas que tengan por objeto la defensa y promoción de los Derechos Humanos", "no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores".
El TC había informado previamente que el Ejecutivo de Moncloa recurrió esta modificación, argumentando que "podría ser contrario a las competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal y sobre procedimiento administrativo común".
La corte de garantías ya suspendió la vigencia del artículo impugnado el pasado julio y, según las fuentes consultadas, está dispuesto a aceptar el recurso de Sánchez tal como propone la ponencia de Sáez, anticipando un respaldo mayoritario en el Pleno.
Los recursos de Dolores Delgado
En la misma sesión plenaria, el TC revisará también el recurso presentado por la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, contra la anulación de su nombramiento como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos por parte del Tribunal Supremo (TS).
En enero, el Constitucional ya había accedido a examinar el recurso de Delgado contra la sentencia que invalidó su designación anterior como fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, considerando que había existido una "desviación de poder" por parte del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se ha abstenido de participar en estos recursos de amparo, así como en los presentados por Eduardo Esteban Rincón, cuyo nombramiento como fiscal de sala de menores también fue anulado en dos ocasiones por el TS, debido a que fue fiscal general del Estado y superior jerárquico de ambos.
