El Consejo de Gobierno decidió este martes comenzar los trámites para impugnar ante el Tribunal Constitucional el Decreto ley 2/2025, que se refiere al reparto de menores extranjeros no acompañados bajo la tutela de Canarias.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha argumentado que la norma presenta una invasión de competencias. En sus palabras, "ese acuerdo entre el señor Pedro Sánchez y el señor Puigdemont no solo podría ir contra la Constitución, sino también contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía".
El Consejo de Gobierno ha mandado a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que inicie los trámites previos para presentar un recurso de inconstitucionalidad, teniendo un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto, que comenzó a contar el 20 de marzo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Andalucía recibiría cerca de 800 menores
La Junta de Andalucía argumenta que busca "defender la independencia competencial de Andalucía", así como "la igualdad de trato entre comunidades autónomas", además de esgrimir del objeto de esa iniciativa sería "la dignidad de las personas" y con ello que los menores no acompañados "no sean tratados como mercancías".
El Gobierno solicita "una atención de calidad y no en precario" para los menores extrajeros, planteamiento que se traduce en que el reparto establecido, que recrimina sea fruto de un acuerdo entre el Gobierno y un partido catalán, "no puede ser impuesto y sin financiación adecuada", así como ha remarcado el dato de la infrafinanciación anual de Andalucía sobre la media de las comunidades autónomas, que sitúa en 1.500 millones de euros.
España ha enfatizado que de los 4.400 menores que se redistribuirán entre las comunidades autónomas, "solo 26 acabarían en Cataluña", para remarcar aquí el agravio comparativo por cuanto a Andalucía se estima que llegarían cerca de 800.
"Estamos viendo que la financiación no llega, que la financiación brilla por su ausencia", ha afirmado la consejera y portavoz, quien también recordó que en 2024 se atendieron a 2.615 menores migrantes en Andalucía.
"Los repartos no son solidarios"
"Nuestros recursos están ya al 96%", ha advertido en ese sentido España para subrayar con ese dato que la capacidad para atender a los menores se encuentra cerca de su límite, además de que ha blandido otro episodio anterior, como que el Gobierno "nos ha colado, ha metido por la puerta de atrás a 634 niños menores bajo la apariencia de mayoría de edad".
La consejera y portavoz ha señalado que la actuación del Gobierno "no es seria", añadiendo que se trata de una Administración "que se denomina progresista" y ha subrayado entonces que "los repartos no son solidarios", además de que "se hacen con una fuerza política como es Junts" y "no se acuerda con las comunidades".
España ha destacado que el mismo día del acuerdo del Gobierno con Junts se celebraba la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, y que "el Ministerio en ningún momento comunicó este reparto", por lo que ha planteado que "se produce un desequilibrio" en cómo se hace y ha reclamado entonces que "no se puede ni se debe poner el riesgo el sistema".
"Esta distribución colapsa el sistema, revienta el sistema y lo que sí podemos decir es que estamos al límite", ha subrayado España, antes de volver a plantear que "el Gobierno de España envía a los menores, pero no envía la financiación correspondiente".
