El melón de los mutualistas y su guerra por conseguir una jubilación digna llega a los círculos de la Unión Europea. Las instituciones europeas se implicarán en el problema de los mutualistas españoles que recibirán una pensión insuficiente cuando se jubilen, tras ser admitida a trámite la petición formulada por la Abogacía Española, el pasado mes de noviembre, según han informado este jueves fuentes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). 

Así, la Comisión Europea se hará cargo del asunto e iniciará una investigación preliminar para estudiar el caso de los mutualistas. El presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzonca, informó al CGAE que el asunto “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. 

La respuesta de la UE llega tras la petición formulada por la Abogacía Española. Salvador González, presidente del CGAE, se desplazó a Bruselas en noviembre para pedirle al Parlamento Europeo que instara al Gobierno de España a solucionar el problema de las pensiones de los mutualistas.

Ahoras se abren diferentes escenarios que dependerán tanto del resultado de las pesquisas que se lleven a cabo desde Bruselas como de la acción de los diferentes grupos parlamentarios que integran la aludida comisión.

Tras recibir la carta de eurodiputado Rzonca, Salvador González ha expresado su satisfacción por la receptividad que ha mostrado el Parlamento Europeo a un problema que está en la raíz de los valores de la Unión.

“Recibir una pensión digna tras la jubilación no es sólo un derecho recogido en nuestra Constitución, sino uno de los pilares del estado del bienestar que los europeos llevamos décadas construyendo juntos. Creo que el Parlamento así lo ha entendido tras examinar a fondo nuestra petición”, ha manifestado.

González responderá al presidente de la Comisión de Peticiones agradeciendo la decisión comunicada y pidiendo expresamente que cualquier indagación sobre la situación del problema en España pase necesariamente por recabar la opinión de las plataformas de afectados.

El escrito formulado por la Abogacía Española se ampara en la Carta Social Europea, donde se contempla de forma explícita el derecho a una pensión digna de todos los trabajadores.