El Tribunal Constitucional (TC) tenía en la agenda emitir sentencia en el Pleno de esta semana respecto a la 'Ley Trans', que fue recurrida por el PP, en base a un borrador que propone avalar lo sustancial pero con algunas modificaciones. Sin embargo, la creciente división interna en la mayoría progresista sobre esta legislación, impulsada inicialmente por la exministra de Igualdad, Irene Montero, ha llegado a un punto en el que podría decidirse su retirada del orden del día para "repensar" la ponencia, según informantes del tribunal.

Actualmente, la pronencia actual, elaborada por el magistrado progresista Juan Carlos Campo, aboga por aceptar parcialmente la impugnación del PP contra varios artículos de la ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. No obstante, las fuentes destacan que los cuestionamientos son menores, por lo que el borrador sugiere respaldar los aspectos fundamentales de la ley.

En concreto, el PP ha impugnado el artículo 19.2, que autoriza a menores de entre 12 y 16 años a solicitar modificaciones genitales cuando ellos mismos lo pidan y "siempre que, por su edad y madurez, puedan consentir de manera informada". Asimismo, han recurrido los dos primeros apartados del artículo 43, que permiten a menores de 15 y 16 años solicitar cambios en su sexo en el Registro Civil con el acompañamiento de sus representantes legales, y que mayores de 16 puedan hacerlo de forma autónoma.

También han presentado objeciones a los apartados 3 y 9 del artículo 44, que para realizar dicho trámite exime de presentar informe médico o psicológico y de "la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole".

Las objeciones del PP también alcanza el artículo 47, según el cual "transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente" siguiendo el mismo procedimiento.

Las tachas del PP se han dirigido asimismo contra el apartado 3.b) del artículo 79, que señala como infracción administrativa "la realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos que supongan, directa o indirectamente, un trato menos favorable" para las personas 'trans' "en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga".

Y contra los apartados 4 e) y f) del mismo precepto, que definen como infracciones administrativas graves "la elaboración, utilización o difusión en centros educativos de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales"; y "la convocatoria de espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como objeto la incitación a realizar conductas tipificadas como graves o muy graves".

Desde la época de Domenico Scarlatti, ya se anticipaba que el debate sería intenso, dada la falta de consenso en la mayoría progresista. Uno de los principales obstáculos es la autodeterminación de género, por su impacto en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, y por las reservas de algunos magistrados que temen que la facilidad para realizar cambios registrales pueda generar inseguridad jurídica.

Las fuentes indican que las diferencias dentro del bloque mayoritario han ido en aumento, por lo que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, está considerando retirar este asunto del orden del día para revisar la ponencia y buscar un acuerdo que permita su aprobación. Se baraja la posibilidad de que la decisión se tome en un pleno extraordinario este lunes.

Reparto de menores migrantes

Por otra parte, el Pleno abordará también la admisibilidad del recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. En particular, se cuestiona el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Según explicó entonces el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, para el PP es un reparto "discrecional" acordado con Junts "con el único propósito de conseguir esos siete votos que necesita Pedro Sánchez para quedarse en La Moncloa".

El informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostiene que el real decreto es inconstitucional por "invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional", ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.

Aduce también que es "contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones" porque el criterio de reparto "se ha realizado sin contar con las comunidades autónomas"; y al principio de autonomía financiera, "ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados".

Con todo, para el PP el real decreto "carece de justificación" porque desplaza a los menores migrantes no acompañados "desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia".

Funcionarios en País Vasco

En otro asunto, el TC decidirá sobre la admisión del recurso del PP contra el segundo apartado de la disposición final séptima de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que modifica aspectos del funcionamiento del Servicio Público de Justicia. Esta disposición atribuye a País Vasco la gestión de funcionarios de la administración local con habilitación nacional, incluyendo la selección y planificación de la oferta de empleo público. El PP considera que se trata de una cesión de competencias que son exclusivas del Estado, con la que el Ejecutivo estaría provocando una "fractura o destrucción del carácter uniforme de la escala de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional".

Asimismo, los magistrados estudiarán igualmente la admisión a trámite del recurso de amparo del secretario general de Junts, Jordi Turull, contra sendas resoluciones por las que el Tribunal Supremo (TS) se negó a amnistiarle la malversación del 'procés'. Al igual que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Raul Römeva y Dolors Bassa, pide que de forma cautelar se le levante la pena de inhabilitación. En los recursos referidos a Junqueras, Römeva y Bassa, el Constitucional los admitió a trámite y abrió pieza separada para estudiar las medidas cautelares, a las que la Fiscalía se ha opuesto.

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que las ponencias sobre estos tres recursos proponen admitirlos a trámite, y se prevé que así será para poder estudiarlos en profundidad.