El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un nuevo proyecto de ley que contempla la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, sin que ello implique pérdida salarial.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el texto será presentado en el Congreso. El Ejecutivo confía en contar con los apoyos necesarios para su aprobación, aunque enfrenta una enmienda a la totalidad por parte de Junts y ciertas reticencias del Partido Popular.

La decisión del Gobierno de respaldar esta reducción horaria, acordada previamente con CCOO y UGT y en desacuerdo con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, llega más de dos meses después de que el anteproyecto de ley fuera sometido a consideración, tras recibir informes favorables del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).

12,5 millones se beneficiarán

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, la vicepresidenta Yolanda Díaz resaltó que aproximadamente 12,5 millones de empleados asalariados se beneficiarán de esta medida una vez se implemente, de los cuales 6,8 millones son hombres y 5,7 millones, mujeres. Díaz también subrayó que los colectivos más afectados serán los trabajadores sin convenio colectivo, que en algunos sectores y regiones, como hostelería, comercio, agricultura y servicios, aún mantienen jornadas de 40 horas o más.

De acuerdo con la ministra, de los potenciales beneficiarios, 10,5 millones trabajan a tiempo completo, mientras que algo más de dos millones lo hacen a tiempo parcial. Además, puntualizó que las comunidades autónomas que más aprovecharán esta reforma serán Andalucía, Madrid y Cataluña.

«Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz. (…) El Gobierno de España es un Gobierno que sabe muy bien a quién representa, es el Gobierno de los trabajadores en nuestro país. Hoy hemos aprobado definitivamente una norma que cambia la vida de la gente», ha afirmado Díaz.

Asimismo, la vicepresidenta destacó que el Ejecutivo «ha cumplido» con esta normativa, que asegura no tendrá marcha atrás, y que ahora llega a las instituciones democráticas. Cuestionó a la oposición, en particular al PP, sobre qué decidirá en el Congreso: si bloquear la ley o facilitar su aprobación en beneficio de los trabajadores.

El origen de esta reducción de jornada se remonta a un acuerdo firmado en diciembre pasado entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, excluyendo a CEOE y Cepyme, las cuales consideran que las condiciones laborales deben negociarse colectivamente.

Dificultades en la aprobación

Tras la aprobación en el Consejo, la ley llegará al Congreso, donde la oposición no facilitará un camino sencillo. La coalición Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, dificultando su aprobación.

Díaz ha interpelado públicamente al PP preguntando qué postura adoptarán en la Cámara Baja, que cuenta con 137 diputados de esta formación.

«Más allá de los discursos, sabiendo que esta norma tiene poderosos, no solo combatientes, sino adversarios, creo que va a abrir un debate de país que va a ser clave. ¿Para qué estamos en el Congreso de los Diputados? ¿A quién representamos? ¿A quién nos dirigimos? ¿Para quién estamos trabajando? El Gobierno de España lo tiene claro. Nos debemos a nuestro país. (…) El PP tiene la oportunidad de hablarle a España y decirle si lo que le preocupa es golpear al Gobierno de España de una manera fallida o cambiar la vida de la gente», ha señalado.

Registro horario y control digital

Para el Ministerio de Trabajo, la medida más trascendente no es solo la reducción de horas, sino la reforma del control horario, que deberá implementarse en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

Este sistema será digital, interoperable y permitirá a la Inspección de Trabajo verificar en tiempo real las jornadas de cada empleado. La finalidad es que el registro sea «objetivo, fiable y accesible», exigiendo que los empleados realicen los registros de forma personal y en el momento de inicio y fin de su jornada, sin que la empresa pueda manipularlos.

Será obligatorio identificar claramente a la persona que realiza el registro, garantizando la autenticidad de los datos, los cuales deberán ser accesibles de inmediato a los trabajadores, sus representantes y la inspección, en formatos legibles y compatibles, tanto en el centro de trabajo como en remoto. Los registros deberán conservarse durante cuatro años, disponibles para inspecciones y consultas.

El proyecto también incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital, protegiendo a los empleados de responder a correos o llamadas fuera del horario laboral.

El Gobierno pretende que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuanto antes, para que las empresas tengan un período de adaptación. Los convenios colectivos que actualmente superen las 37,5 horas semanales en promedio tendrán hasta el 31 de diciembre para ajustarse a la nueva normativa.

Sanciones reforzadas: multas de hasta 10.000 euros

El texto también prevé sanciones elevadas para quienes incumplan las nuevas disposiciones: multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado en caso de infracciones relacionadas con el registro horario y la jornada máxima.

Estas multas, que se incrementan respecto a las actuales (que alcanzan un máximo de 7.500 euros), se aplicarán de manera individualizada por cada trabajador afectado. Las infracciones en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, descansos y permisos podrán ser sancionadas con multas que van desde 1.000 hasta 10.000 euros, dependiendo de la gravedad.

De esta manera, la infracción de las normas y límites establecidos en aspectos como la jornada laboral, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de la jornada y, en general, el tiempo dedicado al trabajo, será sancionada con multas que varían según la gravedad: en su nivel más bajo, de 1.000 a 2.000 euros; en un nivel medio, de 2.001 a 5.000 euros; y en su nivel más alto, de 5.001 a 10.000 euros.