El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene programada una sesión plenaria para este miércoles en la que, por tercera vez, se abordará el proceso de designación de dos cargos fundamentales en el Tribunal Supremo (TS): las presidencias de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo. Sin embargo, las perspectivas de lograr un acuerdo son "muy pocas", ya que los bloques progresista y conservador siguen aferrados a sus candidatos, según informan fuentes del órgano judicial.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, volvió a plantear el tema tras haber dado un plazo final a los 20 vocales —diez progresistas y otros tantos conservadores— para alcanzar un consenso en mayo, advirtiendo que estos nombramientos no pueden quedar pendientes 'sine die'.

Desde la convocatoria de las vacantes, el pasado 9 de octubre, los avances han sido mínimos. Los vocales de orientación progresista apoyan las candidaturas de Ana Ferrer y Pilar Teso, mientras que los conservadores respaldan a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente, para liderar las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo.

Bloques divididos

Desde el sector conservador, se resaltan las cualidades y la experiencia de Martínez Arrieta y Lucas, quienes ya ejercen interinamente como presidentes y están próximos a la jubilación. Argumentan que su nombramiento sería el cierre lógico de su carrera profesional, un motivo que ha llevado a otros magistrados a abstenerse de postularse, "por respeto".

Por su parte, los progresistas consideran que los cuatro candidatos reúnen las condiciones necesarias y que todos cuentan con el respaldo del Tribunal Supremo. Además, defienden que las plazas deben asignarse en función del proyecto de cada sala y del tiempo que los nuevos presidentes puedan dedicar a su labor, lo cual favorece a Ferrer y Teso, quienes dispondrían de un mandato completo de cinco años.

Ambos bandos se acusan mutuamente de obstaculizar las negociaciones. Entre los obstáculos principales, se encuentran la oposición definitiva de los conservadores a Ferrer, a la que consideran "la candidata de Cándido Conde-Pumpido"; la "inadversión" de Perelló a Teso, que no la bloquea pero sí dificulta su candidatura; y la interpretación de la regla de paridad, que los conservadores aplican a toda la carrera judicial, mientras que los progresistas quieren que se respete en cada plaza para favorecer a las mujeres.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, resulta "complicado" alcanzar un acuerdo en esta sesión plenaria, que probablemente sirva solamente para iniciar el proceso con una primera votación, aunque esta pueda ser fallida. Si se llega a una tercera votación, el proceso podría reiniciarse, permitiendo la participación de otros candidatos.

Existe cierta discrepancia respecto a cómo proceder en caso de votación, ya que aunque el artículo 44 del Reglamento del CGPJ establece que en estas situaciones se siga una cierta "hoja de ruta", en casos de votaciones que requieran mayoría cualificada, el reglamento deja en manos del Pleno decidir cómo actuar, por lo que este punto también se debatirá este miércoles.

Dos retiradas a tiempo

Es la tercera vez que Perelló presenta esta cuestión en un Pleno. La primera fue el 26 de febrero, cuando logró que los vocales designaran, entre otros, al conservador Ignacio Sancho para presidir la Sala de lo Civil del TS, y a la progresista Concepción Ureste para la Sala de lo Social, en reemplazo de la candidatura conservadora Juan Molins. Sin embargo, en esa ocasión, tuvo que retirar del orden del día otras dos plazas.

En esa misma sesión, algunos miembros del bloque progresista advirtieron que separar las presidencias de las salas Primera y Cuarta del resto de las vacantes era un error, ya que en las otras salas (Segunda y Tercera), los candidatos conservadores ya ejercían interinamente, lo que reducía la motivación del sector conservador para cambiar esa situación.

El 1 de abril, Perelló intentó por segunda vez abordar el asunto, pero ante la falta de avances, decidió retirar la propuesta y centrarse en otros 18 nombramientos discrecionales, incluyendo las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Asturias y Murcia.

Estas salas son estratégicas: la de lo Penal, encargada de investigar y juzgar a aforados, incluyendo miembros del Gobierno, senadores y diputados, y la de lo Contencioso-Administrativo, que revisa la legalidad de las acciones del Ejecutivo mediante recursos legales.

Cabe recordar que para estos nombramientos, que requieren al menos 13 apoyos, el acuerdo entre igualdad de bloques (diez vocales progresistas y diez conservadores) es imprescindible, lo que subraya la dificultad de conseguir consenso en un contexto de fuerte polarización.