La Comisión Europea ha comunicado hoy que presentará una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a que no ha proporcionado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la autoridad adecuada para hacer cumplir la nueva Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la cual establece las normativas más estrictas para las grandes plataformas digitales.
Desde Bruselas reconocen que España ha cumplido con la tarea de nombrar a su coordinador de servicios digitales, pero acusan que no le ha otorgado las competencias necesarias para ejecutar las nuevas funciones exigidas por el reglamento europeo, a pesar de que esto era un requisito establecido para todos los Estados miembros desde febrero del año pasado.
Coordinadores "esenciales"
El Ejecutivo comunitario destaca que estos coordinadores son "esenciales" para supervisar y garantizar la aplicación uniforme de la DSA en toda la Unión Europea, además de recordar que los gobiernos deben definir claramente las sanciones por las infracciones a la ley europea.
El marco establecido busca evitar prácticas abusivas por parte de las grandes empresas en línea, y establece que, a más tardar el 17 de febrero de 2024, las autoridades nacionales debían haber designado y dotado de autoridad a un coordinador de servicios digitales responsable de supervisar el cumplimiento de las nuevas normas en su territorio.
El asunto con España se remonta a julio del año pasado, cuando la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción por la no transposición correcta de la DSA en el plazo establecido. Posteriormente, en diciembre, envió un dictamen motivado, segunda fase en el proceso sancionador, reiterando el incumplimiento y concediendo a las autoridades españolas un período adicional de dos meses para regularizar la situación.
"Dado que no se han adoptado las medidas necesarias, la Comisión ha decidido llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", indicaron los servicios comunitarios en un comunicado. Además de España, Bruselas también ha elevado ante el tribunal los retrasos en la implementación de la DSA por parte de República Checa, Chipre, Polonia y Portugal.
