El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado una proposición no de ley con el objetivo de asegurar que los fondos depositados para cumplir con resoluciones judiciales firmes puedan ser utilizados en un tiempo razonable, ante la problemática de fondos retenidos en cuentas de consignación judicial sin justificación válida, según informó la institución en un comunicado oficial.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, formalizó esta propuesta este martes en el Congreso y también la envió a los diferentes grupos parlamentarios con la petición de que la respalden y la integren en su trámite legislativo.

Desde el Colegio, explican que la iniciativa surge de “una preocupación creciente por la persistencia de fondos que permanecen bloqueados en las cuentas de consignación judicial pese a existir una sentencia firme”.

De acuerdo con datos recientes, “más de 4.800 millones de euros se encuentran actualmente inmovilizados en dichas cuentas, impidiendo a particulares y empresas disponer de indemnizaciones, pensiones alimenticias, costas procesales u otras compensaciones reconocidas judicialmente”.

Principio de tutela judicial efectiva

El ICAM advierte que esta situación “afecta gravemente al principio de tutela judicial efectiva y genera un perjuicio directo a los derechos patrimoniales de los ciudadanos”.

“La justicia no puede considerarse plenamente garantizada si, tras una sentencia firme, los ciudadanos deben esperar meses o años para ver satisfecho lo que legalmente les corresponde”, señala la exposición de motivos de la propuesta presentada por la organización.

En una carta dirigida a los portavoces parlamentarios, Ribón destaca que “los fondos destinados al cumplimiento de resoluciones judiciales permanecen retenidos o paralizados en las cuentas de consignación judicial sin causa justificada”.

“Esta situación no solo vulnera los derechos de los afectados, sino que además erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia”, añade el documento.

En este sentido, el decano aboga por una regulación específica que fortalezca las garantías durante la proceso de ejecución y devuelva a los ciudadanos el control efectivo sobre los derechos que han sido reconocidos judicialmente.

Intereses compensatorios

La propuesta contempla la creación de un marco normativo que asegure la disponibilidad de los fondos para su ejecución en un plazo razonable.

Asimismo, exige el reconocimiento del derecho de los beneficiarios a recibir intereses compensatorios en caso de retrasos no imputables a ellos, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial.

“No se puede permitir que los fondos destinados a cumplir con resoluciones firmes estén paralizados sin consecuencias ni compensación para sus legítimos beneficiarios”, indica la iniciativa, recordando que este tipo de compensaciones ya están establecidas en otros ámbitos como el tributario o el mercantil.

Desde el ICAM consideran que la reforma debe incluir un sistema de cálculo automático para estos intereses y una supervisión eficaz de la ejecución, especialmente cuando el responsable del pago es una administración pública o una entidad que recibe fondos públicos.