La Asociación de Fiscales (AF), que representa la mayor parte de la carrera fiscal, ha expresado que la reforma de la Fiscalía aprobada este martes por el Consejo de Ministros no es más que "una operación más de maquillaje de cara al exterior" que no busca fortalecer la institución en sí, sino la figura del jefe del Ministerio Público, a quien -advierte- se le confiere un poder adicional sin los adecuados controles.

Cristina Dexeus, presidenta de la AF, manifestó a Europa Press después de que este martes se diera a conocer que el Consejo de Ministros aprobaría una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para "reforzar la independencia" de la Fiscalía y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.

Dexeus calificó la iniciativa como "una operación más de maquillaje de cara al exterior, que no refuerza a la institución como tal, sino a la figura del fiscal general del Estado". Y defiende que "no es una reforma de calado para el funcionamiento interno de los fiscales".

"Tiene muy pocas aspiraciones, es muy poco ambiciosa, muy decepcionante", sostiene Dexeus, al tiempo que incide en que no se modifica ni la estructura ni la organización interna de la Fiscalía.

La AF denuncia ausencia de contrapesos al fiscal general 

Para la AF, el texto "no crea verdaderos sistemas de contrapeso dentro de la institución ante el poder absoluto del fiscal general del Estado". "Se olvida al Consejo Fiscal, en lugar de darle preponderancia (...) atribuyéndole mayores funciones de contrapeso al poder del fiscal general", añade. Y reprocha que se "refuerza mucho" la figura del jefe del Ministerio Público y se "difuminan los controles al máximo".

Respecto a la reforma que permite a la Junta de Fiscales de Sala imponer su criterio al del fiscal general si cuenta con una mayoría calificada de tres quintas partes, Dexeus señala que dicho órgano "está ahora con sobrerrepresentación de la Unión Progresista de Fiscales", de la cual era miembro el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Ante el eventual cambio que dejará las investigaciones penales en manos de los fiscales, Dexeus afea que no se impulse un "sistema de discrepancia clara" ni se genere "un sistema de defensa del fiscal investigador o de verdaderas y reales garantías" para que éste lleve a cabo su labor.

La presidenta de la AF también se muestra preocupada ante el hecho de que los nombramientos discrecionales que antes proponía el fiscal general y aprobaba el Consejo de Ministros sean ahora competencia del jefe del Ministerio Público.

No obstante, reconoce que "en algunos aspectos" la reforma "se aproxima a los estándares que vienen reclamando desde el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), desde la Comisión Europea", tanto en relación al mandato del fiscal general y como respecto a sus comunicaciones con el Gobierno.

La APIF opina que se fortalece a García Ortiz

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) lamenta que el Gobierno no aprovechara la oportunidad para "iniciar los trámites para remover (cesar) al fiscal general por incumplimiento grave de sus funciones". La APIF también ejerce la acusación popular en la causa contra García Ortiz por presunta revelación de secretos.

Miguel Pallarés, representante de la APIF, declaró a esta agencia que la reforma "blinda" al fiscal general en su cargo, ya que no se modificará el Estatuto para incluir como causa de cese "inmediato" que sea investigado por el Tribunal Supremo. "El Gobierno pretende, con la reforma, dejar en su cargo a su actual fiscal general, para el caso de que pierda unas posibles elecciones generales", asegura.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma entrará en vigor en enero de 2028, y aclaró que el texto no afectará al fiscal general actual, sino al que sea designado por el próximo Ejecutivo en 2027.

La APM, preocupada por la dilución de la investigación

Las asociaciones de jueces también han reaccionado ante el anteproyecto, ya que consideran que representa un paso previo hacia la implantación de un sistema que les quita la instrucción de las investigaciones penales para entregársela a los fiscales.

María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asegura en declaraciones a Europa Press que "lo único" que destacaría como "positivo" de esta reforma es que se desvincula el periodo del mandato del fiscal general de la legislatura.

Señala que "esta reforma, más que fortalecer a la institución, lo que fortalece es al fiscal general del Estado". Y afea que el anteproyecto "disminuya" las funciones del Consejo Fiscal.

Además, indica que -aunque "desde el minuto uno" está "en contra" de dejar la instrucción en manos de los fiscales- ahora le "asusta" que "el fiscal jefe pueda nombrar o quitar al fiscal encargado de una instrucción". Así, recuerda que en el caso de los jueces cuando se reparten los asuntos existe el derecho al juez legal predeterminado.

Apunta también que ello "va a complicar más esos casos en los que el fiscal se opone a la instrucción que le da su superior" a la hora de llevar una investigación.

Optimismo entre algunos jueces

Desde otra perspectiva, Edmundo Rodríguez, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), valoró positivamente la reforma, ya que consideró que eliminar que el mandato del fiscal general coincida con el del Gobierno era "una petición constante" del GRECO y "se ha atendido de forma razonable".

Destacó además que establecer que las comunicaciones entre la Fiscalía y el Gobierno sean siempre por escrito "aporta transparencia", lo cual es "esencial para la imagen de ambas instituciones".

Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), también opinó que la reforma es un paso "absolutamente indispensable" para que los fiscales puedan instruir. Sin embargo, calificó de "sorprendente y paradójico" que el Gobierno pretenda cumplir con las recomendaciones del GRECO en esta materia y aún no haya atendido las sugerencias para modificar el modelo de elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Mayor autonomía, pero sin plena independencia

Por último, tras conocer las primeras informaciones, Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente (FJI), comentó a esta agencia que la iniciativa "parece" ir en la dirección correcta.

"Es evidente que para pasar la instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal son necesarias reformas de calado, al menos en el Estatuto Orgánico, que doten de mayor autonomía (ya que independencia no puede ser) a los fiscales", señala. Y, sobre este extremo, Portillo recuerda que en el actual Estatuto de la Fiscalía "prima la dependencia jerárquica por encima de la autonomía de funcionamiento".

Finalmente, Félix Marín, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), afirmó que realizarán "un estudio en detalle y profundidad" y advirtió que, en esta etapa inicial del proceso legislativo, estarán "muy atentos" a cómo evoluciona el texto.

"La defensa de la autonomía presupuestaria y de la autonomía formativa son las signaturas pendientes de esta ley y complementos imprescindibles e irrenunciables para los fiscales. Sin la atribución de estas dos dimensiones, no habrá verdadera y plena autonomía. Así lo seguiremos defendiendo en todos los foros, ante todas las instancias y con todas nuestras fuerzas", concluyó.